La presentación formal esta semana por parte de Estados Unidos de su objetivo climático previsto para después de 2020 plantea varias preguntas para las conversaciones climáticas globales de este año.
¿Qué ambición tienen los objetivos? ¿Puede cumplirlos el Gobierno estadounidense? ¿Qué repercusiones podría tener esto de cara a las cruciales negociaciones de París de diciembre, en las que se intentará acordar un nuevo pacto climático internacional? ¿Y qué implicaciones tiene para Australia?
¿Puede cumplir Estados Unidos?
Conforme al acuerdo alcanzado en las negociaciones climáticas de Lima el pasado diciembre, todos los países presentarán, a más tardar en noviembre de este año y preferiblemente antes, sus objetivos propuestos para después de 2020 y sus planes de acción climática.
La Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático analizará en qué medida se ajustan los compromisos, que formarán parte de las negociaciones de París. Estados Unidos es ahora uno de los 34 Gobiernos (los 28 países de la Unión Europea, además de EE. UU., Rusia, Noruega, Suiza, México y Gabón) que han presentado su propuesta de acción.
Estados Unidos se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto de los niveles de 2005 para 2025. Brian Deese, asesor sénior de la Casa Blanca, dijo a los periodistas durante una teleconferencia el 31 de marzo que esto sitúa a EE. UU. en la senda para reducir las emisiones «en torno a un 80 % para 2050», y afirmó:
El trabajo de la Administración en materia climática contribuirá a alcanzar el objetivo ambicioso, pero viable, que hemos presentado hoy. Tenemos las herramientas necesarias para cumplir este objetivo y tomar medidas contra la contaminación. Y sabemos que esto es bueno para nuestra economía, nuestra salud y nuestro futuro.
Para uno de los principales países contaminantes, este es un compromiso sustancial. Probablemente sea necesario reforzarlo para garantizar que Estados Unidos aporte la parte que le corresponde de las medidas necesarias para mantener el calentamiento global dentro del límite de 2 °C acordado internacionalmente. Esta cuestión requerirá nuevos análisis.
Las negociaciones climáticas cobraron un impulso considerable el pasado noviembre, cuando el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo chino Xi Jinping pidieron conjuntamente un resultado ambicioso en París y comprometieron a sus países a actuar. La propuesta de EE. UU. es coherente con ese anuncio y seguirá impulsando resultados sólidos en París.
El presidente Obama está siguiendo la vía jurídica de regular las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la Agencia de Protección Ambiental en virtud de la Ley de Aire Limpio. Esta vía regulatoria conforme a la Ley de Aire Limpio ha sido examinada y aprobada por el Tribunal Supremo de EE. UU.
Es improbable que futuras Administraciones o el Congreso revoquen este enfoque: la Ley de Aire Limpio existe desde la Administración de Nixon, y tanto la ley como la mayoría de sus reglamentos, una vez establecidos, han resistido el paso del tiempo.
¿Qué significa esto para Australia?
Si se comparara directamente con el compromiso de EE. UU., podría sostenerse que Australia debería presentar un objetivo de reducción de emisiones del 26-28 % para 2025 tomando como referencia 2005. Sin embargo, el Gobierno australiano utiliza una base distinta: el año 2000.
La Autoridad sobre el Cambio Climático del Gobierno ha recomendado que Australia reduzca las emisiones entre un 30 y un 40 % para 2025 con respecto a esta base de 2000.
El objetivo de reducción de emisiones de EE. UU. concuerda en términos generales con su compromiso internacional vigente, incluido en los Acuerdos climáticos de Cancún de 2010.
En este acuerdo internacional vigente, EE. UU. se ha comprometido a reducir las emisiones un 17 % para 2020 respecto de una base de 2005, siguiendo una trayectoria que supondría una reducción del 30 % para 2025.
Hay un punto importante aquí. En virtud del Acuerdo de Cancún, los compromisos internacionales de Australia consisten en reducir las emisiones entre un 5 y un 25 % para 2020 respecto de una base de 2000, en función de las medidas que adopten otros países.
Un análisis independiente de la Autoridad sobre el Cambio Climático del año pasado señala que las medidas actuales de otros Gobiernos implican que nuestro objetivo para 2020 debería rondar el 15 %. Curiosamente, el documento de consulta del Gobierno australiano sobre la reducción de emisiones, publicado el pasado fin de semana, afirma de forma bastante tajante e inexacta que el objetivo actual para 2020 es apenas del 5 %.
Esto será una novedad para EE. UU. y la comunidad internacional, que esperarán que Australia sea coherente con sus compromisos climáticos internacionales vigentes y los tome como punto de partida para su objetivo posterior a 2020. Sería justo que la comunidad internacional le pidiera ahora mismo a Australia una explicación contundente.
Con el anterior acuerdo climático internacional, el Protocolo de Kioto, el Gobierno australiano de entonces pudo escudarse en la inacción de EE. UU. frente al cambio climático para justificar que no ratificara ese acuerdo, hasta que los votantes australianos cambiaron el Gobierno.
Ahora que hay sobre la mesa un objetivo sólido de reducción de emisiones de EE. UU. para después de 2020, Australia no debería ni podrá escudarse en la inacción estadounidense frente al cambio climático.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el artículo original. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Don Henry es investigador de políticas públicas del Melbourne Sustainable Society Institute de la Universidad de Melbourne.
Imagen: Una gran nube se cierne sobre el horizonte de San Francisco. REUTERS/Robert Galbraith.
