Una palabra destacó por su ausencia en los comunicados sobre comercio publicados tras tres reuniones celebradas este año por los responsables de las finanzas mundiales.
Los ministros de Finanzas del G20, el Comité Monetario y Financiero Internacional y los ministros de Finanzas del G7 utilizaron la misma frase al hablar de comercio: «Trabajamos para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías».
Sin embargo, cuando se trató de oponerse al proteccionismo o defender un sistema comercial basado en normas, reinó el silencio.
Nunca habíamos visto tanta parquedad al hablar del proteccionismo en la historia del G20. En la cumbre de Pittsburgh de 2009, los líderes del grupo declararon que la «responsabilidad de rechazar el proteccionismo en todas sus formas» era uno de sus «valores fundamentales».
Sin embargo, en la próxima cumbre de líderes del G20 en Hamburgo, el proteccionismo podría volver a ocupar un lugar destacado. Los líderes del G20 quizá quieran prestar más atención a la protección de un orden mundial abierto y basado en normas para el comercio y la inversión, sin el cual nadie saldría ganando.
Seamos claros: dejar de utilizar el lenguaje de la oposición al proteccionismo no es necesariamente un problema en sí mismo. En un blog previo a Davos a principios de este año, de hecho sugerí que emplear el lenguaje de rechazar el proteccionismo en todas sus formas es jurídicamente inexacto y políticamente engañoso.
Desde el punto de vista jurídico, no existe una definición consensuada de lo que realmente es el proteccionismo. ¿Significa únicamente medidas ilegales que restringen el comercio, o se refiere tanto a medidas legales como ilegales, siempre que restrinjan el comercio de una forma que discrimine a los competidores extranjeros? Como señaló un estudio del Parlamento Europeo de 2015: «Aunque se reconoce ampliamente que el proteccionismo puede adoptar muchas formas distintas, no existe un acuerdo común sobre qué medidas concretas deberían considerarse proteccionistas».
Sin una definición clara y consensuada del proteccionismo, los resultados de las investigaciones de las organizaciones que supervisan el comercio tienen un valor cuestionable. La Base de datos de seguimiento del comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) registra principalmente medidas fronterizas que restringen el comercio, incluidos instrumentos de defensa comercial como las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia, pero no está en condiciones de evaluar si estas medidas son legítimas o ilegítimas conforme al derecho interno de cada miembro y a sus obligaciones internacionales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) supervisan las medidas relacionadas con la inversión, pero no realizan un análisis detallado para determinar si estas políticas se utilizan o no para alcanzar objetivos legítimos de manera legítima.
Global Trade Alert (GTA), una iniciativa independiente de seguimiento, adopta un criterio de trato relativo; es decir, incluye en sus revisiones toda la información sobre medidas estatales anunciadas o aplicadas que podrían alterar el trato relativo de los intereses comerciales nacionales frente a los competidores extranjeros con quienes compiten. La ambición de GTA y su análisis académico son admirables, pero su objetivo de crear un mercado mundial perfecto y de libre competencia solo podría alcanzarse sin intervención gubernamental alguna.
Por tanto, dado que no existe una definición jurídica consensuada de lo que realmente es el proteccionismo, no es posible medirlo, lo que significa que el compromiso del G20 contra el proteccionismo ha sido más retórico que práctico.
Además, la oposición del G20 al «proteccionismo en todas sus formas» no solo es políticamente engañosa, sino que ha resultado contraproducente. El público en general, en particular quienes sienten que el libre comercio los ha perjudicado, se enfada con facilidad: «¿Qué? ¿Renunciamos a nuestra soberanía nacional y a nuestra capacidad para PROTEGERNOS?».
Estas quejas no son producto de mi imaginación. Están en el centro de la dinámica política que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado y que ha ganado terreno en la opinión pública sobre el comercio en muchos lugares del mundo. Probablemente por eso la agenda de política comercial de 2017 del Gobierno de Trump priorizó «defender nuestra soberanía nacional en materia de política comercial» como respuesta al clamor popular contra el régimen comercial mundial, al que muchos votantes culpan de erosionar la soberanía nacional de Estados Unidos.
El argumento de que formar parte de las instituciones del comercio mundial implica perder soberanía nacional y las protecciones necesarias es, evidentemente, un malentendido que, además, se ve agravado por la retórica indefinida en torno a la «oposición al proteccionismo». La OMC no es un organismo supranacional superior a los gobiernos de sus miembros. Todos los miembros, incluido Estados Unidos, son partes contratantes que han acordado un conjunto de derechos, obligaciones y normas en defensa de sus propios intereses comerciales y políticos. La OMC es únicamente una secretaría que ayuda a todas las partes contratantes a cumplir sus acuerdos y resolver sus controversias.
A finales del mes pasado, cuando los líderes del G7 se reunieron en su cumbre de Taormina, surgió un rayo de esperanza. Los líderes se comprometieron a mantener abiertos sus mercados y a combatir el proteccionismo, oponerse firmemente a todas las prácticas comerciales desleales, impulsar la eliminación de todas las prácticas que distorsionan el comercio, reconocer la importancia del sistema internacional de comercio basado en normas y procurar una mejor aplicación y promoción de las normas internacionales. Se ha hecho hincapié en la importancia del sistema internacional de comercio basado en normas, especialmente dadas las circunstancias actuales.
En este contexto, ¿qué paso más pueden dar los líderes del G20 para garantizar un entorno abierto para el comercio mundial?
En primer lugar, los líderes del G20 podrían reafirmar su compromiso de defender el Estado de derecho en la economía mundial, con miras a promover el comercio libre y justo y combatir todo uso abusivo de medidas legítimas que restringen el comercio. Estas palabras tienen más sentido que el lenguaje jurídicamente inexacto y políticamente engañoso de oponerse al proteccionismo o combatirlo. El Estado de derecho debe seguir siendo el principio fundamental para llevar a cabo los negocios internacionales; es decir, estos deben regirse por las leyes contractuales vigentes entre los gobiernos contratantes, sin recurrir a medidas ilegales. El comercio libre y justo es tanto el objetivo como la convicción de que es la única manera de lograr un comercio equilibrado con eficiencia económica y equidad moral. Oponerse al uso abusivo de medidas de protección, por un lado, salvaguarda el derecho legítimo de los miembros a adoptar determinadas medidas protectoras conforme a las normas acordadas y, por otro, los disuade de recurrir a ellas de forma indebida o excesiva, incluso cuando sean legítimas.
En segundo lugar, los líderes podrían pedir a sus ministros que modifiquen las normas antiguas o elaboren otras nuevas. Ante la aparición de nuevas economías, la evolución tecnológica, los alarmantes riesgos de la tragedia de los bienes comunes y las nuevas dinámicas electorales y políticas, quizá sea necesario aclarar o actualizar las normas vigentes. Los líderes pueden señalar algunas áreas sustanciales si encuentran intereses compartidos, como los vínculos entre comercio e inversión, el papel del comercio en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía digital, el desarrollo, las normas o el cambio climático. Pueden instar a sus negociadores a recurrir más activamente a la OMC y otros foros internacionales mediante consultas y negociaciones, y a encontrar soluciones firmando nuevos acuerdos multilaterales o plurilaterales.
En tercer lugar, los líderes del G20 podrían proponer que Argentina, que presidirá el grupo el próximo año, organice una reunión de ministros de Comercio. Es una lástima que, durante la presidencia alemana de 2017, los ministros de Comercio de las economías del G20 no tuvieran la oportunidad de reunirse y debatir las complejidades del proteccionismo. Ojalá que una reunión de ministros de Comercio el próximo año no solo oriente el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión del G20, sino que también permita consolidar opciones de política significativas para que los líderes las debatan y consideren. Además, una reunión de ministros de Comercio podría desempeñar un papel activo en conectar la línea de trabajo del grupo sobre comercio e inversión con las otras líneas sobre finanzas y crecimiento.
Por último, los líderes del G20 reunidos en Hamburgo pueden promover conjuntamente un proceso de revisión y aprendizaje entre pares sobre políticas nacionales de solidaridad que aborden los perjuicios que el comercio causa a ciertos segmentos de la población. Hacer frente a esos perjuicios es una cuestión de solidaridad nacional y comunitaria que, en la mayoría de los casos, exige soluciones locales; sin embargo, el G20 puede ser una plataforma mundial para fomentar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo. Estas políticas sociales pueden incluir una amplia gama de programas de asistencia para la adaptación al comercio dirigidos a los trabajadores, como seguros salariales, subsidios para el seguro médico y su portabilidad, y servicios de reinserción laboral, como capacitación y ayuda para la reubicación geográfica. También pueden incluir cierta asistencia a empresas y agricultores. La solidaridad es algo que debe protegerse.
La autora y activista Gloria Steinem dijo una vez: «Cuanto más cuentes tu historia, tus sueños y tus aspiraciones empresariales, más verás que no estás solo ni en tus esfuerzos ni en tus dudas». Tengo serias dudas sobre la oposición del G20 a un proteccionismo sin definir, y espero que los líderes, en la cumbre del G20 de Hamburgo en julio de este año, sitúen tanto la letra como el espíritu de la ley, así como la solidaridad, en el centro de sus conversaciones para salvaguardar un entorno abierto, previsible y equitativo para el comercio internacional.
