Si cae un árbol en el bosque, ¿te importa cómo lo derribaron?
Pocas personas piensan de dónde procede la madera de sus muebles, suelos o puertas, o cómo llegó hasta allí. Y pocas imaginarían que uno de los productos silvestres objeto de más comercio ilegal en todo el mundo es un árbol, el palo de rosa (Dalbergia).
El tráfico de palo de rosa está tan extendido que se lo llama «el marfil del bosque». Su madera, de un intenso tono marrón rojizo, se utiliza para fabricar muebles, suelos e instrumentos musicales. Sin embargo, muchos de los árboles que la producen están amenazados y protegidos a nivel internacional.
El palo de rosa es un ejemplo extremo de un problema más amplio. En todo el mundo, entre el 15 y el 30 % de la madera se obtiene ilegalmente. Según Interpol, el comercio ilegal de madera mueve entre 50.000 y 150.000 millones de dólares estadounidenses al año.
Este complejo problema no se resolverá de la noche a la mañana. Pero creo que las ciencias sociales pueden ayudar a contenerlo al mostrar los daños que el comercio ilegal de madera causa a las personas y los bosques, y al estigmatizar la venta y compra de productos de madera de contrabando.
El papel de las normas
Mi investigación utiliza las ciencias sociales para abordar problemas de conservación como el tráfico de especies silvestres y las especies invasoras. Me centro en el papel de las normas sociales y las reglas, que guían el comportamiento humano al indicar si una acción es habitual o está aprobada. Cuando las personas o las organizaciones saben que algo es inaceptable y punible, es más probable que se abstengan de hacerlo.
Hoy en día, muchas reglas concebidas para proteger contra el tráfico ilegal de madera son insuficientemente estrictas o se aplican de forma deficiente. Esto transmite que se pueden cometer actividades ilegales con impunidad, aunque algunos países están endureciendo las normas para tratar de frenar el problema.
Un comercio mundial
Se estima que la madera ilegal representa entre el 50 y el 90 % de la madera extraída de la Amazonia, África central y el Sudeste Asiático. Interpol calcula que entre el 40 y el 60 % de las exportaciones de madera de Indonesia, el 25 % de las de Rusia y el 70 % de las de Gabón son ilegales. En 2016, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos estimó que el 90 % de las importaciones de madera de Perú a Estados Unidos procedían de la tala ilegal.
Norteamérica tampoco está exenta. Los taladores furtivos buscan cedros y secuoyas centenarios en Columbia Británica y el noroeste del Pacífico.
Las actividades ilegales reducen los precios mundiales de la madera entre un 7 y un 16 %, lo que cuesta a los países de origen hasta 5.000 millones de dólares en ingresos anuales perdidos. Esto parecería indicar que los gobiernos tienen un incentivo importante para actuar. Sin embargo, los regímenes débiles, la corrupción y los organismos que no responden —sobre todo en los países de origen— están fracasando en frenar el tráfico ilegal de madera.
Mejorar la aplicación de las normas
Para proteger los bosques y orientar el uso de la madera, los gobiernos crean reglas. Los tratados internacionales y las normas comerciales restringen las importaciones de madera según la cantidad o la especie. Los planes de gestión, los programas de certificación y las políticas de contratación nacionales determinan cómo debe extraerse, comprarse y venderse la madera.
Pero la eficacia de estas reglas suele depender de las sanciones que penalizan a quienes las infringen. Muchos países de origen tienen poca capacidad para vigilar eficazmente los bosques o imponer sanciones por la tala ilegal. Esto facilita que los traficantes eviten ser atrapados.
Los países con pocas normas o con normas débiles también sirven como puntos de transbordo. Por ejemplo, los traficantes envían madera desde Papúa Nueva Guinea a países como China, que no prohíben la madera ilegal. Allí se procesa y se exporta a Estados Unidos como producto terminado.
En la última década, Estados Unidos ha actuado para reforzar las reglas y sanciones contra la compra de madera ilegal. En particular, en 2008 el Congreso modificó la Ley Lacey, que prohíbe el comercio ilegal de fauna silvestre, peces y plantas, para incluir también la madera.
Después se impusieron varias sanciones de gran repercusión. Lumber Liquidators recibió en 2011 una multa de 13 millones de dólares por vender suelos fabricados con madera rusa obtenida ilegalmente. En 2015, Yacu Kallpa, un buque peruano que transportaba madera ilegal con destino a Houston, fue retenido por México. Y a finales de 2017, el representante comercial de Estados Unidos bloqueó las importaciones de madera de Perú.
Pero, hasta que los países de origen puedan vigilar eficazmente y hacer cumplir las leyes contra la tala ilegal, interceptar un solo cargamento sirve de poco. Los países importadores —en particular, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y China— también deben emprender acciones para reducir la producción ilegal de madera. Y es aquí donde las ciencias sociales pueden desempeñar un papel.
Aprender del tráfico de especies silvestres
El tráfico ilegal de madera tiene muchos paralelismos con el comercio ilegal de especies silvestres carismáticas y en peligro de extinción, como los pangolines, las tortugas y los rinocerontes. En ambos casos, el comercio es extremadamente lucrativo y la demanda de los consumidores es uno de los principales motores del mercado negro.
Para reducir la demanda, muchos países recurren a las ciencias sociales para evitar que los consumidores compren fauna silvestre de origen ilegal. Los enfoques de influencia social intentan convencernos de que nuestros pares realizan o evitan ciertas acciones, como reciclar o reutilizar las bolsas de la compra. También pueden ayudar a convencer a las organizaciones de que ciertas acciones son inadecuadas y contrarias a las reglas y normas sociales.
Por ejemplo, defensores de la conservación en China y Hong Kong han reducido la presión sobre los tiburones en peligro de extinción al convencer a las élites y los profesionales, mediante campañas de sensibilización pública y activismo político, de que consuman menos sopa de aleta de tiburón. En Indonesia y Malasia, clérigos musulmanes emitieron fatuas contra la caza furtiva de fauna silvestre para expresar la desaprobación social de esta práctica. Al recurrir al poderoso medio de la religión y a su papel de líderes públicos, los clérigos han vinculado la fidelidad religiosa con las reglas existentes contra la caza furtiva. Así, facilitan que las personas presionen a sus pares y estigmaticen aún más la caza furtiva y las compras ilegales.
Orientar las decisiones de los consumidores
Los gobiernos y las empresas pueden aplicar estrategias similares para abordar el tráfico ilegal de madera. Pueden informar a los consumidores sobre la magnitud del comercio de contrabando y sobre qué productos probablemente proceden de la tala ilegal, del mismo modo que los defensores de los océanos tratan de disuadir a los consumidores de comprar pescado procedente de la sobrepesca.
Hay organizaciones que se dedican a rastrear, vigilar y certificar la madera y los productos madereros. Pero la concienciación no basta. Estigmatizar o sancionar la venta y compra de madera ilegal sería un paso adicional útil. Por ejemplo, los gobiernos podrían destruir los cargamentos de madera confiscada, del mismo modo que Estados Unidos y algunos países africanos queman o trituran el marfil confiscado de elefantes sacrificados.
Mediante eventos como el Día del Árbol, muchos estadounidenses desarrollan un sentimiento generalizado de simpatía hacia los árboles y los bosques. Presentar los productos madereros de contrabando como perjudiciales y dañinos puede ayudar a convertir estas opiniones en una oposición más centrada y sostenida al tráfico ilegal de madera.
