Los programas contra la corrupción y de gobernanza parecen una buena forma de ayudar a los países a desarrollarse, pero sigue siendo difícil medir su impacto en la erradicación de la pobreza extrema, según concluye un nuevo estudio.
Los líderes mundiales están considerando incluir la gobernanza en el nuevo conjunto de objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, que tendrá una influencia significativa en cómo se gastarán aproximadamente 2,5 billones de dólares en ayuda al desarrollo durante los próximos 15 años.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se debaten en las reuniones de la ONU en Nueva York esta semana, entrarán en vigor en 2016. El Reino Unido es un firme defensor de un objetivo de gobernanza y, en una encuesta de la ONU a más de siete millones de personas, un gobierno honesto y receptivo figuró entre las principales prioridades.
Pero un estudio de Mary Hilderbrand, profesora de Economía en la Universidad Texas A&M, publicado esta semana por el centro de estudios Copenhagen Consensus, pone en duda que un objetivo de desarrollo centrado en la transparencia, un gobierno receptivo y la reducción de la corrupción vaya a ser eficaz.
En los últimos 20 años se han realizado grandes inversiones en gobernanza mundial y, sin embargo, los resultados son decepcionantes, afirmó. Por ejemplo, un estudio de 80 países que contaban con programas de gobernanza del Banco Mundial concluyó que la gobernanza mejoró en el 39 % de los países y empeoró en el 25 %. Estos resultados no fueron distintos de los de países sin programas.
Aunque el objetivo general es loable, encontrar formas de aplicarlo de manera eficaz y mensurable es mucho más difícil, afirmó, y añadió que eso la hace desconfiar de los objetivos de gobernanza.
«La gobernanza, al involucrar sistemas políticos, sociales y económicos, es muy compleja, y es difícil saber qué ocurre bajo la superficie. Es demasiado fácil que los gobiernos marquen casillas mediante reformas institucionales sin cambiar nada de fondo», dijo Hilderbrand en una entrevista telefónica.
Las tarjetas de identidad funcionan
El único objetivo de gobernanza que sí tiene sentido es proporcionar una identidad legal a todos los ciudadanos, incluido el registro de nacimientos, porque es concreto y aporta una serie de beneficios, afirmó.
Estos programas ayudan a desarrollar la capacidad de los gobiernos para gestionar sistemas eficientes. Las tarjetas garantizan a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos y el derecho al voto, lo que a su vez aumenta la rendición de cuentas del gobierno y reduce la pobreza.
Hilderbrand calcula que los beneficios equivaldrían, como mínimo, al costo de cada dólar invertido. En cambio, los costos y beneficios de otros objetivos de gobernanza propuestos, como «reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas», son inciertos, en parte porque son muy generales, afirmó.
Aart Kraay, economista del Banco Mundial que revisó el artículo de Hilderbrand, dijo que, aunque quizá haya pocas pruebas sólidas de un vínculo causal entre la buena gobernanza y un mejor desarrollo, eso no significa que deban abandonarse esos objetivos «aspiracionales».
Transparency International, la principal organización mundial de defensa contra la corrupción, estuvo de acuerdo.
«Cuando los niveles de soborno son más altos, hay más pobreza, así que sabemos que debe formar parte de los ODS», dijo Craig Fagan, responsable de políticas globales de TI.
La Asamblea General de las Naciones Unidas prevé terminar en julio su labor sobre los nuevos objetivos de desarrollo, que actualmente son 17, más 169 metas para aplicarlos, para que los líderes mundiales los adopten definitivamente en septiembre.
Este artículo se publica en colaboración con Thomson Reuters Foundation trust.org. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Imagen: Una joven iraquí saca su dinero mientras hace cola para conseguir el pan de primera hora de la mañana en la fábrica de pan de Bagdad, el 20 de mayo de 2003. REUTERS/Kieran Doherty.
Autora: Stella Dawson es corresponsal jefa de Gobernanza y Anticorrupción en Thomson Reuters Foundation.
