El orden internacional liberal está bajo asedio. El compromiso de Occidente, de 70 años de antigüedad, con la seguridad común, los mercados abiertos y la democratización se desmorona, y el mundo avanza rápidamente de un orden mundial unipolar a uno multipolar. Este cambio tendrá consecuencias dramáticas y potencialmente peligrosas.
Muchos países latinoamericanos que se han beneficiado del orden liberal, en particular Brasil, parecen indiferentes a su posible caída. Para entender por qué, hay que volver al establecimiento del orden posterior a 1945 por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos.
Los arquitectos del orden liberal global construyeron una red de acuerdos internacionales, pactos comerciales y alianzas militares para lograr tres objetivos básicos: promover el comercio abierto, prevenir guerras catastróficas y desalentar el nacionalismo económico, sustituyendo un esquema de suma cero de siglos de antigüedad por un marco de suma positiva en el que todos los países participantes pudieran prosperar.
El orden que establecieron se sustenta en un conjunto de reglas e instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (hoy Organización Mundial del Comercio), la OTAN y el G20. Aunque no están exentas de críticas, estas entidades tuvieron un éxito generalizado en la consecución de los principales objetivos del orden liberal.
Aunque algunas de las instituciones de posguerra excluyeron a América Latina, entre los años cincuenta y ochenta, los gobiernos de la región participaron en ellas a regañadientes. Resentían el diseño centrado en Estados Unidos del orden liberal, pero lo toleraban mientras sus normas no vulneraran abiertamente la soberanía nacional.
Esta postura no era inesperada. La participación de América Latina en la política de poder global era comparativamente limitada, y sus líderes trataban el desarrollo económico como un asunto interno. También estaban preocupados por resistir las intromisiones extranjeras de antiguas potencias coloniales, sobre todo de Estados Unidos.
La injerencia estadounidense, que incluyó intentos de golpe respaldados por la CIA en Guatemala (1954), Cuba (1961), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Chile (1973), Nicaragua (1982), Granada (1983) y Panamá (1989), reforzó con regularidad estas preocupaciones. Como resultado, aunque la mayoría de los países de la región (con notables excepciones) se alinearon con Occidente durante la Guerra Fría, nunca aceptaron plenamente el orden global liderado por Estados Unidos.
Los latinoamericanos también resentían profundamente las políticas del Consenso de Washington de los años ochenta y noventa, que a menudo se aplicaron mal e impusieron una “terapia de choque” en forma de estabilización macroeconómica, desregulación masiva y privatización. Al mismo tiempo, el espectacular crecimiento de Asia, en particular China, había comenzado a desplazar el centro de gravedad lejos de Estados Unidos y Europa.
Mientras Cuba y los llamados países bolivarianos llevaban a cabo campañas antiestadounidenses agresivas, el resto de América Latina comenzó a trazar un rumbo más autónomo frente al orden global durante los años noventa. Esto implicó un proceso frenético de construcción de alianzas regionales para promover intereses colectivos. Muchas de estas iniciativas nacieron débiles y lucharon por madurar.
Aun así, tras su fundación en 1991, Mercosur, el turbulento bloque comercial sudamericano, logró aliviar las tensiones entre Argentina y Brasil, lo que dio lugar a un aumento diez veces mayor del comercio bilateral. Y en 2011, Chile, Colombia, México y Perú establecieron, con una orientación más liberal, la Alianza del Pacífico, lo que subrayó su giro colectivo hacia Asia.
Pero, al margen de estos éxitos desiguales, la región sigue debilitada por la desconfianza, está mal integrada y es incapaz de un crecimiento sostenido. No es de extrañar que su posición en el escenario global siga siendo marginal.
Brasil, por su parte, ha oscilado entre apoyar y criticar el orden liberal. Durante más de medio siglo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se quejó, no sin cierta justificación, de la exclusión del país de los niveles superiores de las instituciones internacionales, sobre todo del Consejo de Seguridad de la ONU.
Al igual que otros países de la región, Brasil resistió la influencia estadounidense, pero aun así jugó según las reglas del juego. Eso cambió en cierta medida durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 y 2010, quien defendió una cooperación “Sur-Sur” más intensa. Brasil también impulsó acuerdos energéticos, armamentísticos, y de infraestructura con regímenes iliberales, lo que llamó la atención en Estados Unidos y Europa.
Tras un periodo de crecimiento, la economía brasileña se desplomó bajo el sucesor de Lula, la expresidenta Dilma Rousseff, cuya “nueva matriz económica” implicó políticas disruptivas, intervencionistas y proteccionistas. Durante los años de Rousseff, la tasa de crecimiento de Brasil fue 2,6 puntos porcentuales inferior a la media regional de América Latina, lo que provocó una pérdida de disciplina fiscal, una reversión de los avances en desarrollo y un creciente descontento popular.
Aun así, las instituciones democráticas de Brasil han demostrado una notable resiliencia. A pesar de seis años de declive económico y de escándalos de corrupción explosivos, el país cuenta con una prensa libre próspera y un poder judicial independiente y sólido, lo que podría traer cambios políticos y culturales largamente necesarios.
Con un retorno a una formulación de políticas más equilibrada y transparente, Brasil podría volver a contribuir de manera constructiva a la construcción de un orden liberal internacional más inclusivo y representativo. Después de todo, como una de las mayores democracias del mundo y un firme defensor del multilateralismo, Brasil tiene más en común con los defensores del orden liberal que con China, Rusia o Turquía.
Además, las élites brasileñas están menos aisladas y son menos hostiles a la globalización que en el pasado, y cada vez aceptan más que las posturas proteccionistas son contraproducentes. Y la creciente clase media del país, muchos de cuyos miembros han salido a las calles desde 2013, ya no tolerará el aumento del coste de la vida, los servicios públicos mediocres, la captura del Estado y la corrupción desenfrenada.
Si los fiscales públicos de Brasil logran sostener la actual campaña “Lava Jato” (“lavado de autos”) campaña anticorrupción, Brasil también tendrá la oportunidad de pasar página a su fallido modelo de desarrollo tras las elecciones generales de octubre. Para aprovecharla, los brasileños deberán elegir a un presidente con una agenda de reforma progresista, y no a un populista de derechas como Jair Bolsonaro.1
Para bien y para mal, Brasil y el resto de América Latina están fundamentalmente conectados con el orden internacional liberal y sus instituciones políticas y económicas. Nadie en la región debería desear un regreso al desorden anterior a los años cuarenta. Y el llamado consenso Pekín-Moscú, construido como está sobre motivos estrechamente economicistas, no sería menos ruinoso.
Brasil tiene ahora una enorme oportunidad no solo de remodelar su política y su economía, sino también de desempeñar un papel activo en la construcción de un orden internacional liberal adecuado a un mundo multipolar en evolución. La cuestión es si los brasileños aprovecharán el momento.
