Se estima que los países de todo el mundo gastan 9,4 billones de dólares al año en adquisiciones públicas: el 15 % del PIB mundial. De hecho, las cifras de la ONU estiman que las adquisiciones públicas pueden representar entre el 15 % y el 30 % del PIB de muchos países. Sin embargo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 10 % y el 25 % del valor de los contratos públicos se pierde por la corrupción.
Esto significa que la corrupción —como el fraude, el despilfarro y los abusos de los contratistas del gobierno— cuesta hasta 2,35 billones de dólares en todo el mundo cada año.
Tal como afirma Transparencia Internacional en su informe de julio de 2018 sobre recomendaciones para la contratación abierta: «La contratación pública es una de las actividades de mayor importancia económica de los gobiernos, pero también conlleva uno de los mayores riesgos de corrupción en el sector público».
¿Una de las principales razones por las que puede prosperar esta corrupción? La falta de transparencia de los países respecto al trabajo que realizan los contratistas del gobierno remunerados por hora. En prácticamente todos los países, los contratistas del gobierno trabajan según un «sistema de honor», sin procedimientos para verificar las facturas correspondientes a las horas trabajadas.
En su informe de 2017, Fraude, despilfarro y abuso en los servicios sociales: cómo identificar y superar esta epidemia actual, Accenture se refiere a este fenómeno como «autocertificación»: «Dos problemas principales están en el origen de los pagos en exceso. El primero es la frecuente dependencia del cliente para que proporcione datos e información que luego se utilizan para calcular sus prestaciones. Esta “autocertificación” de datos puede llevar a los clientes a hacer pequeños cambios y tergiversar su situación, sabiendo que así recibirán una prestación mayor».
Esto ocurre tanto en países desarrollados como emergentes: el Índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional detectó altos niveles de corrupción en más de dos tercios de los países.
Una de las cinco recomendaciones del índice señala: «La sociedad civil y los gobiernos deberían promover leyes centradas en el acceso a la información. Este acceso ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que reduce las oportunidades de corrupción».
Muchas organizaciones han destacado el valor de la transparencia como estrategia esencial para prevenir el fraude y el despilfarro. En un informe de mayo de 2016, Corrupción: costos y estrategias de mitigación, el Fondo Monetario Internacional afirma:
Aunque la transparencia es un requisito general para el buen funcionamiento del mercado, también es un componente fundamental de una política eficaz contra la corrupción. La transparencia desempeña un papel decisivo para garantizar una asignación eficiente de los recursos, ya que permite al mercado evaluar y disciplinar las políticas gubernamentales, y aumenta el riesgo político de las políticas insostenibles. Además de estas importantes funciones, la transparencia puede ser clave para prevenir la corrupción y promover la buena gobernanza. Al permitir que el público acceda a información sobre las decisiones gubernamentales y las transacciones financieras, la transparencia puede disuadir eficazmente las conductas ilícitas. De hecho, varios estudios demuestran que existe una correlación positiva entre la corrupción y la falta de transparencia en los presupuestos públicos. Cuanto más transparente es el presupuesto de un país, menos corrupto se percibe a ese país.
Más recientemente, el Diálogo Empresarial de las Américas, en su informe de 2018, Acción para el crecimiento: recomendaciones de políticas y plan de acción 2018-2021 para el crecimiento en las Américas, señala: «La productividad, la transparencia y la rendición de cuentas eficaz están intrínsecamente relacionadas (…) La evidencia empírica ha demostrado que la falta de transparencia e integridad puede afectar la productividad y el crecimiento económico de un país».
De hecho, el llamamiento a una mayor transparencia es uno de los principios fundamentales de la Declaración de Gobierno Abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), fundada en septiembre de 2011 por ocho gobiernos (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos) que se comprometieron inicialmente con la Declaración. Actualmente, más de 70 países se han comprometido con la Declaración de Gobierno Abierto y a hacer que sus gobiernos rindan más cuentas.
Otro de los tres principios fundamentales de la declaración sostiene que, en todo el mundo, se puede lograr una mayor transparencia gubernamental mediante un mayor acceso a las nuevas tecnologías: «Nos comprometemos a colaborar con la sociedad civil y el sector empresarial para identificar prácticas y enfoques innovadores que aprovechen las nuevas tecnologías para empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno».
Está claro que los avances tecnológicos han proporcionado a los gobiernos herramientas más eficaces para detectar y prevenir el fraude de los contratistas del gobierno. Además, al asociarse con el sector privado, pueden aprovechar más recursos para impulsar la transparencia y ser más productivos, eficientes y útiles para sus ciudadanos.
Cada año, Estados Unidos gasta 530.000 millones de dólares en adquisiciones públicas y, por tanto, afronta los mismos desafíos que otros países respecto al abuso del proceso de contratación. Aunque se han aprobado leyes, como la Ley de Reclamaciones Falsas, para prevenir el fraude de los contratistas del gobierno, este sigue produciéndose a un ritmo alarmante.
Uno de los casos más destacados es el del contratista informático SAIC, que facturó de más a la ciudad de Nueva York 500 millones de dólares en un proyecto municipal. A nivel federal, en 2013 el Pentágono acusó a la Agencia de Logística de Defensa de haber permitido que se cobraran de más 757 millones de dólares a los contribuyentes, porque la empresa no verificó la exactitud de las facturas de los contratistas.
Con una medida tan sencilla como verificar las horas facturables mediante programas informáticos fácilmente disponibles, los países pueden dar un paso importante para promover un gobierno más eficaz que atienda mejor a la población. Además, esa medida no entraña riesgos ni costos, ya que el contratista asume el costo del programa.
Como señala el Diálogo Empresarial de las Américas: «La transparencia es un elemento central para lograr un crecimiento económico sostenible y mejorar la vida de las personas[.]»
Gracias a la tecnología y a las alianzas público-privadas, hoy tanto los países emergentes como los desarrollados pueden impulsar la transparencia gubernamental, lo que permitirá ahorrar millones de dólares que podrán destinarse a atender mejor a los ciudadanos y fortalecer a las naciones. Unos países más fuertes hacen una economía mundial más fuerte.
Alex Konanykhin, director ejecutivo de TransparentBusiness, miembro de la Comunidad Tech for Integrity
