Han pasado cuarenta años desde que Deng Xiaoping emprendió las reformas liberales que generaron un crecimiento medio del PIB del 10% y transformaron a China en una potencia manufacturera mundial con considerable influencia política.
Desde entonces, el Partido Comunista de China (PCCh) ha procurado permitir gradualmente que los mercados desempeñen un papel decisivo en la asignación de recursos. Sin embargo, la situación de las empresas estatales (EE) de China es más compleja que el panorama económico general.
A la luz de la cambiante situación mundial y de la Cuarta Revolución Industrial, China está pasando de una economía exportadora impulsada por la inversión a una economía impulsada por la innovación y dependiente del consumo interno. En estas circunstancias, el papel de las EE ha cobrado aún más importancia, ya que tradicionalmente han ayudado al Gobierno con las reformas, aunque la nueva economía orientada al consumo exige un nivel de flexibilidad y capacidad de respuesta del que suelen carecer las entidades de propiedad pública.
China cuenta con 109 empresas incluidas en Fortune Global 500, pero solo el 15% son de propiedad privada. Las EE chinas son enormemente voluminosas y, por tanto, carecen de flexibilidad para responder a las demandas del mercado.
Los gráficos anteriores muestran claramente que las EE están muy endeudadas y son estructuralmente menos eficientes que sus homólogas privadas. El estancamiento del crecimiento en todo el sector público chino ha reducido el valor total de sus activos. A menudo se critica a las EE por abusar de su acceso preferente a los préstamos y por presionar a favor de regulaciones que expulsan del mercado a empresas privadas competitivas. Se sostiene ampliamente que las EE no sobrevivirían en un entorno de mercado impulsado por la innovación sin las ventajas de las que disfrutan actualmente.
La gestión ineficiente de las empresas públicas también ha empeorado debido a la elevada rotación de directivos provocada por la campaña anticorrupción del presidente Xi. Por un lado, las empresas se libran de directivos corruptos, pero, por otro, las EE se quedan con equipos de gestión que carecen de una estrategia coherente.
Mientras tanto, el sector privado de China —que ha cobrado impulso desde la crisis financiera mundial— es ahora el principal motor del crecimiento económico del país. La combinación de cifras 60/70/80/90 se utiliza con frecuencia para describir la contribución del sector privado a la economía china: aporta el 60% del PIB de China, representa el 70% de la innovación y el 80% del empleo urbano, y proporciona el 90% de los nuevos puestos de trabajo. La riqueza privada también representa el 70% de la inversión y el 90% de las exportaciones. La proporción de las exportaciones procedentes de empresas privadas podría disminuir a medida que las EE emprendan más proyectos de infraestructura en países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), lo que aumentaría su participación pública en las exportaciones de China.
También cabe destacar el éxito del sector tecnológico privado de China. Huawei lidera la revolución mundial del 5G y la empresa está deseosa de difundir su innovación por todo el mundo.
A pesar de los factores mencionados, el Gobierno chino sigue interesado en apoyar a las EE y está comprometido a hacerlas más grandes, fuertes y eficientes. Esto es especialmente relevante en ciertos sectores estratégicos donde la supervisión del Gobierno es esencial, en particular la defensa, la energía, las telecomunicaciones, la aviación y los sistemas ferroviarios. Por el contrario, se alienta al Estado a reducir su participación en otros sectores mediante la disminución de su propiedad.
La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC) está avanzando considerablemente en la aplicación de la política gubernamental «zhuada fangxiao» (fortalecer lo grande y liberar lo pequeño), que ha reducido notablemente el número de EE mediante la privatización, la venta de activos y las fusiones y adquisiciones. La Comisión, creada en 2003, se centra actualmente en reestructurar las EE restantes para convertirlas en empresas modernas orientadas a los beneficios. Prácticamente todas las entidades supervisadas por la SASAC están constituidas como empresas y son jurídicamente independientes del Gobierno, con sus propios consejos de administración, lo que delega efectivamente más autoridad en los directivos.
También se está trabajando considerablemente para mejorar las EE mediante su reorganización y reestructuración, así como el fortalecimiento de sus normas de gobernanza interna. El Gobierno llegó a introducir la propiedad mixta en la empresa de telecomunicaciones China Unicom, al vender acciones por valor de unos 11.000 millones de dólares a 14 inversores privados. Se hizo como medida para que China Unicom rindiera más cuentas y se centrara más en generar rentabilidad sobre el capital, manteniendo al mismo tiempo el control estatal.
Estos esfuerzos por hacer competitivas a las EE y, al mismo tiempo, mantener un control absoluto sobre sus decisiones finales reafirman el compromiso del Gobierno chino de consolidar el control estatal y permitir simultáneamente que el mercado sea el principal asignador de recursos. En otras palabras, el Gobierno quiere vigilar de cerca las fuerzas del mercado y reservarse la opción de intervenir en situaciones críticas.
Los sistemas jurídico y regulatorio de China están experimentando transformaciones fundamentales en materia de inversión y propiedad intelectual, pero aún no están preparados para regular empresas gigantes de importancia estratégica. Por eso, el Gobierno ha optado por conservar la posibilidad de ejercer un control directo sobre sus EE. Además, una vez que el marco de derechos de propiedad alcance cierto nivel, el Gobierno podría obtener muchos más beneficios privatizando empresas competitivas que vendiendo activos en dificultades en el entorno jurídico actual.
La amenaza de una guerra comercial cada vez más intensa ha retrasado aún más las iniciativas de privatización. El PCCh se ha visto obligado a anteponer la seguridad a la eficiencia, por lo que cobra fuerza una postura conservadora de mayor centralización —para facilitar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza económica—.La detención en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, fue seguida de una dura retórica del presidente Xi, quien declaró: «Nadie está en condiciones de dictar órdenes al pueblo chino». Este tipo de acciones está aumentando la desconfianza entre las partes implicadas y empujando a China hacia una mayor centralización.
Las EE se utilizan con frecuencia como mecanismo para aplicar políticas, proporcionar estabilidad socioeconómica y construir infraestructura. Esta estrategia coherente ha propiciado la aparición de megaciudades como Hangzhou y Shenzhen, que han demostrado el potencial de entidades que operan en colaboración bajo la dirección del Estado. El PCCh considera que este tipo de cooperación justifica los costes de la gobernanza centralizada.
Por lo tanto, en esta etapa la privatización de las EE parece entrañar más riesgos que beneficios, si se tienen en cuenta los posibles costes sociales de los despidos, los posibles impagos y la mala gestión de las empresas por parte de sus nuevos propietarios privados, factores que podrían provocar grandes trastornos y una desestabilización inmediata. El PCCh hace bien en seguir tomando medidas para mejorar la eficiencia de las EE y desarrollar gradualmente un marco de privatización para el futuro que garantice un crecimiento económico sostenible, pues reconoce que la capacidad del Gobierno para mejorar la eficiencia de las EE tiene límites dentro de un sistema de gobierno centralizado.
El Gobierno ha demostrado su compromiso con las reformas orientadas al mercado al impulsar el apoyo al emprendimiento mediante recortes fiscales por valor de unos 300.000 millones de dólares. El Estado también fomenta la innovación en la «tecnología profunda» mediante fondos de capital riesgo financiados por el Estado, la creación de aceleradoras de empresas emergentes y parques empresariales de alta tecnología.
El objetivo último es, sin duda, garantizar un crecimiento económico de calidad y, por tanto, un posible acuerdo comercial podría impulsar aún más las reformas de liberalización del mercado mediante el restablecimiento de la confianza y la reducción de las preocupaciones en materia de seguridad.
