El estudio danés de arquitectura BIG y la empresa tecnológica china Terminus planean desarrollar una ciudad inteligente gestionada íntegramente por IA.
La tecnología recopilará información sobre el clima, los hábitos alimentarios y otros datos para satisfacer las necesidades de los residentes.
El proyecto es una de las 500 ciudades inteligentes que se están construyendo en China.
Desde robots que sirven café hasta sillas de oficina que se reorganizan solas después de una reunión, un proyecto de ciudad inteligente en China aspira a poner la inteligencia artificial al mando, según contaron sus creadores en una conferencia esta semana, lo que despertó cierta sorpresa.
El estudio danés de arquitectura BIG y la empresa tecnológica china Terminus hablaron de sus planes para construir un desarrollo con formato de campus gestionado por IA en Chongqing, ciudad del suroeste de China, durante un panel en línea de Web Summit, una conferencia tecnológica mundial.
El proyecto, llamado Cloud Valley, planea usar sensores y dispositivos conectados a wifi para recopilar datos sobre todo tipo de aspectos, desde el clima y la contaminación hasta los hábitos alimentarios de las personas, a fin de satisfacer automáticamente las necesidades de los residentes, afirmó Victor Ai, fundador de Terminus.
«Es casi como volver a la idea de vivir en un pueblo donde, cuando llegas, aunque sea la primera vez que estás allí, el camarero conoce tu bebida favorita», dijo Bjarke Ingels, socio fundador de BIG.
«Cuando nuestro entorno se vuelve capaz de percibir y sentir... podemos crear esa fluidez porque la IA puede reconocer a las personas que llegan. Así puede abrir la puerta para que no tengan que buscar sus tarjetas de acceso»
Las ciudades de todo el mundo están apresurándose a adoptar la tecnología con el objetivo de mejorar la vida urbana mediante la recopilación de datos que permitan abordar problemas como los atascos y la delincuencia.
Según el Gobierno, se están construyendo más de 500 ciudades inteligentes en toda China, para impulsar el crecimiento en medio de una desaceleración económica mundial.
El proyecto Cloud Valley, presentado en abril, prevé una ciudad de unos 13 millones de pies cuadrados —el equivalente a unos 200 campos de fútbol— donde la tecnología permitirá a las personas vivir con más comodidad al anticiparse a sus necesidades.
«Cuando la luz del sol llega a las casas, las ventanas de los dormitorios ajustan su opacidad para que la luz natural despierte a los residentes somnolientos», dijo Terminus en su sitio web, que también destaca espacios verdes tranquilos, como jardines en las azoteas.
«Una vez que la luz ha llenado la habitación, un asistente virtual de IA llamado Titan elige el desayuno, combina tu atuendo con el clima y te presenta un programa completo para el día».
Según Terminus, la ciudad, que incluye oficinas, viviendas, espacios públicos y coches autónomos que circulan bajo la vigilancia constante de la IA, estará terminada en unos tres años.
Sin embargo, al igual que otras ciudades inteligentes, su enfoque impulsado por la tecnología ha suscitado preocupación por la privacidad.
«Ya estamos en 1984... suena a Estado de vigilancia», escribió Filipe Monteiro, asistente virtual a la conferencia, en el chat del panel, en referencia a la novela distópica de George Orwell, en la que el Gran Hermano vigila constantemente a los ciudadanos.
«¿No da un poco de miedo todo esto?», añadió Gonzalo Perez Paredes, otro asistente a la conferencia.
Eva Blum-Dumontet, investigadora sénior del grupo británico de defensa de derechos Privacy International, afirmó que las ciudades inteligentes corrían el riesgo de convertirse en una amenaza para los derechos humanos si las empresas y los gobiernos no tomaban medidas para limitar la vigilancia y garantizar la inclusión.
«Debemos preguntarnos, por ejemplo, cómo afectará la ciudad a las personas que quizá no tengan conocimientos tecnológicos», dijo en comentarios enviados por correo electrónico a la Thomson Reuters Foundation.
«Este riesgo es aún mayor cuando no existe un marco jurídico que limite el acceso que los gobiernos pueden obtener a los datos recopilados por empresas privadas».
