La corrupción se ha disparado en América Latina junto con la pandemia.
Los datos abiertos y el análisis de datos se han convertido en armas clave en la lucha contra este problema.
América Latina ya arrastraba sus propios problemas estructurales cuando llegó la COVID-19, entre ellos un crecimiento bajo, una productividad estancada, una alta informalidad y una desigualdad severa. Sin embargo, lo más perjudicial de todo ha sido la corrupción endémica de la región, que ha desviado recursos escasos de los sistemas de salud y de la seguridad social. La corrupción ha debilitado la capacidad del Estado y el espacio fiscal, ambos necesarios para responder a la crisis.
La corrupción aumentó en la región a medida que la pandemia se propagaba. La creciente demanda de suministros médicos para tratar a los pacientes de COVID-19, unida a la urgencia con la que se necesitan estos bienes, ha creado oportunidades irresistibles para que funcionarios sin escrúpulos y grupos del crimen organizado se lucren con la crisis. Ejemplos de fraude incluyen la falsificación de medicamentos muy necesarios y el suministro de equipos sanitarios de mala calidad, así como la colusión entre proveedores, incluida la sobrevaloración de bolsas para cadáveres. Esto ilustra hasta qué punto han caído estas redes corruptas: ni siquiera la muerte escapa a su afán de obtener ganancias ilícitas con fondos públicos destinados a la emergencia.
En la región, la corrupción puede ser tan mortal como la propia pandemia. La corrupción en la cadena de suministro de medicamentos y en la adquisición de equipos médicos está surgiendo en toda la región. Por ello, el control de las compras públicas de emergencia y del gasto en salud pública se ha convertido en una prioridad para muchos gobiernos e instituciones de integridad, entre ellas las entidades de auditoría, la sociedad civil y los medios de comunicación de investigación. Sin embargo, a diferencia de crisis y catástrofes anteriores, la información se ha vuelto más omnipresente y se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia gracias a la expansión de los datos abiertos y del análisis de fraude.
Los avances en las plataformas de compras públicas electrónicas y en la contratación abierta en la región han generado datos más abundantes y de mejor calidad, que pueden analizarse para detectar y disuadir irregularidades. Los datos relacionados con los contratos y compras gubernamentales se han abierto más, lo que permite un mayor escrutinio por parte de las agencias de supervisión y del público en general, incluidas las ‘civic-techs’ y las ‘gov-techs’: startups tecnológicas basadas en datos que buscan generar impacto social y mejorar la gestión pública.
Los datos abiertos se han convertido en una herramienta clave contra la corrupción y el fraude durante esta pandemia. Por ejemplo, en Paraguay, la normativa obliga al gobierno a informar periódicamente sobre el uso de los fondos asignados a la emergencia; esto incluye tanto la compra de equipos médicos como los contratos públicos relacionados con los paquetes de recuperación económica. Estos informes deben publicarse en un formato de datos abiertos y cuentan con el respaldo de una plataforma de visualización fácil de usar. En Perú, los datos abiertos permiten a los medios de investigación buscar casos de amaño de licitaciones en la contratación pública de suministros médicos.
La generación masiva de datos e información sobre contratación pública crea una oportunidad invaluable para que las nuevas tecnologías, basadas en el análisis de datos, detecten y prevengan el riesgo sistémico de corrupción en la contratación gubernamental, en lugar de perseguir casos aislados de corrupción. Así, proporciona una herramienta poderosa con la que las instituciones de integridad y las agencias de supervisión, incluidos los sistemas de control interno, pueden abordar los fallos de política y las vulnerabilidades institucionales.
Un primer paso importante consiste en abrir los datos de la contratación gubernamental en un formato abierto que permita su reutilización. Esto puede lograrse mediante la adopción del Estándar de Datos de Contratación Abierta (OCDS, por sus siglas en inglés), promovido por la Open Contracting Partnership, una red mundial de promoción. El OCDS establece cómo publicar información y documentos en todas las etapas del proceso de contratación pública, lo que permite un análisis más completo de los conjuntos de datos más allá de transacciones individuales o cuellos de botella críticos. Este estándar ha sido adoptado por más de 30 gobiernos de todo el mundo, como Australia, Chile, Colombia, Francia, Paraguay y el Reino Unido, así como por la Unión Europea. Algunas ciudades, como Buenos Aires, también se han comprometido a regular sus prácticas de contratación pública conforme a este estándar.
Una segunda opción complementaria es desplegar herramientas avanzadas de análisis e inteligencia artificial sobre una variedad de datos, estructurados y no estructurados. Contar con datos de calidad, abiertos y reutilizables permite un despliegue más ágil de técnicas avanzadas de análisis. Pero la ausencia de datos suficientemente estructurados y depurados no es una barrera insuperable en el mundo actual del análisis de datos y el aprendizaje automático. Brasil y Colombia, por ejemplo, han desarrollado plataformas de análisis de fraude para aprovechar una variedad de conjuntos de datos de múltiples fuentes y señalar riesgos de corrupción en la contratación gubernamental.
En Brasil, el Analisador de Licitações e Editais (ALICE) es una herramienta de la entidad fiscalizadora externa para analizar documentos de contratación pública. Capta la información del sistema de contratación pública del Ministerio de Economía (Comprasnet), descarga los textos de los contratos, los analiza para generar informes sobre vulnerabilidades e indicadores de alerta, y ofrece una evaluación general de los procesos de contratación. En Colombia, la Contraloría General utiliza OCEANO, una plataforma de análisis que cruza información de la base de datos de compras públicas electrónicas para detectar posibles irregularidades. Esta herramienta ha revelado vínculos sospechosos entre determinadas empresas y algunos gobernadores provinciales y alcaldes municipales, lo que la llevó a identificar sobrecostos en contratos relacionados con emergencias sanitarias.
El análisis de datos permite a los gobiernos y a las agencias de supervisión pasar de un enfoque reactivo, motivado por denuncias, a uno proactivo y preventivo. El poder de las máquinas y programas de procesamiento de datos también aumenta la rapidez de las investigaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la disponibilidad de datos de alta calidad. A menos que las herramientas de inteligencia artificial puedan basarse en datos precisos, el riesgo es generar resultados imprecisos o, peor aún, sesgados, siguiendo el principio de ‘basura entra, basura sale’. De hecho, la mayor parte de la inversión en proyectos de análisis avanzado y aprendizaje automático se destina a la ‘limpieza’ de conjuntos de datos, dedicando solo el 18 % del tiempo al desarrollo de algoritmos y a la prueba de modelos.
Para responder a estos desafíos, pero también para aprovechar estas oportunidades, varios países de la región buscan organizar sus datos y aprovechar su potencial en la lucha contra la corrupción, con el apoyo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Por ejemplo, Ecuador evalúa la calidad y disponibilidad de 30 conjuntos de datos que, al cruzarse, permiten detectar riesgos de corrupción. En Colombia, la Secretaría de Transparencia del presidente Iván Duque busca desarrollar un data lake que reúna y cruce conjuntos de datos de distintas fuentes para identificar riesgos de corrupción en tiempo real, no solo en la contratación pública, sino también en el otorgamiento de licencias o en la generación de normativas.
William Edwards Deming, estadístico histórico estadounidense, solía decir que «en Dios confiamos; todos los demás traigan datos». Superar los desafíos en materia de calidad de los datos, así como invertir en capacidad computacional para procesarlos, permitiría diseñar políticas anticorrupción más eficaces, cuyo poder disuasorio se basaría en su capacidad para predecir y anticipar. Frente al oportunismo que los agentes de la corrupción y del crimen organizado cultivan en emergencias como la COVID-19, los datos abiertos y el análisis avanzado ofrecen una oportunidad para exponer sus redes y prevenir sus delitos.
