Las criptomonedas están un paso más cerca de convertirse en un bien de negociación habitual. Recientemente, Coinbase (una de las plataformas más grandes para negociar monedas digitales) lanzó el «Dow» de las criptomonedas, un fondo indexado que refleja las tendencias del mercado de la moneda.
Hasta ahora, las criptomonedas han seguido siendo el salvaje oeste de la economía mundial. Algunos de los sitios de internet más grandes, en particular Google, Facebook y Twitter, han prohibido la publicidad de criptomonedas en sus plataformas.
En efecto, muchos críticos asocian las monedas digitales cifradas con redes criminales organizadas que blanquean sus activos y orquestan esquemas de fraude internacional a través de la red oscura. Hay algo de verdad en ello. Algunas criptomonedas, como Monero y Zcash, están específicamente diseñadas para evitar el rastreo. Lo hacen mediante la creación del blockchain (la tecnología subyacente) de forma que oculta la dirección del receptor o del emisor, así como el importe de la transacción. Esto resulta especialmente útil para encubrir beneficios sucios. No es de extrañar, por tanto, que estas monedas digitales hayan aumentado de valor y se hayan vuelto más populares entre los extorsionadores en línea.
Sin embargo, no todas las criptomonedas son iguales, por así decirlo. Pueden diseñarse para ser totalmente rastreables, como Global Denomination. Esto hace que las transacciones sean más seguras que incluso con el efectivo convencional. Y, finalmente, existe todo lo que hay entre medias. El ejemplo más destacado de este terreno gris es posiblemente Bitcoin, que registra todas las transacciones pero no exige que el emisor o el receptor revelen su identidad real.
Las criptomonedas en la política
A medida que las criptomonedas se normalizan cada vez más (como ilustra el lanzamiento del índice de Coinbase) y que su valor sigue aumentando—aunque bajo cierta volatilidad—es fundamental seguir de cerca su uso en ámbitos como la financiación de campañas, la contratación pública y el lobby.
Los políticos parecen dispuestos a subirse al tren de las criptomonedas. Pero estas nuevas vías para que entidades privadas (nacionales y extranjeras, legales e ilegales) canalicen dinero hacia el sistema político han tenido graves repercusiones para la lucha contra la corrupción y la captura de políticas.
El informe de 2017 de International IDEA sobre el Estado Global de la Democracia ofrece una descripción detallada de cómo «el gran dinero proporciona una ventaja desproporcionada a unos pocos selectos». En el informe exploramos un nuevo conjunto de índices de democracia. Estos revelaron que, si bien en los últimos 40 años la democracia en su conjunto ha crecido y se ha expandido por todo el mundo, los niveles de corrupción no han mejorado durante el mismo periodo.
El uso masivo de nuevas tecnologías, como las criptomonedas, puede tener, por tanto, un profundo efecto en la integridad de la política, para bien o para mal. Lo sabemos porque lo mismo ocurrió en el pasado con la introducción de otros tipos de tecnologías, como las redes sociales y el análisis de macrodatos.
Lo que nos enseña la experiencia
El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió recientemente sobre el uso estratégico que hacen los regímenes autoritarios de las redes sociales para reprimir las libertades personales. Lamentablemente, abundan los ejemplos. Rusia ha dominado recientemente los titulares por su uso estratégico de Facebook y Twitter para interferir en las elecciones de Europa y de Estados Unidos. Del mismo modo, Rachel Botsman, de la Universidad de Oxford, habló en el Foro Económico Mundial en enero sobre los riesgos de otorgar a las empresas tecnológicas responsabilidades de gran alcance sobre las personas, sin un nivel de rendición de cuentas equivalente. Uber, por ejemplo, alberga una cantidad increíble de datos. Cómo los utiliza (para proteger a sus usuarios, por ejemplo) o cómo debería utilizarlos sigue siendo objeto de debate.
El problema es que la velocidad de los procesos regulatorios, medida en años, es demasiado lenta, dado que la velocidad a la que evolucionan estas tecnologías puede medirse en milisegundos. Los procesos actuales de elaboración de políticas no están diseñados para la era digital.
Sin embargo, también existen ejemplos positivos de nuevas tecnologías que ayudan en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Por ejemplo, las herramientas digitales que permiten a los partidos políticos informar sobre sus ingresos y gastos, o a las autoridades hacer públicos esos informes, están facilitando que las organizaciones de la sociedad civil vigilen de cerca a los partidos. Los sistemas de alerta temprana y de información gráfica también ofrecen buenas soluciones para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Estas herramientas nos permiten sistematizar la información sobre amenazas y riesgos, desde el nivel micro (las localidades y municipios donde operan los delincuentes) hasta el nivel macro (las conexiones que unen los distintos nodos de la cadena de la red transnacional).
En síntesis
Lo que estos ejemplos nos dicen sobre las criptomonedas es que, en el fondo, la cuestión no es si son buenas (o no) para la democracia, sino si estamos bien preparados para regularlas. Y, en lo que respecta a la regulación del dinero en la política, debemos empezar a considerar la prohibición de las criptomonedas que no permiten un rastreo adecuado, al tiempo que incentivamos el uso de aquellas que sí lo permiten. Una medida fácil sería introducir más normativas que obliguen a que las billeteras de criptomonedas estén vinculadas a cuentas bancarias tradicionales. Estas y otras estrategias pueden inclinar el mercado a favor de la transparencia y alejarlo de la actividad delictiva.
Esta entrada de blog se ha preparado como parte de la participación de International IDEA en la edición de 2018 del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE #OECDintegrity.
Sobre la autora: Catalina Uribe Burcher es Senior Programme Officer de International IDEA, y se centra en la investigación y el análisis orientado a políticas sobre financiación política, integridad y las amenazas que las redes ilícitas transnacionales plantean a los procesos democráticos.
