La lucha contra la corrupción ocupa un lugar destacado en las agendas gubernamentales. Un problema tan generalizado exige nuevas soluciones, sobre todo a la luz del último Índice de Percepción de la Corrupción, que muestra que la mayoría de los países ha avanzado poco o nada en la lucha contra la corrupción desde 2012. La clasificación, que utiliza una escala de cero a 100, donde cero indica un alto nivel de corrupción, reveló que más de dos tercios de los países obtienen menos de 50 puntos, con una puntuación media de 43.
Un obstáculo importante para avanzar es el problema del efectivo. Cada año, cientos de miles de millones de dólares en pagos y transferencias gubernamentales se realizan en efectivo. Entre ellos figuran los salarios públicos, los pagos de salud, las pensiones y la ayuda económica a familias necesitadas. A menudo, estos pagos son difíciles de rastrear, inseguros e ineficientes. El anonimato del efectivo lo hace vulnerable a las sustracciones y a los beneficiarios «fantasma» que no existen. No se trata de un problema menor. Provoca pérdidas de más de 110.000 millones de dólares cada año en las economías emergentes.
Afortunadamente, la creciente conectividad y la innovación tecnológica permiten a los gobiernos realizar pagos a través de canales digitales seguros, transparentes y prácticos. El dinero llega íntegramente al destinatario previsto o vuelve a las arcas del Estado. Los siguientes gobiernos están aprovechando las tecnologías financieras digitales y muestran el alcance de este cambio.
India: El Gobierno ahorró casi 9.000 millones de dólares en menos de cuatro años en pagos de protección social mediante transferencias electrónicas directas de prestaciones.
Tanzania: La digitalización de los pagos de entrada a los parques nacionales del país redujo las fugas de ingresos en un 40 %, lo que generó más ingresos para el Gobierno.
Ruanda: La digitalización de las tarifas de autobús dio lugar a un aumento del 140 % de los ingresos gracias a la reducción de las fugas.
Argentina: El Gobierno redujo las fugas en los pagos tras pasar a las tarjetas de pago electrónicas. El porcentaje de personas que admitieron haber pagado sobornos a funcionarios locales bajó del 3,6 % al 0,3 %.
Francia: Como parte de sus esfuerzos por frenar el fraude fiscal, el país aprobó recientemente una orden que autoriza el uso de datos sobre ingresos fiscales, junto con otra información, para realizar análisis avanzados a modo de prueba.
Los gobiernos no son los únicos que se benefician de los pagos digitalizados. Cuando la transición a lo digital se gestiona de forma responsable y receptiva, puede mejorar la vida de la ciudadanía. El acceso a una cuenta bancaria u otro portal de finanzas digitales puede abrir oportunidades económicas sin precedentes, sobre todo para las mujeres, que tienen el doble de probabilidades de quedar excluidas del sistema financiero formal. Tener una cuenta puede hacer que ahorrar sea más cómodo y seguro. También puede reducir los costos de acceder a servicios esenciales para la seguridad y el crecimiento financieros, como los seguros y los productos de crédito.
La digitalización de los pagos es un paso necesario para llevar los sistemas anticorrupción al siglo XXI. Al aprovechar los datos de pagos y los análisis avanzados, los gobiernos podrían ahorrar hasta 1 billón de dólares en todo el mundo. El uso inteligente de los datos de pagos es la nueva frontera de la auditoría. Ayuda a identificar patrones sospechosos, fraudes e incumplimientos en la recaudación de ingresos y el desembolso de pagos, lo que puede permitir a los gobiernos reducir las fugas.
Los pagos digitales no son una panacea. Pero, mientras las economías y los gobiernos buscan nuevas formas de modernizarse y combatir la corrupción, los dirigentes deben mirar más allá del efectivo. La ciudadanía a la que sirven adopta cada vez más herramientas financieras digitales en su vida cotidiana. Los gobiernos no pueden permitirse seguir pagando el costo del efectivo. Al pasar sus pagos del efectivo a lo digital, pueden ahorrar billones de dólares y ofrecer una mejor gestión pública para todos.
