Según una «encuesta informal» inédita, realizada antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos, aproximadamente el 95 % de los miembros, predominantemente hispanos, de uno de los sindicatos del sector privado más grandes del país preferían a la candidata demócrata Hillary Clinton frente a su oponente republicano Donald Trump. Sin embargo, menos del 3 % de los miembros de ese sindicato tenía previsto votar. La razón era económica.
Para la mayoría de las personas encuestadas, los costes de votar —incluidos los salarios perdidos por ausentarse del trabajo, el transporte hasta el centro de votación y la necesidad de obtener una identificación válida (como el permiso de conducir o el pasaporte)— eran sencillamente demasiado elevados. Esto refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde los estadounidenses pobres a menudo no pueden participar plenamente en la democracia de su país.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, menos de la mitad de los adultos con derecho a voto y unos ingresos familiares inferiores a 20.000 dólares al año votaron en las elecciones presidenciales de 2012, mientras que la participación electoral entre los hogares con ingresos superiores a 75.000 dólares fue del 77 %. En las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2014, el centro de estudios Demos informa, el 68,5 % de las personas de hogares que ganaban menos de 30.000 dólares al año no votó.
Se trata de un problema grave. Pero las propuestas que más suelen plantearse para abordarlo tienen serias desventajas.
Las soluciones propuestas suelen centrarse en la tecnología digital, que, según muchos, impulsaría la participación electoral al reducir los costes de votar. Por ejemplo, se han promocionado las aplicaciones móviles como una forma de aumentar la participación electoral: la gente podría votar cuando le conviniera, ya fuera en la sala de descanso del trabajo o desde la comodidad de su hogar.
La idea, sin duda, resulta atractiva. Estonia, considerada ampliamente líder en el uso de tecnología electoral, emitió por internet casi una cuarta parte de todos los votos en las elecciones parlamentarias de 2011.
Sin embargo, el impacto real de esta tecnología en la participación electoral sigue siendo dudoso. Aunque la tasa de voto por internet en Estonia aumentó casi un 20 % entre las elecciones de 2007 y 2011, la participación electoral total subió menos de dos puntos porcentuales (del 61,9 % al 63,5 %). Esto sugiere que el voto por internet quizá solo anime a los votantes habituales a cambiar la forma de emitir su voto, en lugar de alentar la participación de nuevos votantes.
Pero la tecnología electoral quizá no solo sea ineficaz: también podría resultar perjudicial. Esta tecnología no reduce los costes únicamente para los votantes; también los reduce para el Estado, lo que facilita más que nunca la celebración de elecciones. El riesgo es que los costes más bajos fomenten elecciones y referendos más frecuentes, socavando así la eficiencia del gobierno.
En un momento de escaso crecimiento económico mundial y de deterioro del nivel de vida de muchas personas, la eficiencia del gobierno es más importante que nunca. Según la Corporación del Desafío del Milenio de Estados Unidos, un gobierno más eficiente contribuye a reducir la pobreza, mejorar la educación y la atención sanitaria, frenar la degradación ambiental y combatir la corrupción.
Una característica clave de un gobierno eficiente es pensar a largo plazo. Los responsables de las políticas deben trabajar para alcanzar los objetivos que les llevaron a ser elegidos. Pero también deben contar con suficiente margen político para adaptarse a las nuevas circunstancias, aunque ello implique modificar los plazos de las políticas.
En medio de elecciones y referendos constantes, eso no es realmente una opción. En cambio, los responsables de las políticas se enfrentan a una fuerte presión para ofrecer resultados a corto plazo que complazcan a los votantes, o recibir un castigo en las urnas. El resultado probable es una agenda cortoplacista, proclive a cambios repentinos motivados por razones políticas. Además de perjudicar la credibilidad política y la confianza de los mercados, tal volatilidad podría generar fricciones entre los políticos elegidos y los tecnócratas de la función pública, y dañar una relación fundamental para tomar decisiones eficientes, con visión de futuro y basadas en hechos.
Quienes defienden los referendos los presentan como la máxima expresión de la democracia, pues dan a los ciudadanos de a pie voz directa en decisiones políticas concretas. Sin embargo, en una democracia representativa, los referendos socavan la relación entre los votantes y sus dirigentes políticos, a quienes se ha confiado la tarea de elaborar políticas en nombre de la ciudadanía.
De forma preocupante, los referendos ya se están convirtiendo en un elemento cada vez más habitual y decisivo de la formulación de políticas en el mundo occidental. El Reino Unido ha celebrado solo tres referendos en toda su historia; pero dos se han celebrado en los últimos seis años (además de otro en Escocia). François Fillon, candidato a la presidencia francesa, prometió celebrar dos referendos si ganaba las recientes elecciones y sugirió que Francia necesitaba hasta cinco.
Las elecciones también son cada vez más frecuentes. La duración media del mandato de los líderes políticos del G20 ha caído a un mínimo histórico de 3,7 años, frente a seis años en 1946; sin duda, este cambio contribuye a que los gobiernos piensen más a corto plazo.
Aún no está claro si la tecnología electoral realmente impulsa una mayor participación de los votantes. Lo que sí está claro es que, si se adopta ampliamente, podría agravar las tendencias que están socavando las políticas públicas, incluida la capacidad de los gobiernos para impulsar el crecimiento económico y mejorar los resultados sociales.
Reducir las barreras a la participación democrática de los ciudadanos más pobres es un objetivo digno. Pero ¿de qué sirve lograrlo si, como consecuencia, se perjudican los intereses de esos ciudadanos?
