Una propuesta para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 ha recibido el impulso del apoyo de Estados Unidos.
La OMS señaló en abril que solo el 0,2 % de los 700 millones de vacunas administradas en todo el mundo se había destinado a países de bajos ingresos.
La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, también ha esbozado un compromiso alternativo para abordar la situación.
Mientras los miembros de la Organización Mundial del Comercio buscan señales de avance en las negociaciones sobre una propuesta de Sudáfrica e India para suspender los derechos de patente sobre las vacunas contra la COVID-19 con el fin de aumentar el suministro a los países en desarrollo, el Estados Unidos ha decidido respaldar el plan.
Los promotores de la propuesta quieren flexibilizar las normas del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) de la OMC. Las decisiones de la OMC se adoptan por consenso, por lo que los 164 miembros deben estar de acuerdo.
Diez reuniones en siete meses no han logrado un avance, con 60 patrocinadores de la propuesta procedentes de economías emergentes, respaldados por un coro de grupos de campaña, premios Nobel y antiguos líderes mundiales, frente a algunos países desarrollados más ricos, donde se encuentran muchas empresas farmacéuticas.
¿Cuál es la situación actual de las negociaciones?
Tras una décima ronda de conversaciones el 30 de abril, los promotores de la propuesta de exención afirmaron que revisarían su texto a partir de la propuesta de octubre, a tiempo para la próxima reunión del Consejo de los ADPIC en la segunda quincena de mayo, antes de un nuevo debate los días 8 y 9 de junio.
El nuevo texto podría ser más limitado que la propuesta actual.
El embajador de Noruega, Dagfinn Sorli, presidente del Consejo que informó al Consejo General de la OMC el miércoles, expresó un "optimismo cauteloso".
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló de "avances alentadores", pero afirmó que el proceso debía completarse lo antes posible. La OMS señaló en abril que, de los 700 millones de vacunas administradas en todo el mundo, solo el 0,2 % se había destinado a países de bajos ingresos.
Los argumentos de los promotores
La propuesta indio-sudafricana de octubre sostiene que los derechos de propiedad, como las patentes, los diseños industriales, los derechos de autor y la protección de la información no divulgada, obstaculizan el acceso oportuno a vacunas y medicamentos asequibles y esenciales para combatir la COVID-19.
Afirman que la exención debería tener una duración no especificada, con una revisión anual hasta su finalización, y piden el intercambio mundial sin obstáculos de tecnología y conocimientos técnicos.
Sostienen que no puede repetirse lo ocurrido en los primeros años de la pandemia de VIH/SIDA, cuando la falta de acceso a medicamentos que salvan vidas costó la vida a al menos 11 millones de africanos.
El director de la OMS y 375 organizaciones de la sociedad civil y grupos de campaña, como Médicos Sin Fronteras, respaldan la propuesta, y antiguos líderes, desde el británico Gordon Brown hasta Mijaíl Gorbachov de la Unión Soviética, escribieron conjuntamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándole a apoyarla.
El punto de vista contrario
Las grandes farmacéuticas se oponen a las exenciones de patentes, al igual que Reino Unido y Suiza. Los principales productores occidentales son Moderna (MRNA.O), Johnson & Johnson (JNJ.N), AstraZeneca (AZN.L) y, de forma conjunta, Pfizer (PFE.N) y BioNTech (22UAy.DE).
Afirman que el desarrollo de vacunas es impredecible y costoso, y que una sólida protección de la propiedad intelectual ayudó a generar incentivos para desarrollar vacunas en tiempo récord, y que volverá a hacerlo en el trabajo para hacer frente a nuevas variantes o a una futura pandemia.
Los promotores responden que parte del dinero procedía de fondos públicos.
La gran industria farmacéutica también sostiene que fabricar vacunas es difícil —basta con ver los problemas de producción que ha sufrido AstraZeneca, que no es especialista—, por lo que suspender únicamente las patentes no aumentará el número de dosis.
Las vacunas complejas requieren una estrecha cooperación entre desarrolladores y fabricantes. Cualquier fallo en su correcta producción podría socavar la confianza pública en la seguridad de las vacunas, afirman.
También señalan que ya existen más de 260 acuerdos de colaboración para la producción y la distribución, y comentan que, en virtud del acuerdo ADPIC (TRIPS) vigente, los gobiernos pueden permitir a los productores fabricar un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Los países en desarrollo han recurrido a estas "licencias obligatorias" para reducir los precios de los medicamentos contra el VIH/SIDA entre 2002 y 2007.
La situación, sin embargo, es cambiante. En Brasil, el único país en desarrollo que se opone a la exención, el Senado ha aprobado un proyecto de ley para suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Desde abril, el debate en la OMC se ha vuelto más silencioso.
La Casa Blanca había anunciado la semana pasada que estudiaba opciones para maximizar el suministro mundial de vacunas, incluido el respaldo a la exención. Leer más
Tercera vía
La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha propuesto una "tercera vía" como compromiso, detallando una acción mundial para aumentar el acceso a las vacunas tras una reunión con productores, gobiernos y otros actores.
Ha instado a los fabricantes de vacunas a aumentar la transferencia de tecnología para incorporar nueva capacidad de fabricación y a ser transparentes en cuanto a contratos y precios.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, declaró en la misma reunión que los tiempos extraordinarios exigen valor y sacrificio por parte de los gobiernos y los líderes, pero también de la industria. Señaló que la recuperación económica dependía de abordar la desigualdad mundial en el acceso a las vacunas.
