Muchos responsables políticos albergan el error de creer que el desarrollo económico y la acción climática son incompatibles.
Los países emergentes, por su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, deben desempeñar un papel fundamental en la acción climática mundial, pero necesitan el apoyo de las economías más desarrolladas.
Proyectos como la Iniciativa Forestal de África Central (CAFI) demuestran cómo las naciones pueden cooperar en favor de la prosperidad económica y la acción frente al cambio climático.
En la isla de Mousuni, parte de los Sundarbans indios, con un rico ecosistema y la condición de la UNESCO sitio de Patrimonio Mundial – la crisis climática ya amenaza con llevar al límite a sus unos 13 millones de habitantes y al amenazado tigre de Bengala, también al límite. En el archipiélago de 4.000 millas cuadradas, el 70 % de la superficie se encuentra a apenas unos pies sobre el nivel del mar. En algunas zonas de la región, el mar avanza ya unas 200 yardas al año, lo que obliga a los habitantes de la isla de Mousuni a abandonarla por completo y los sitúa en primera línea de la crisis climática.
El cambio climático ya está aquí y se cobra vidas humanas, socava los medios de vida, destruye infraestructuras, sacude las economías nacionales y somete a presión los presupuestos estatales. Según un nuevo informe del SIPRI, el cambio climático está transformando y redefiniendo el panorama de la seguridad mundial, y sus implicaciones para la paz y la seguridad se han incorporado cada vez más al discurso sobre seguridad.
Los imperativos económicos de las industrias, que contribuyen a elevar el nivel de vida y a la interdependencia económica mundial, también se ven cada vez más amenazados por el cambio climático. Tomemos como ejemplo Ghana y Costa de Marfil, que representan aproximadamente el 19 % y el 45 % de la producción mundial de granos de cacao, respectivamente, según datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO). El 16 de julio de 2019, los dos países cedieron a las presiones de la industria chocolatera mundial y levantaron una prohibición de un mes de duración sobre las ventas de cacao, que pretendía obligar a los compradores internacionales a aceptar un nuevo acuerdo de precio mínimo.
Aunque ello supuso un ligero aumento de los ingresos de los productores de cacao del África occidental a corto plazo, sigue estando muy lejos del precio mínimo de 2.600 dólares por tonelada que Ghana y Costa de Marfil pretendían alcanzar. Esto supone un revés especialmente importante para Costa de Marfil, que ha sufrido niveles devastadores de deforestación y dificultades económicas debido a los escasos márgenes en la venta de cacao.
Según un artículo reciente de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, debemos desarrollar cuadros de indicadores para hacer seguimiento de nuestros avances en la consecución de prioridades a largo plazo relacionadas con el Acuerdo de París y los ODS, y replantear el PIB como indicador clave de rendimiento (KPI) en la formulación de la política económica.
Aún podemos hacer mucho más para proteger y restaurar los bosques con el fin de combatir el cambio climático. Demasiados responsables políticos siguen albergando el error de creer que el desarrollo económico y la acción climática son incompatibles. Al margen del conflicto violento, ha surgido una competencia más amplia en torno a la geoeconomía. No se trata de una lucha de Guerra Fría ni de tensiones comerciales por exportar una ideología universal, sino que, como durante la Guerra Fría, las potencias vuelven a ver la asistencia económica como un instrumento de influencia geopolítica. En América Latina, África y Asia, las inversiones en infraestructuras, energía y tecnología empiezan a pasar de ámbitos de cooperación relativa en el G20 a espacios de gran competencia geoeconómica.
Pese a ello, algunos países dan ejemplo. En 2015, Gabón y otros cinco países vecinos crearon la Iniciativa Forestal de África Central (CAFI) con el objetivo de reconocer y preservar el valor de los bosques de la región, que en conjunto constituyen el segundo mayor bosque tropical del mundo, con unas 70 gigatoneladas de carbono almacenado y medios de vida para 60 millones de personas. La cuenca del Congo puede ser solo un tercio del tamaño del Amazonas, pero almacena el 60 % de la cantidad de carbono que almacena el Amazonas, y su secuestro anual de carbono es proporcionalmente mayor.
La CAFI busca actualmente consolidar los logros anteriores mediante compromisos más ambiciosos, una mejor coordinación entre las iniciativas existentes y la incorporación de nuevos socios y donantes. En este sentido, el reciente acuerdo de 150 millones de dólares entre Noruega y Gabón, facilitado por la CAFI, es un paso importante en la dirección correcta. En el marco de este acuerdo de 10 años, Noruega pagará a Gabón un precio mínimo de 10 dólares por tonelada certificada por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación, así como por la absorción de CO2 por los bosques naturales. Gales, por su parte, ha plantado 10 millones de árboles en Uganda.
Es justo que las economías avanzadas proporcionen asistencia tecnológica y financiera adicional para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la creciente crisis climática. El empeoramiento del cambio climático tendrá repercusiones en la política mundial, creando nuevas vulnerabilidades, pero también oportunidades. Los países emergentes, con su cambiante condición de potencias y su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, desempeñan un papel fundamental en la acción climática mundial.
El Proyecto de Resiliencia del Pacífico, junto con el Fondo Verde para el Clima (GCF), es uno de los numerosos ejemplos de iniciativas en todo el mundo, desde sistemas energéticos bajos en carbono hasta agricultura resistente a la sequía, que requieren algún tipo de asistencia financiera si las naciones quieren tener alguna posibilidad de evitar las consecuencias más peligrosas de un planeta que se calienta. Este año, el GCF, al que se prometieron inicialmente 10.300 millones de dólares y que se está quedando sin fondos, necesita que los países ricos vuelvan a llenar sus arcas. Mientras tanto, los países están debatiendo ahora una nueva promesa a los países de bajos ingresos, algo que se han comprometido a decidir antes de 2025. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU afirma que se necesita una inversión anual de 2,4 billones de dólares hasta 2035 solo en el sistema energético si queremos limitar el aumento de la temperatura a menos de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Esa cifra equivale a alrededor del 2,5 % de la economía mundial.
Nos encontramos en una coyuntura crítica en la que la próxima gran ola de crisis migratoria y de malestar civil será desencadenada por la crisis climática y la inseguridad climática. Ya estamos viendo grandes focos de inestabilidad en 2019, agravados por una amplia gama de cuestiones socioeconómicas. Para aprender de tendencias pasadas, como la forma en que una sequía generacional precedió a la guerra civil siria, o cómo los contratos sociales basados en subsidios a los combustibles derivaron en un suministro deficiente de los servicios públicos básicos y precedieron a las protestas en Chile, Líbano y Ecuador, debemos reestructurar la interdependencia económica mundial y adoptar una visión a largo plazo sobre las inversiones ecológicas y limpias en infraestructuras y servicios públicos para garantizar la estabilidad socioeconómica. Debemos adoptar una visión a largo plazo como narrativa.
