Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, ha descrito acertadamente la transformación digital del comercio como una nueva revolución industrial. Como partes interesadas en el futuro de la economía global, los líderes empresariales, los funcionarios públicos y la ciudadanía se preguntan si esta revolución digital requiere nuevos enfoques regulatorios en materia de identidad y seguridad. En muchos países, los responsables de formular políticas se cuestionan si se puede confiar en el sector privado para proteger los datos de los consumidores. Para responder a esa pregunta, primero es importante considerar el papel de las políticas públicas en el impulso de las innovaciones que hacen posible la economía digital.
Cuando se trata de innovación, el impacto del gobierno es difícil de medir. La historia popular de la industria tecnológica está repleta de relatos de empresarios rivales que luchan por cuota de mercado y de innovadores disruptivos que desafían a los actores establecidos. En estas narrativas de «choque de titanes» o «David y Goliat», apenas se menciona el papel del sector público a la hora de crear un entorno normativo propicio, lo que da lugar a la percepción errónea de que las políticas públicas no influyen. Sin embargo, si el gobierno hubiera intervenido desde el principio a favor de una tecnología, en lugar de permitir que la competencia se desarrollara en el mercado, muchas innovaciones quizá nunca se habrían producido.
La colaboración público-privada y la innovación continua en tecnología de seguridad son la mejor defensa de la sociedad contra la ciberdelincuencia. Los gobiernos desempeñan un papel indispensable. La aplicación rigurosa de las leyes que protegen las redes públicas y privadas de los ciberdelincuentes puede disuadir a la mayoría de los hackers potenciales de atacar cuentas de correo electrónico, instituciones financieras, sistemas de pago y comercios minoristas.
Sin embargo, la historia reciente deja claro que las sanciones penales no pueden disuadir a algunos actores malintencionados. Aquí es donde la innovación desempeña un papel fundamental para mantener nuestras capacidades defensivas por delante de los ciberdelincuentes.
Un ámbito en el que las políticas públicas bienintencionadas pueden tener consecuencias imprevistas para la innovación en ciberseguridad es la adopción de tecnologías que pueden quedar obsoletas con el tiempo. Limitar a nuestros mejores innovadores con políticas y regulaciones excesivamente restrictivas solo obstaculizará nuestra capacidad para competir en la carrera armamentista contra los hackers. En lugar de centrarse en imponer nuevos enfoques de seguridad, los responsables de formular políticas, el mundo académico y los líderes empresariales deberían colaborar para mejorar la educación en ciberseguridad y respaldar una sólida cantera de tecnologías y profesionales que ayude a todo el ecosistema a mantenerse por delante de los ciberdelincuentes.
La localización de datos es otro ámbito de políticas en el que los intentos de los gobiernos por proteger a sus ciudadanos pueden resultar contraproducentes. Limitar los flujos transfronterizos de datos dificulta conectar los indicios para detectar fraudes en tiempo real. En lugar de mejorar la seguridad de los datos, estas regulaciones frenan la innovación e impiden desarrollar o implementar nuevas innovaciones en seguridad.
Cómo el cambio tecnológico puede contribuir a la ciberseguridad
El ecosistema digital se expande a un ritmo exponencial. Pasaron décadas antes de que el número de dispositivos móviles superara la población mundial, de 7.400 millones de personas, y ahora se prevé que el Internet de las cosas alcance otros 20.000 millones de dispositivos conectados en los próximos tres años. El rápido crecimiento de los dispositivos digitales puede parecer un desafío de seguridad cada vez mayor que es preciso contener, pero en muchos sentidos este crecimiento ofrece la oportunidad de hacer que el comercio sea mejor, más sencillo y más seguro.
En el sector de los pagos, por ejemplo, aprovechamos el poder de los datos para proteger a los consumidores. Cada transacción que pasa por la red de Visa se analiza utilizando hasta 500 elementos de datos para determinar el riesgo de fraude y ayudar al emisor de la tarjeta a decidir si aprueba o rechaza una compra. Pero, a medida que el comercio se vuelve cada vez más digital en móviles, tabletas, dispositivos electrónicos y ponibles, automóviles y otros dispositivos conectados, necesitamos mejorar los canales de datos para poder analizar información más compleja que las simples contraseñas. El crecimiento de los dispositivos conectados ha hecho posible recopilar datos contextuales, como la identificación del dispositivo, la biometría, la geolocalización y el comportamiento de navegación. Estos datos pueden predecir con gran eficacia si las transacciones son fraudulentas o legítimas, incluso mejor que las contraseñas, que los hackers pueden olvidar o robar.
Construir sobre una base de seguridad y privacidad exige que reconozcamos este problema y corrijamos nuestro enfoque. Es igualmente importante adoptar la innovación e invertir en formas de aprovechar el potencial de los dispositivos conectados y los datos inteligentes para ayudar a prevenir más fraudes. Debemos resistir la tentación de recurrir a tecnologías y soluciones excesivamente prescriptivas, que serán difíciles de ajustar y adaptar a medida que las condiciones cambien rápidamente. Desde luego, los hackers no limitan sus opciones.
