Las tecnologías están transformando los mercados de todo el mundo. La forma en que las personas se desplazan, se divierten y se entretienen ha cambiado con Uber, Airbnb y Netflix, y está por llegar más con la adopción generalizada de los vehículos autónomos, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la biotecnología. La cuestión es cómo pueden responder los gobiernos para proteger el interés público al tiempo que estimulan la innovación para impulsar la prosperidad económica.
La respuesta será clave para la confianza de la ciudadanía en la capacidad de los gobiernos para preservar los principios a medida que evolucionan las tecnologías. Por un lado, muchos gobiernos tienen dificultades para mantener el ritmo de la elaboración de leyes al ritmo de cada nueva innovación que surge. Por otro lado, se beneficiarían de una dosis saludable de disrupción e innovación en sus propias filas, adoptando nuevas formas de tomar decisiones, recabar aportaciones u ofrecer mejores servicios y transparencia.
La industria del software, que adoptó los métodos de trabajo «ágiles» para aprovechar el conocimiento de personas repartidas en redes con el fin de mejorar continuamente las versiones de los productos, tiene una valiosa experiencia en este ámbito. El manifiesto ágil, de 2001, se centró en el desarrollo adaptativo con bucles de retroalimentación basados en las experiencias de uso de las versiones de software, lo que garantiza el aprendizaje y la mejora continuos. Casi 20 años después, se han desarrollado diversos modelos de métodos ágiles para empresas y organizaciones, y ahora la gobernanza ágil empieza a mostrar resultados prometedores.
Hay más de 100 lugares en todo el mundo donde los gobiernos utilizan la tecnología para recurrir al crowdsourcing de políticas. Por ejemplo, en Islandia y Sudáfrica, las constituciones fueron elaboradas mediante crowdsourcing por la ciudadanía. Taiwán cuenta incluso con una Red de Responsables de Participación que se reúne mensualmente para debatir mejoras en el diseño de servicios y organizar talleres de diseño de políticas con la ciudadanía. En Europa, los datos abiertos y los presupuestos abiertos dan a la ciudadanía acceso a la información y la facultan para decidir sobre el gasto de los recursos públicos.
La UNICEF y el Banco de Inglaterra han optado por incubadoras para facilitar la puesta en marcha de startups, y Bélgica, el Reino Unido y Canadá han trabajado con laboratorios de políticas públicas para innovar en la gobernanza. Los hackatones invitan a los disruptores a ayudar a los gobiernos a resolver desafíos que requieren una profunda experiencia tecnológica y a programar soluciones más rápidas a los problemas. Las ventanillas únicas, incluida una en Brasil, empiezan a simplificar el uso de las extensas páginas web que la ciudadanía debe consultar para inscribir un nacimiento o averiguar dónde están ubicados los contenedores de reciclaje.
Acercar los gobiernos a las personas a las que sirven tiene un gran potencial para generar confianza en las instituciones públicas en un momento en que esta no puede darse por sentada. El cincuenta y seis por ciento de los encuestados del Barómetro Anual de Confianza de Edelman afirma no conocer a ningún político en quien pueda confiar, y el 43 % del público general afirma confiar en el gobierno.
A pesar de los numerosos ejemplos estimulantes, resulta contraintuitivo que los gobiernos adopten la innovación. Al fin y al cabo, las burocracias tienden a ser jerárquicas y prudentes por diseño, en lugar de organizaciones en red, mientras vivimos en una época en la que la rapidez para responder a modelos de negocio que cambian rápidamente importa más que nunca. Además, los gobiernos rinden cuentas a la sociedad en su conjunto, mientras que otras partes interesadas solo rinden cuentas a un subconjunto de la sociedad.
Además, los sandboxes regulatorios, desarrollados por primera vez para aplicaciones fintech en el Reino Unido, Singapur y Taiwán, que permiten a las startups y a otros innovadores realizar experimentos en vivo en un entorno controlado bajo la supervisión de un regulador, así como otros espacios regulatorios de baja intensidad destinados a pruebas y experimentación genuinas, se han utilizado indebidamente como herramientas de marketing por parte de las empresas que operan en ellos.
Sin embargo, siempre que se respete el papel del gobierno, los parámetros estén claros y se apliquen a los desafíos de política adecuados, la gobernanza ágil puede ser un complemento valioso de la forma más tradicional, para garantizar una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta de las políticas en un mundo que cambia rápidamente.
Unos pocos principios rectores definen un enfoque ágil. Un objetivo claro o un conjunto de principios es el horizonte hacia el que se trabaja: «prevenir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico» o «las decisiones de la inteligencia artificial deben respetar los derechos humanos». La agilidad debe estar orientada a resultados y basarse en evidencias. La colaboración entre distintas partes interesadas o departamentos dentro de las organizaciones debería generar conocimiento inclusivo que alimente las políticas, que entonces gozan de mayor legitimidad.
A lo largo de diversas iteraciones, las lecciones aprendidas retroalimentan el proceso de ajuste de los pasos regulatorios o de su aplicación. Una variedad de acuerdos regulatorios puede delimitar entonces el espacio en el que pueden tener lugar la experimentación y el aprendizaje. Desde las incubadoras de políticas hasta la creación de prototipos o los laboratorios de políticas, los distintos desafíos requieren enfoques diferentes. Algunos de estos espacios de prueba pueden crearse de forma temporal, con la elección entre autorregulación o regulación, asociaciones público-privadas o una supervisión reforzada decidida en función de las lecciones aprendidas.
Para ayudar a determinar qué desafío puede beneficiarse de qué enfoque, un conjunto de preguntas de diagnóstico puede orientar a los funcionarios públicos y a los responsables de políticas. Cuando surge una nueva tecnología, ¿está cubierta por las leyes existentes o se necesita legislación? Si se aplican las leyes, ¿es adecuado el alcance de los reguladores o se necesitan cambios? ¿Qué partes interesadas se ven afectadas por los cambios de la nueva tecnología y cómo pueden sentarse a una mesa de toma de decisiones (virtual)? ¿Puede probarse un nuevo servicio sin infringir las leyes?
Aunque la gobernanza ágil se encuentra en su infancia, mucho se puede aprender de las prácticas que se exploran en todo el mundo. Una cosa es segura: si los gobiernos quieren preservar su legitimidad ante la ciudadanía, mantenerse al ritmo del cambio tecnológico, comprometerse con una mejor prestación de servicios y equilibrar las necesidades de prosperidad económica, la agilidad no es un lujo sino una necesidad. Más que un conjunto de preguntas de diagnóstico orientativas y herramientas que utilizar, como una actualización de software, la agilidad requiere un cambio de sistemas.
Los autores son los copresidentes del Global Future for Agile Governance, que trabaja en el desarrollo, la creación de prototipos y la prueba de un Agile Governance Tool Kit’ que orientará a los responsables de políticas. Para más información, póngase en contacto con agile@weforum.org.
