El viernes 5 de diciembre, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó sus informes sobre el grado de cumplimiento, por parte de las normas adoptadas el año pasado en la Unión Europea y en Estados Unidos, de su acuerdo mundial sobre regulación bancaria, adoptado en 2010 y conocido como Basilea III. Como era de esperar, el Comité de Basilea consideró que la UE era «materialmente no conforme» con Basilea III, mientras que Estados Unidos fue considerado «mayoritariamente conforme» y todas las demás jurisdicciones examinadas hasta ahora fueron consideradas «conformes». Así, la UE, que a menudo reivindica su liderazgo en la promoción de normas financieras mundiales, se encuentra rezagada a escala mundial en este pilar clave de la agenda de regulación financiera. Sin embargo, avanzar hacia un mayor cumplimiento del marco de Basilea sigue redundando en el interés a largo plazo de la UE. Esto puede lograrse tanto a corto plazo mediante medidas adecuadas del Banco Central Europeo (BCE), como a más largo plazo mediante cambios en la legislación aplicable de la UE.
Los dos informes del Comité de Basilea, publicados simultáneamente sobre la UE y Estados Unidos, forman parte de una iniciativa plurianual que el Comité de Basilea denomina Programa de Evaluación de la Coherencia Normativa (RCAP, por sus siglas en inglés). Las publicaciones correspondientes comenzaron en octubre de 2012 con evaluaciones preliminares de la UE y Estados Unidos, basadas en los proyectos de normas vigentes en ambas jurisdicciones en aquel momento, así como con una evaluación de Japón , que fue considerado conforme. Desde entonces, el Comité ha publicado sucesivos informes del RCAP sobre Singapur (marzo de 2013), Suiza (junio de 2013), China (septiembre de 2013), Brasil (diciembre de 2013), Australia (marzo de 2014) y Canadá (junio de 2014), todos ellos también considerados conformes con Basilea III. Según el calendario de trabajo actual del Comité, a continuación se evaluarán Hong Kong, México, India, Sudáfrica, Arabia Saudita y Rusia en 2015, y Argentina, Turquía, Corea e Indonesia en 2016. Cabe señalar que las jurisdicciones ya evaluadas en el marco del RCAP representan una parte predominante del sistema bancario mundial, incluidos los treinta grupos clasificados actualmente por el Consejo de Estabilidad Financiera como bancos de importancia sistémica mundial (de los cuales 14 tienen su sede en la UE, 8 en Estados Unidos, 3 en China, 3 en Japón y 2 en Suiza). Por tanto, aunque algunos de los informes aún pendientes determinen que otras jurisdicciones son materialmente no conformes o incluso «no conformes» (la peor calificación), esto no cambiará la posición rezagada de la UE, seguida por Estados Unidos, «mayoritariamente conforme», entre las jurisdicciones bancarias más importantes del mundo.
Los escépticos señalarán, con razón, que tener normas conformes con Basilea III no implica que todos los bancos correspondientes sean sólidos y seguros. El proceso del RCAP no examina con qué rigor y fiabilidad se aplican y hacen cumplir las normas, sino únicamente su contenido en comparación con el acuerdo mundial. Por ejemplo, en algunos mercados emergentes y también en economías desarrolladas, las deficiencias de capacidad y gobernanza pueden impedir prácticas de aplicación adecuadas. El Comité de Basilea lo reconoce y ha iniciado procesos separados para evaluar los resultados correspondientes, empezando por los cálculos de ponderación del riesgo , objeto de muchas de las críticas más mordaces al marco de Basilea. (El Comité de Basilea también supervisa si las jurisdicciones han adoptado siquiera normas para implementar Basilea III, independientemente de su grado de cumplimiento.) No obstante, cabe señalar que contar con normas conformes facilita enormemente un proceso de aplicación y cumplimiento que también se ajuste al acuerdo mundial.
El proceso del RCAP parece riguroso, equilibrado y exhaustivo. Para cada informe se constituye un equipo de evaluación ad hoc, integrado por delegados de las autoridades de supervisión de jurisdicciones distintas de la evaluada y respaldado por miembros del personal permanente de la secretaría del Comité de Basilea. El trabajo se somete a un equipo de revisión independiente y también a un Consejo de Revisión por Pares del RCAP. En cada informe se dan a conocer las identidades del jefe y los miembros del equipo de evaluación, de los miembros de apoyo y de los integrantes del equipo de revisión. Por ejemplo, Mark Zelmer, superintendente adjunto de Instituciones Financieras de Canadá, dirigió el equipo que realizó la evaluación de la UE, y Mark Branson, director ejecutivo de la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), hizo lo propio en el caso de Estados Unidos. De los otros siete miembros del equipo del informe sobre Estados Unidos, cinco procedían de la Comisión Europea o de autoridades individuales de Estados miembros de la UE, y los dos restantes, respectivamente, de China y Japón. Con el tiempo se han incorporado controles y contrapesos adicionales: por ejemplo, los primeros informes de octubre de 2012 no incluían un equipo de revisión independiente. La evaluación en sí es muy exhaustiva: sitúa las normas en su contexto local, analiza su impacto real en una muestra de bancos seleccionados (cuyos nombres también se divulgan en el informe), menciona los procesos en curso para modificarlas e incluye de manera transparente las respuestas de las autoridades públicas de las jurisdicciones evaluadas. En concreto, el informe sobre la UE incluye una respuesta conjunta de la Comisión Europea, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el BCE; y el informe sobre Estados Unidos incluye una respuesta conjunta de «las agencias estadounidenses» que, según el prefacio del informe, son la Junta de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda. En ambos casos, las respuestas elogian el trabajo del equipo de evaluación del RCAP, a la vez que cuestionan algunas de sus conclusiones, como es habitual en los procedimientos contradictorios. Desde luego, la política financiera no es una ciencia exacta y es inevitable que los informes del RCAP incluyan elementos de juicio individual por parte de los miembros del equipo de evaluación. Sin embargo, estas características garantizan que el resultado de la evaluación pueda considerarse autorizado.
Los informes respaldan la calificación general de cada jurisdicción con un examen más detallado de 14 «componentes» específicos. En el caso de la UE, hay dos puntos especialmente débiles. En primer lugar, el Reglamento sobre Requisitos de Capital (CRR) de 2013 permite mayor margen que el marco de Basilea para aplicar una ponderación de riesgo cero a las exposiciones de los bancos frente a soberanos y otros deudores del sector público, así como ponderaciones de riesgo reducidas a las exposiciones frente a pequeñas y medianas empresas. Como resultado, el informe califica el componente «Riesgo de crédito: método basado en calificaciones internas» como materialmente no conforme. En segundo lugar, el CRR exime ciertas operaciones con derivados de los bancos con entidades del sector público y sociedades no financieras de un requerimiento de capital por riesgo de contraparte conocido como ajuste de valoración del crédito (CVA), con un impacto material en el cálculo de los coeficientes de capital efectivos. Como resultado, el informe califica el componente «Marco del riesgo de crédito de contraparte» como no conforme. En ambos casos, las normas se modificaron durante el proceso legislativo de la UE para favorecer la financiación de gobiernos, otras entidades públicas y empresas por parte de los bancos, lo que puede considerarse una forma moderada de represión financiera con características europeas. En cuanto a Estados Unidos, los componentes «Riesgo de crédito: marco de titulización» y «Riesgo de mercado: método de medición estándar» se califican como materialmente no conformes, en ambos casos debido a una sección de la Ley Dodd-Frank de 2010 que impide que las regulaciones bancarias hagan referencia explícita a las calificaciones emitidas por agencias de calificación crediticia. Tanto para la UE como para Estados Unidos, otros cuatro componentes se califican como mayoritariamente conformes. Todos los componentes restantes se consideran conformes, salvo uno que no se ha implementado en Estados Unidos y, por tanto, se evalúa como no aplicable.
La evaluación del Comité de Basilea es, de hecho, más indulgente con la UE de lo que cabría esperar en un componente importante, titulado «Definición del capital y cálculo de los requerimientos mínimos de capital», que se califica como mayoritariamente conforme (al igual que en el caso de Estados Unidos). El informe señala varias desviaciones de Basilea III en este capítulo, entre ellas, de manera destacada, el tratamiento de las filiales de seguros (importantes en particular para grandes grupos bancarios franceses), así como el capital de los bancos cooperativos (importante en varios Estados miembros, incluida Alemania) y ciertas anomalías contables temporales en el registro de pérdidas de carteras de deuda soberana. Estas desviaciones de Basilea III se incorporaron al inicio de la elaboración del CRR en un paquete conocido en círculos especializados como el «compromiso danés», ya que se negoció durante la Presidencia danesa del Consejo de la UE, que abarcó el primer semestre de 2012. Esto llevó al primer informe del RCAP, de octubre de 2012, a calificar el proyecto del CRR como materialmente no conforme respecto del criterio de definición del capital. Al parecer, entretanto los negociadores de la UE han logrado convencer al equipo de evaluación de que el impacto correspondiente es menos significativo de lo que se había estimado inicialmente.
La UE ha decidido apartarse de la norma de Basilea más que cualquier otra economía avanzada por varias razones. La orientación general de las políticas en la mayor parte de la UE, al menos hasta el inicio de la unión bancaria a mediados de 2012 y, en parte, también después de esa fecha, consistía en ocultar al público los problemas de los bancos mientras estos pudieran seguir atendiendo sus obligaciones a corto plazo; un enfoque denominado eufemísticamente indulgencia supervisora. Esta preferencia influyó tanto en la postura de varios Estados miembros de la UE en el Comité de Basilea durante la negociación de Basilea III entre 2008 y 2010 como en el proceso legislativo que condujo a la adopción definitiva del CRR y de su complemento, la cuarta Directiva sobre Requisitos de Capital (CRD4), en junio de 2013. La ausencia de un marco fiscal sostenible en la zona del euro explica en gran medida (y, podría decirse, justifica) la ponderación de riesgo cero de las exposiciones soberanas de la zona del euro. Los impulsos políticos para favorecer la canalización del crédito hacia Estados miembros y empresas en dificultades dieron lugar a las modificaciones sobre ponderación del riesgo para las pymes y exención del riesgo CVA en las últimas fases del proceso legislativo del CRR/CRD4. Además, la UE podría haber reservado las disposiciones controvertidas para los bancos pequeños y medianos, en cuyo caso no habría habido problema de cumplimiento de Basilea III, ya que los acuerdos de Basilea solo están destinados a los grandes bancos con actividad internacional. Pero la UE se empeña en aplicar las mismas normas prudenciales a todos los bancos, independientemente de su tamaño, una decisión de larga data que, a su vez, puede considerarse resultado de la influencia de los bancos más grandes en las políticas de la UE.
Aun así, las decisiones de la UE de apartarse de Basilea III también tienen inconvenientes:
En primer lugar, dan lugar a normas de supervisión más laxas, ya que los coeficientes de capital regulatorio de los bancos son más altos de lo que serían si Basilea III se aplicara de manera coherente (la magnitud de la diferencia depende del perfil de riesgo específico de cada banco). Esto, a su vez, menoscaba la confianza en el sector bancario europeo en su conjunto. Los inversores desconocen cuánto más bajos serían los coeficientes con una aplicación «plena» de Basilea III. Por ejemplo, la reciente Evaluación Global de los 130 bancos más grandes de la zona del euro dio lugar a que la ABE publicara una medida de los coeficientes de capital que los medios de comunicación y los comentaristas denominaron ampliamente «Basilea III plenamente implementado», pero que en realidad era, como la ABE describió correctamente, un coeficiente CRR/CRD4 basado en las normas que serán aplicables en 2016, una vez vencidas las disposiciones transitorias. Esta divulgación supuso un avance significativo respecto de las prácticas anteriores en materia de transparencia supervisora, pero aun así no llegó a informar a los inversores sobre la solidez del capital de cada banco conforme a las normas efectivas de Basilea III.
En segundo lugar, apartarse del marco mundial menoscaba la influencia de la UE en el Comité de Basilea y, en general, en los organismos mundiales que establecen normas financieras. En estos organismos, como dijo en una ocasión un alto responsable de políticas (y en igualdad de condiciones, es decir, a un mismo nivel de peso demográfico, económico y geopolítico), «cumplir es influir»; es decir, cuanto más creíblemente pueda afirmar una jurisdicción que aplica fielmente las normas acordadas, mayor impacto puede tener en futuras revisiones o nuevas normas. La UE gozó de esa autoridad moral tras adoptar rápidamente el anterior Acuerdo de Basilea II de 2004, y no dudó en reprochar a Estados Unidos su propio retraso en el proceso de adopción de Basilea II. Pero esa ventaja se erosionó cuando la crisis reveló importantes deficiencias del marco de Basilea II, y ahora se ve mermada porque la UE va rezagada en la adopción de Basilea III, más riguroso.
En tercer lugar, la UE ha defendido durante mucho tiempo, como principio general, el surgimiento y el fortalecimiento de normas financieras mundiales. Su interés a largo plazo sigue alineado con el éxito de las iniciativas mundiales de regulación financiera. Al no cumplir Basilea III, debilita no solo su propia autoridad dentro del Comité de Basilea, sino también la autoridad mundial del propio Comité. Otras jurisdicciones podrían verse tentadas ahora a introducir sus propias desviaciones de las normas mundiales, amparándose en afirmaciones cuestionables sobre particularidades locales o regionales, e invocando el precedente de la UE.
Como consecuencia de estos tres factores, lo más conveniente para la UE sería reajustar sus prácticas de supervisión y su legislación prudencial para cumplir Basilea III, como en el pasado cumplió Basilea I y Basilea II. El anexo 16 del informe del RCAP enumera de manera útil 11 «cuestiones que la UE debería considerar para evaluar los avances en la armonización de la normativa de capital de la UE con el Marco de Basilea». El Comité de Basilea prefiere esta expresión diplomática a la más sencilla «recomendaciones», porque no quiere parecer que impone condiciones severas para retirar la infame marca de «materialmente no conforme».
Las perspectivas de convergencia son moderadamente alentadoras. La declaración de la Comisión Europea en respuesta a la publicación del informe del RCAP sugiere una postura más abierta y constructiva que en octubre de 2012, cuando la evaluación anterior provocó una reacción furiosa de Michel Barnier, entonces comisario europeo. Esta vez, sin embargo, la respuesta más estridente ha venido del Parlamento Europeo: dirigentes parlamentarios de los principales grupos políticos emitieron una declaración conjunta mordaz que tacha al Comité de Basilea de «organismo que trabaja sin legitimidad y sin transparencia alguna» y proclama con razón que «no puede modificar las decisiones adoptadas democráticamente por las instituciones europeas», una afirmación de hecho que presumiblemente el Comité de Basilea no tiene intención de cuestionar. La ironía, que no pasó desapercibida para algunos observadores, es que estos argumentos se parecen mucho a los que utilizan los euroescépticos en distintos Estados miembros, quienes presentan a la UE como irresponsable, opaca e ilegítima y reservan la etiqueta democrática exclusivamente para las instituciones nacionales. De hecho, los máximos dirigentes políticos de las principales economías del mundo, incluida la UE y sus mayores Estados miembros, respaldaron firmemente el acuerdo de Basilea III en sucesivas cumbres del G20 desde 2010. A pesar de las poses, cabe esperar que futuras revisiones de la legislación CRR/CRD4 de la UE y del propio acuerdo de Basilea III faciliten la eliminación gradual de al menos algunas de las áreas de incumplimiento más flagrantes.
En un horizonte más corto, el BCE tiene un papel importante que desempeñar. Desde el 4 de noviembre de 2014, supervisa todos los bancos de la zona del euro, directamente en el caso de los 120 más grandes e indirectamente, pero mediante un marco de políticas común, en el de todos los demás. Puede ejercer su discrecionalidad supervisora (lo que la jerga de Basilea denomina medidas del Pilar II) para imponer requerimientos de capital más estrictos que el mínimo establecido por el CRR, y puede alinearlos con una aplicación más coherente del acuerdo de Basilea III. Si no llega a eso, puede divulgar cuánto reduciría la aplicación «plena» de Basilea III el coeficiente de capital de cada banco, algo que también está facultado para hacer cumplir en virtud de la legislación de la unión bancaria de la UE. En octubre de 2014, tanto el BCE como el Mecanismo Único de Supervisión que alberga se convirtieron en miembros de pleno derecho del Comité de Basilea, en el que hasta entonces el BCE solo tenía condición de observador. El principio de que cumplir permite influir también se aplica al BCE. Para maximizar su impacto en el establecimiento de futuras normas mundiales sobre capital bancario y regulación prudencial, el BCE debería usar su nueva autoridad para imponer rápidamente más prácticas que cumplan mejor Basilea III que el imperfecto mínimo establecido en la legislación CRR/CRD4 de la UE.
Este artículo se publica en colaboración con Bruegel. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Nicolas Véron es investigador sénior en Bruegel
Imagen: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas el 15 de junio de 2005. La batalla por el presupuesto de la UE y el rescate de la constitución propuesta encabezarán la agenda de la cumbre del bloque de 25 países cuando se reúna los días 16 y 17 de junio en su sede de Bruselas. UNICS REUTERS/Thierry Roge.





