La energía se ha convertido en un eje central de la formulación de políticas mundial. Mientras la caída de los precios del petróleo acapara titulares en todo el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de China, Xi Jinping, han firmado un importante acuerdo sobre el cambio climático, y las decisiones del Consejo Europeo de octubre podrían señalar avances reales hacia una política energética seria de la Unión Europea. Este impulso debe mantenerse durante el próximo año y culminar en diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en París.
Pero, para establecer un sistema energético mundial que satisfaga la creciente demanda dentro de los límites de la neutralidad en carbono, debemos evitar los escollos que han lastrado las respuestas anteriores. En particular, debemos encontrar el equilibrio adecuado entre ideología y realismo, los sectores público y privado, y las consideraciones a largo y corto plazo. Y, sobre todo, debemos cumplir nuestros compromisos.
En cuanto a ideología y realismo, la Unión Europea quizá sea el mejor ejemplo de un enfoque desequilibrado, pues la tendencia de los europeos a guiarse por el corazón en lugar de por la razón ha socavado la eficacia de las medidas. El rechazo impulsivo de la energía nuclear por parte de algunos países miembros de la UE ha provocado fuertes aumentos del uso del carbón. Las energías renovables se han promovido con una especie de fervor misionero, independientemente de su eficacia o viabilidad. Y los «objetivos 20/20/20» de la UE —reducir un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar una cuota del 20 % de energías renovables y aumentar un 20 % la eficiencia energética, todo ello para 2020— fueron más un mantra que una política.
Cerrar la brecha entre los sectores público y privado es vital para financiar la construcción de un sistema energético mundial eficiente. La Agencia Internacional de la Energía estima que, para 2040, la inversión anual necesaria únicamente en infraestructura de suministro energético ascenderá a 2 billones de dólares, un 20 % más que los niveles actuales. En los próximos 26 años se necesitarán unos 51 billones de dólares.
Esto es solo una parte del déficit general de inversión en infraestructura, que asciende a 1 billón de dólares anuales, mucho más de lo que los gobiernos pueden permitirse. Por eso, los gobiernos deben establecer alianzas innovadoras con actores del sector privado, reconociendo a la vez que la energía, como bien público, debe estar sujeta a una regulación y supervisión adecuadas.
Se han dado algunos pasos notables en esta dirección, aunque está por verse si se traducirán en acciones concretas. China ha encabezado la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Más importante aún, el Banco Mundial, el G-20 y la UE lanzaron recientemente iniciativas destinadas a canalizar la capacidad de financiación de las empresas hacia el desarrollo de infraestructura.
El Servicio Mundial de Infraestructura del Banco Mundial es una plataforma abierta que reúne a bancos multilaterales de desarrollo, gobiernos nacionales y financiación privada para llevar los proyectos de infraestructura a término y cubrir las carencias que han obstaculizado la inversión. Para estimular esa inversión es fundamental mitigar los riesgos políticos asociados, especialmente mediante una función reforzada del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco.
Del mismo modo, en la cumbre del mes pasado en Brisbane, el G-20 creó un nuevo Centro Mundial de Infraestructura para facilitar el intercambio de información y, con ello, agilizar los proyectos de infraestructura. Además, el Mecanismo «Conectar Europa» de la UE ha asignado 5.850 millones de euros (7.200 millones de dólares) desde ahora hasta 2020 para ayudar a poner en marcha la inversión privada en proyectos de infraestructura que conecten los sistemas energéticos de los países miembros.
Por supuesto, la necesidad de participación del sector privado va más allá de la inversión. El sector privado también está mejor situado para investigar y desarrollar nuevos métodos de producción que limiten la demanda de combustibles fósiles. Para impulsar esas iniciativas, el sector público debería ofrecer fondos o garantías que, aunque arriesgados, podrían reportar enormes beneficios. La financiación del Gobierno de Estados Unidos para la investigación de la fracturación hidráulica —la tecnología que ahora impulsa el auge de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos— se remonta a la década de 1970.
Esto nos lleva a la necesidad de equilibrar las exigencias a corto plazo con una visión a largo plazo. Los proyectos y las políticas energéticas actuales deben tener en cuenta el aumento previsto de la demanda en los mercados emergentes y, al mismo tiempo, garantizar una inversión suficiente en capacidad de generación futura.
Por ejemplo, durante los próximos 25 años está previsto que se retire el 60 % de la capacidad de generación de la UE, lo que contribuirá a una demanda de inversión energética de 2,2 billones de dólares. Además, dado que se espera que la producción de petróleo de formaciones compactas de Estados Unidos alcance su máximo a principios de la década de 2020, deben desarrollarse nuevas fuentes, como las de Irak. Dado el largo plazo necesario para poner en marcha nuevos proyectos, los esfuerzos para afrontar el déficit que se avecina deben comenzar hoy.
En todos estos esfuerzos hay un imperativo común: hacer que las palabras se traduzcan en hechos. El mundo no necesita más compromisos y promesas; necesita acción. Sin embargo, muchos países siguen emitiendo declaraciones poco ambiciosas que no generan avances reales.
Una vez más, este problema está especialmente extendido en Europa. Los principios de hoy —la necesidad de contar con proveedores diversos, una mayor interconexión, más eficiencia y una combinación sensata de fuentes de energía— llevan al menos una década debatiéndose.
De hecho, pese al flujo aparentemente interminable de nuevas iniciativas y proyectos energéticos, Europa ha avanzado poco; su situación energética incluso podría haber empeorado. Volver a presentar las mismas estrategias de siempre —basta con fijarse en el paquete de inversión de 300.000 millones de euros, tan promocionado por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker— sencillamente no funcionará.
Con la atención puesta en la COP21 del próximo diciembre, el año que viene será una oportunidad excepcional para construir un sistema energético mundial sólido. Europa, que se ha enorgullecido de su liderazgo energético, debería dar ejemplo elaborando —y luego aplicando— una estrategia realista a largo plazo que involucre al sector privado.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta sénior del Banco Mundial, es miembro del Consejo de Estado de España, profesora visitante en la Universidad de Georgetown y miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Estados Unidos del Foro Económico Mundial.
Imagen: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, el 15 de junio de 2005. REUTERS.
