Los apagones ibéricos de 2025 y las olas de calor europeas de 2026 no tuvieron una causa única; ambos fueron reacciones que se propagaron por sistemas gestionados por separado.
Más de la mitad de los altos cargos del sector energético afirma que sus organizaciones carecen de una estrategia de resiliencia claramente definida.
La resiliencia energética debe incorporarse desde el diseño en todos los actores públicos y privados, y no añadirse después de que algo ya haya salido mal.
En abril de 2025, un apagón se extendió por la España peninsular y Portugal. En cuestión de segundos, se detuvieron las redes de transporte, cayeron las redes móviles y los hospitales pasaron a utilizar energía de respaldo. Una investigación de un panel de ENTSO-E, una asociación de operadores de redes eléctricas europeos, atribuyó posteriormente el fallo a una combinación de factores técnicos y de control de la red que interactuaron entre sí.
Un año después, las olas de calor sin precedentes que afectaron a Europa occidental llevaron la demanda de electricidad a nuevos máximos en el verano de 2026, y los operadores de redes emitieron nuevas advertencias sobre el suministro, mientras sus efectos se propagaban a través de las fronteras.
Ni los apagones de 2025 ni la presión sostenida sobre la red observada este año tuvieron una causa única. Cada uno fue el resultado de una reacción en cadena: un fallo técnico, un fallo de control o un impacto climático que se propagó por sistemas y sectores que antes se gestionaban por separado. Debemos prestar atención a este cambio.
Durante la mayor parte de la última década, las empresas energéticas han tratado los ciberataques, el sabotaje físico, los fenómenos meteorológicos extremos y las perturbaciones geopolíticas como problemas distintos, cada uno con su propio equipo, presupuesto y registro de riesgos. Sin embargo, en sistemas energéticos cada vez más digitalizados e interconectados, esa separación empieza a parecer el problema en sí.
Las amenazas energéticas ya no se limitan a su ámbito
En los últimos años se han dañado deliberadamente gasoductos submarinos y cables eléctricos. Las redes eléctricas han sufrido sabotajes físicos y ciberataques. Las terminales de GNL y los buques metaneros se enfrentan a drones y bloqueos, además de condiciones meteorológicas adversas. Los operadores de redes de Asia-Pacífico están diseñando ahora infraestructuras eólicas capaces de resistir terremotos; una medida necesaria, ya que las energías renovables se expanden en mercados con actividad sísmica mientras los gobiernos dudan en endurecer la regulación por temor a socavar la competitividad.
Si se suman la incertidumbre normativa, el envejecimiento de los activos y la supervisión irregular de las redes, lo que emerge no es tanto una lista de amenazas distintas como una exposición única e interconectada del sistema energético mundial. Una sequía en Ecuador en 2024 provocó el colapso casi total de la red, porque el país obtiene tres cuartas partes de su electricidad de la energía hidroeléctrica. Es a la vez una cuestión climática, de suministro y de infraestructuras, y ninguna de esas tres perspectivas basta por sí sola para explicarla.
Los datos de las encuestas lo confirman. La investigación Energy Industry Insights 2026 de DNV, basada en respuestas de más de 1.000 altos cargos del sector energético, reveló que más de la mitad afirma que sus organizaciones carecen de una estrategia de resiliencia claramente definida y actualizada con regularidad. Apenas un tercio prevé aumentar la inversión en resiliencia climática durante el próximo año, aunque los riesgos físicos sean cada vez más difíciles de ignorar.
La resiliencia ya es una cuestión de consejo de administración
Durante años, resiliencia significó cumplimiento normativo: satisfacer una norma de seguridad, superar una auditoría o responder a las exigencias de un regulador a posteriori. Eso ya no basta. Los gobiernos consideran cada vez más la energía como una infraestructura nacional crítica. La Directiva de resiliencia de las entidades críticas de la UE y las directivas NIS2 exigen ahora a los operadores demostrar una resistencia sistémica física y frente a ciberamenazas, en lugar de limitarse a informar de los incidentes una vez ocurridos. En Estados Unidos, se ha invocado la Ley de Producción para la Defensa de 1950 para considerar los componentes de la red y las cadenas de suministro una prioridad de seguridad nacional.
Ese cambio normativo refleja una realidad económica. El trilema energético de la seguridad, la asequibilidad y la sostenibilidad no puede sostenerse si falla cualquiera de sus pilares: los apagones y las perturbaciones del suministro encarecen los precios tanto para los hogares como para las empresas, y prevenir resulta sistemáticamente más barato que afrontar las consecuencias. La resiliencia ha pasado de ser una línea en un expediente de cumplimiento a una cuestión para el consejo de administración y, cada vez más, también para los ministerios de Finanzas.
Qué exige un enfoque integral
Para cerrar la brecha entre reconocer una amenaza y actuar ante ella, hay que abordar tres deficiencias concretas.
La primera es la comunicación. A menudo, la industria es la primera en detectar una amenaza emergente, no el gobierno; sin embargo, en la mayoría de los mercados, los canales para compartir esa información con el Estado siguen estando fragmentados. La segunda es la visibilidad. Las empresas suelen cartografiar a sus proveedores directos, pero rara vez ven el software, el firmware y el hardware ocultos varios niveles más abajo en sus cadenas de suministro, lo que limita estrategias como el friendshoring a un efecto, en el mejor de los casos, parcial. La tercera es la autoridad legal. Como señala DNV en su documento de posición sobre el tema, las empresas eléctricas estadounidenses temen las incursiones de drones cerca de las subestaciones, pero a menudo carecen de autorización legal para interceptarlos; es un riesgo operativo que ningún plan interno puede resolver por sí solo.
Eurelectric, la asociación comercial que representa al sector eléctrico europeo, ha calificado la preparación frente a ataques híbridos como «la nueva normalidad» e insta a los Estados miembros de la UE a brindar un apoyo más claro a las empresas eléctricas. DNV propone ahora un marco de cuatro pasos que comprende análisis de riesgos, priorización de inversiones, implementación y validación en cinco dimensiones, desde los activos físicos hasta las cadenas de suministro. Los detalles varían entre organizaciones, pero la orientación es la misma: la resiliencia debe incorporarse desde el diseño en todos los actores públicos y privados, en lugar de añadirse cuando algo ya ha salido mal.
Un lenguaje común y una acción coordinada son imprescindibles
Ninguna empresa, organismo regulador o país puede abordar este problema por sí solo, porque los riesgos que lo generan tampoco respetan esas fronteras. El sector necesita un lenguaje común para hablar de riesgos: uno que permita a una empresa eléctrica, un regulador y un organismo gubernamental describir del mismo modo una misma vulnerabilidad y acordar quién debe actuar primero.
Los propietarios y operadores de activos son responsables de proteger sus infraestructuras, mientras que los gobiernos desempeñan un papel fundamental al proporcionar información más amplia sobre amenazas, proteger las infraestructuras críticas, facilitar el intercambio de información, coordinar la respuesta a incidentes y establecer bases normativas fundamentadas en los riesgos que refuercen la resiliencia de todo el sector.
El marco de DNV puede respaldar ambos niveles de responsabilidad, desde activos y carteras individuales hasta sistemas energéticos y regiones más amplios. Sin un esfuerzo coordinado de este tipo, corremos el riesgo de dejar los sistemas energéticos protegidos en compartimentos aislados frente a amenazas que hace tiempo superaron la capacidad de cualquier actor individual para gestionarlas por sí solo.
