La desinformación en la esfera digital ya no es solo un fenómeno político.
A medida que más personas, especialmente mujeres, se enfrentan a nuevas formas de daño y abuso digital, necesitamos nuevas formas de reparación para las víctimas.
El Foro Económico Mundial está explorando mecanismos cohesionados y sistémicos que tengan en cuenta los derechos, responsabilidades y deberes de los distintos actores del ecosistema de datos.
Desde hacer negocios hasta mantenernos informados de las noticias, dependemos del acceso a la información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero ¿qué ocurre cuando esa información es incorrecta o, peor aún, nos perjudica de forma injusta con consecuencias en el mundo real?
Con frecuencia hablamos de la desinformación como un fenómeno político, pero cada vez es más directa. Los actores malintencionados que instrumentalizan el odio, la desconfianza y las divisiones políticas en forma de desinformación han colonizado nuestros espacios digitales para negociar e imponer sus propios valores sociales, creando nuevas formas de daño. Ya proceda de vídeos deepfake, contenidos difamatorios o información inexacta difundida por un error administrativo, cada vez es más difícil de remediar, ya que en la actualidad existen pocas vías para buscar justicia en un mundo digitalizado a escala global.
Hay una serie de razones por las que la justicia es difícil de alcanzar, entre ellas la arquitectura técnica, la confusión sobre las jurisdicciones y los intereses del mercado, por citar algunas. Pero si necesita recurrir a un remedio por un daño digital, ¿sabe por dónde empezar? Cuando se comete un delito, normalmente se pone el asunto en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, dada la opacidad de la responsabilidad en cualquier servicio de datos, y más aún en la creación de contenidos difamatorios en línea, ¿tienen realmente las fuerzas de seguridad la capacidad de identificar al autor? ¿Qué ocurre si sufre el daño en una jurisdicción distinta a la de su país de origen? ¿Se aplicarían las mismas normas? Solucionar el problema, si es que eso es posible, es un proceso abrumador y a menudo costoso, y buscar una reparación lo es todavía más.
Ya no es solo un fenómeno político
No es sorprendente que la desinformación y la información errónea hayan ido más allá de lo político. La infodemia en torno a las vacunas contra la COVID-19 es un claro ejemplo.
A este problema se suma la falta de acceso a las vacunas y las barreras estructurales, que también afectan negativamente a las tasas de vacunación en las comunidades de color. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 43 estados de EE. UU., el porcentaje de personas blancas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 (38 %) era 1,6 veces superior al de las personas negras (24 %) y 1,5 veces superior al de las personas hispanas (25 %) a 26 de abril de 2021. ¿Por qué ocurre esto?
La narrativa predeterminada es que las personas negras, y las comunidades de color en general, se muestran más reacias a vacunarse. Estas narrativas citan el estudio de la sífilis de Tuskegee de los años treinta, durante el cual los profesionales sanitarios negaron tratamiento médico a hombres negros con sífilis, como prueba de una desconfianza existente que podría frenar las tasas de vacunación contra la COVID-19 en la comunidad negra.
Pese al bajo número de personas negras e hispanas que se vacunan, una encuesta de abril de ABC News/Washington Post reveló que la intención de vacunarse en realidad aumentó en las comunidades de color desde enero, con el mayor incremento entre los encuestados hispanos (+16 puntos) y negros (+11 puntos), seguidos de los encuestados blancos (+5 puntos). Los encuestados hispanos (81 %) fueron los más propensos a afirmar que ya estaban vacunados o que se inclinaban a vacunarse, seguidos de los negros (75 %) y blancos (72 %).
Un nuevo informe del Center for Countering Digital Hate identificó a 12 personas clave, la «docena de la desinformación», cuyas cuentas en todas las principales plataformas de redes sociales explotan la narrativa predeterminada de que la menor tasa de vacunación en las comunidades de color se debe a la reticencia a vacunarse, para difundir conspiraciones y mentiras sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Quienes difunden este tipo de desinformación son, por supuesto, ayudados por algoritmos potentes que priorizan las publicaciones con más probabilidades de hacerse virales. De hecho, un estudio concluyó que el contenido falso tiene un 70 % más de probabilidades de ser compartido que el contenido verdadero.
El ejemplo anterior, sin embargo, sugiere que la información precisa puede ser igual de perjudicial que la información inexacta, según el contexto, la persona o el servicio responsable de su difusión. La narrativa predeterminada sobre la reticencia a vacunarse es, de hecho, históricamente cierta en cierta medida. Sin embargo, no refleja la magnitud de la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria de las comunidades de color. Así, esta narrativa unilateral está siendo utilizada como arma por actores malintencionados que pretenden culpabilizar y avergonzar a estas comunidades.
Las cifras
Necesitamos caminos claros hacia la justicia para las personas y los grupos que sufren daños en línea y a través de la tecnología. Con servicios y productos de datos regulados de forma insuficiente, las leyes y normas establecidas en el mundo físico no se reflejan en el mundo digital. En consecuencia, el público tiene poca o ninguna visibilidad sobre quién está detrás de comportamientos digitales intencionadamente dañinos.
Esto ha permitido que formas conocidas de abuso físico (acoso escolar, violencia de género, acecho, agresión sexual, maltrato a personas mayores, trata de seres humanos) se multipliquen a escalas incontrolables. Por ejemplo:
2 de cada 5 mujeres sufren acoso sexual en línea.
1 de cada 12 adultos estadounidenses son víctimas de pornografía no consentida (también conocida como «porno vengativo»).
El 96 % de los deepfakes son pornografía no consentida que tiene como objetivo a mujeres sin su consentimiento.
Se ha registrado un aumento del 86 % del abuso basado en imágenes en Australia desde que se implantaron las medidas de confinamiento por la COVID-19.
El 59 % de los adolescentes afirma haber sufrido acoso o intimidación en línea.
El 48,7 % del alumnado LGBTQ ha sufrido ciberacoso en un año determinado.
El grupo de edad más atacado por los ciberdelincuentes son las personas de 60 años o más.
Fuentes: EndTAB y ONU Mujeres
El sistema actual premia la impunidad, y los actores malintencionados siguen prosperando en la lucrativa industria de la difamación con fines de lucro. Un sitio web de gestión de reputación generó 2 millones de dólares al año en ingresos. Su misión es facilitar la difusión de contenidos perjudiciales sobre cualquier persona y ofrecer servicios costosos para eliminarlos. En el sitio web de gestión de reputación RepZe, la eliminación de publicaciones de «sitios de infieles» cuesta a partir de 1.000 dólares, y la eliminación de artículos de prensa negativos, a partir de 3.500 dólares.
Si no se actúa, la gravedad de estos abusos facilitados por la tecnología prevalecerá. Podemos actuar ahora o esperar a que estos problemas nos afecten inevitablemente de forma directa a nosotros y a las personas que nos importan.
El panorama normativo actual
La protección insuficiente de los datos, la escasa transparencia a lo largo de la cadena de valor de los datos, los algoritmos sin control y los escasos recursos para las víctimas solo han dado lugar a respuestas legislativas parciales a nivel federal y a leyes estatales desarticuladas. La mayoría de los países desarrollados han adoptado amplias protecciones jurídicas para los datos personales, pero Estados Unidos, sede de algunas de las mayores empresas de tecnología de la información del mundo, sigue actuando de forma arbitraria, con normativas fragmentadas y específicas de cada sector que no protegen eficazmente a las víctimas. Las personas sufren por no disponer de vías claras de reparación, mientras que los malos actores y los responsables de daños digitales actúan con total impunidad.
Lo último que necesitamos es un sistema de recurso complejo que cree más obstáculos para las víctimas, especialmente para quienes no tienen acceso a una representación jurídica costosa. Necesitamos mecanismos cohesionados y sistémicos que tengan en cuenta los derechos, responsabilidades y deberes de los distintos actores del ecosistema de datos. No hacerlo perpetuará un patrón de revictimización en el que la víctima se ve obligada a revivir su trauma durante el proceso de aportar pruebas y demostrar su condición de víctima en distintas etapas de la búsqueda de reparación. Hay que poner fin a la normalización de cargar el peso del trabajo sobre las víctimas. Las soluciones deben exigir cuentas a los responsables y acabar con las narrativas que culpabilizan a las víctimas.
Si no se aborda, este problema seguirá agravándose y alcanzará escalas incontrolables y sin precedentes. Debemos actuar ya.
El Consejo Global del Futuro sobre Política de Datos del Foro Económico Mundial lidera una iniciativa multiactor destinada a explorar estas cuestiones, Caminos hacia la justicia digital, en colaboración con el Consejo Global del Futuro sobre Medios, Entretenimiento y Deportes y el Consejo Global del Futuro sobre IA para la Humanidad. Para obtener más información, póngase en contacto con Evîn Cheikosman en evin.cheikosman@weforum.org.
