Por fin, el rumbo de la inversión está cambiando. Billones de dólares en fondos de inversión respaldan ahora una rápida transición hacia una economía sin emisiones de carbono. La razón es sencilla: el cambio climático merma la capacidad de los inversores institucionales para ofrecer rendimientos a largo plazo a los ahorradores y pensionistas del mundo.
Sin embargo, este año el camino por delante se volvió más difícil cuando el presidente Trump decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Entre las muchas razones que dio Trump estaba su afirmación de que cumplirlo le costaría a Estados Unidos millones de empleos, incluidos los del sector del carbón: «Resulta que quiero mucho a los mineros del carbón», explicó el presidente.
«Resulta que quiero mucho a los mineros del carbón», Donald Trump
Según una verificación de datos realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, las afirmaciones del presidente Trump sobre la pérdida de empleos son «dudosas y engañosas» y se basan en investigaciones de organizaciones contrarias a la acción climática[i]. Las pruebas internacionales recopiladas por la OCDE en un informe reciente muestran que las políticas ecológicas «no tienen por qué perjudicar el empleo general si se aplican correctamente».[ii]
En Estados Unidos, la energía solar por sí sola emplea a más personas que el petróleo, el carbón y el gas juntos. Además, para 2050, una economía mundial basada en las energías renovables y la eficiencia energética crearía 24 millones más de empleos permanentes a tiempo completo, según una investigación del profesor Marc Jacobsen, de la Universidad de Stanford.
Empleo varado
Sin embargo, las perspectivas netas positivas de un futuro sin emisiones de carbono no significan que puedan pasarse por alto las consecuencias de la transición para el empleo, y menos aún por parte de los inversores. Las consecuencias macroeconómicas de la transición no tienen precedentes por su amplitud y profundidad. Habrá trastornos sociales. Si se gestionan mal, la propia transición se verá perjudicada, el desempeño económico se resentirá y los rendimientos de las inversiones se verán socavados.
Los inversores son cada vez más conscientes del riesgo de que queden activos varados en sus carteras. Pero aún no han valorado las posibles consecuencias negativas para los trabajadores y las comunidades que dependen de industrias con altas emisiones de carbono: en efecto, el riesgo de que queden trabajadores y comunidades varados. Entre las cuestiones clave están la ubicación y la calidad de los nuevos «empleos verdes», así como la negociación del ritmo y el proceso de cambio en los sectores en declive. No se trata solo de unos cuantos programas de reconversión profesional, sino del destino económico de regiones enteras.
Para los inversores ávidos de rentabilidad, cada vez resulta más convincente y multidimensional el argumento a favor de añadir una dimensión social a sus estrategias climáticas.
Recordemos París
El primer catalizador para actuar está en el propio Acuerdo de París, que, además de pedir políticas para lograr la descarbonización y la resiliencia, también señaló que estas deben tener en cuenta «los imperativos de una transición justa de la fuerza laboral». Promovida desde hace mucho tiempo por el movimiento sindical internacional, la «transición justa» se ha convertido en el grito de movilización de quienes reconocen que la descarbonización solo tendrá éxito si respeta a quienes trabajan en las industrias de combustibles fósiles y canaliza inversiones hacia la renovación de las regiones que dependen de sectores con altas emisiones de carbono.[iii]
De hecho, el Congreso Sindical Internacional (CSI) ha creado un nuevo Centro para la Transición Justa.[iv] Sabemos que la historia de la desindustrialización de los últimos 40 años ha dejado cicatrices económicas y sociales duraderas en muchas partes del mundo, y ha contribuido tanto al desaprovechamiento de oportunidades como al estancamiento económico. Muchos de estos costes también tienen dimensiones específicas de género y raza.
Si no se abordan estos problemas persistentes, inevitablemente se produce una reacción política. Por eso, si los inversores quieren una transición fluida, es esencial comprender sus consecuencias sociales.
El auge de los populistas
El riesgo para los inversores es la llegada de populistas contrarios a la acción climática que aprovechan el declive estructural de los sectores con altas emisiones de carbono para bloquear nuevas medidas destinadas a construir una economía limpia. Las protestas de este tipo socavan los argumentos políticos a favor de reasignar capital a modelos industriales más limpios y eficientes, muchos de los cuales ofrecen posibilidades de crear empleo (como la energía eólica y solar y la eficiencia energética).
A esto se suma la constatación de que la desigualdad provocada por transiciones mal gestionadas puede reducir el potencial económico a largo plazo de los países. Según el FMI, la desigualdad «tiende a reducir el ritmo y la durabilidad del crecimiento» del que dependen los rendimientos de los inversores.[v] En esencia, una transición que intente reducir las emisiones sin reducir la desigualdad probablemente perjudicará el desempeño de las inversiones a largo plazo.
Conectar los puntos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco general de la ONU para el progreso del planeta hasta 2030, ofrecen un último impulso para que los inversores conecten el empleo con el clima. En retrospectiva, los ODS pueden entenderse como una hoja de ruta para una «transición justa», en particular por sus objetivos de erradicar la pobreza (objetivo 1), lograr la igualdad de género (objetivo 5), garantizar energía limpia (objetivo 7), promover el trabajo decente (objetivo 8) y combatir el cambio climático (objetivo 13).
Sin embargo, con demasiada frecuencia estos objetivos se examinan por separado, y los objetivos sociales y medioambientales quedan aislados en compartimentos estancos. Además, la importancia de una transición justa no se limita a las economías posindustriales. Los países emergentes y en desarrollo no solo están entre los mayores productores de combustibles fósiles, sino que a menudo dependen más de los sectores con altas emisiones de carbono para su desarrollo económico.
Sin embargo, con demasiada frecuencia estos objetivos se examinan por separado, y los objetivos sociales y medioambientales quedan aislados en compartimentos estancos.
También cuentan con las redes de protección social más débiles y concentran a la mayoría de las personas cuyos medios de vida se ven perjudicados por los efectos cada vez más intensos del cambio climático. Esto señala la necesidad de adoptar una perspectiva verdaderamente mundial.
Empezar por la G
La tarea práctica de los inversores consiste en desarrollar estrategias climáticas que vinculen la E y la S de los criterios ESG. La G de gobernanza es un buen punto de partida. La participación accionarial es una herramienta clave para que los inversores se aseguren de que su capital se ajusta a una trayectoria compatible con un límite de 2 grados.
Algunos inversores han empezado a integrar en su diálogo sobre el clima las consecuencias para los trabajadores y las comunidades. CalPERS, por ejemplo, lo ha hecho en su trabajo con empresas de servicios públicos de Estados Unidos. Además, los sindicatos, a través del Comité sobre el Capital de los Trabajadores, han elaborado Principios para las resoluciones de accionistas que exigen a las empresas presentar planes de descarbonización junto con un diálogo social.[vi]
Este año, las resoluciones que instaban a las empresas estadounidenses a publicar escenarios climáticos obtuvieron el respaldo del 62 % en Exxon y del 67 % en Occidental. El siguiente paso es incorporar de forma más explícita las consecuencias sociales de la transición en las estrategias proactivas de participación accionarial, por ejemplo, en el análisis de escenarios y la estrategia empresarial (incluidos el diseño y la aplicación de planes de empleo).
Un enfoque basado en el territorio
La asignación de capital es otro ámbito fundamental para actuar. La oportunidad consiste en conectar el creciente interés tanto por la inversión de impacto como por los activos verdes. La cuestión es cómo ayudar a canalizar la inversión hacia regiones clave que ya han quedado rezagadas por la desindustrialización, así como hacia aquellas que probablemente se verán afectadas por la descarbonización.
En Estados Unidos, los fondos de pensiones llevan mucho tiempo aplicando estrategias de «inversión con objetivos económicos» (ETI, por sus siglas en inglés) para apoyar sus economías locales y generar la prosperidad que permita cumplir las futuras promesas de pensiones. Una de las desventajas de la globalización es que ha erosionado la importancia del territorio en la toma de decisiones económicas y financieras. Ahora existe la posibilidad de adoptar un enfoque de inversión climática basado en el territorio.
Esto permitiría identificar y desarrollar carteras de activos verdes accesibles para inversores inmobiliarios, de infraestructuras, de capital privado y de renta fija. Los proyectos comunitarios de energías renovables ofrecen formas atractivas de combinar la descarbonización, la inversión basada en el territorio y el empoderamiento de las comunidades, y algunos fondos de pensiones del Reino Unido ya los están impulsando. La creación de «bolsas sociales» locales también podría ayudar a captar financiación de capital público.
Hay iniciativas prometedoras impulsadas desde las bases, como el Fondo para una Transición Justa en los Apalaches. Sin embargo, aún no se han conectado con las carteras principales de los inversores institucionales.[vii] Una posible vía sería poner en marcha zonas piloto de «finanzas sostenibles» que centren la atención en las áreas con mayores necesidades y vulnerabilidad, e identifiquen medidas prácticas que luego puedan ampliarse.
Captación de capital
Estas estrategias basadas en el territorio a menudo solo funcionarán si se aplican las políticas adecuadas, lo que pone de relieve la necesidad más amplia de que los inversores incorporen la transición justa a su diálogo con los gobiernos. La creciente disposición de los inversores a presionar para que se adopten políticas climáticas ambiciosas ha sido uno de los logros de los últimos años. Cerca de 400 inversores que gestionan más de 22 billones de dólares estadounidenses en activos instan a los gobiernos a impulsar la rápida aplicación del Acuerdo de París.
Ahora que nos disponemos a establecer los «planes de captación de capital» que harán realidad los objetivos climáticos, los inversores deben colaborar con los responsables de formular políticas y otras partes interesadas para garantizar que se desarrollen fondos públicos e incentivos específicos, tanto para responder a los riesgos laborales que afrontan los sectores y las comunidades vulnerables como para aprovechar las oportunidades de renovación existentes. Es fundamental que los inversores se pongan en contacto con sindicatos, grupos comunitarios y autoridades regionales para comprender cómo sus estrategias de inversión frente al cambio climático podrían contribuir de verdad a impulsar una regeneración económica más amplia.
En definitiva, la transición deberá cumplir varios objetivos: ser eficaz para alcanzar las metas climáticas, fluida para minimizar las perturbaciones y positiva para generar tanto oportunidades como rendimientos. También deberá ser justa. La acción de los inversores será fundamental para lograr este componente esencial.
Nick Robins es codirector de la Investigación sobre un Sistema Financiero Sostenible de ONU Medio Ambiente. Escribe a título personal.
Agradecimientos: La idea de este artículo surgió de conversaciones mantenidas en un retiro de Authentic Investor en Findhorn, en mayo de 2017. Gracias a quienes participaron en el retiro y a otras personas por sus valiosas aportaciones, en particular a Robin Alfred, Andrea Armeni, Vonda Brunsting, Abigail Herron, Rob Lake, Søren Larsen, Will Pomroy, Fiona Reynolds, Shannon Rohan, Anne Simpson, Alison Tate, Lily Tomson y David Wood.
REFERENCIAS
[i] http://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energy/climate/international-climate-policy/paris-agreement/fact-check/
[ii] https://www.oecd.org/.../Employment-Implications-of-Green-Growth-OECD-Report-G7-Environment-Ministers.pdf
[iii] http://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf
[iv] https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre
[v] https://iri.hks.harvard.edu/blog/why-and-how-might-investors-respond-economic-inequality
[vi] https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/shareholder_resolution_principles.pdf
[vii] Ejemplos interesantes incluyen la iniciativa de empleos verdes de Dinamarca (http://groennejob.dk/documents) y la iniciativa «Clean Growth Century» de Canadá
