El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha detallado cómo los gobiernos pueden proteger los derechos de la infancia frente al cambio climático.
Su comunicado afirma que el cambio climático es una «crisis de los derechos del niño» y que los gobiernos tienen la obligación legal de actuar.
Pero la verdadera prueba estará en la aplicación.
El cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino una crisis de derechos humanos. Y los seres humanos más afectados por la catástrofe climática son los más jóvenes: los niños.
Hemos visto cómo los niños se han visto afectados directamente por las olas de calor sin precedentes en el hemisferio norte este año. En Grecia, 1.200 niños fueron evacuados cuando un incendio forestal amenazó sus campamentos de vacaciones.
En Estados Unidos, los niños fueron arrastrados por las aguas de las inundaciones en Kentucky tras lluvias torrenciales, mientras una ola de calor extrema azotó la costa oeste. En Australia, se prevé que este verano sea caluroso, seco y peligroso pero eso no es nada comparado con lo que está por venir.
¿Cuáles son, por tanto, las responsabilidades de los gobiernos para reducir el daño que el cambio climático causará en la vida de los niños?
Un comunicado del Naciones Unidas (ONU) publicado hoy aborda esta cuestión. Explica con claridad por qué y cómo el cambio climático vulnera los derechos de la infancia, incluido el derecho básico a la vida. También detalla los pasos necesarios para mitigar esta catástrofe.
Una guía práctica para ayudar a los niños
El comunicado procede de un órgano de la ONU compuesto por 18 expertos que supervisa cómo los gobiernos nacionales aplican la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Se trata de un acuerdo internacional sobre una amplia gama de derechos humanos en relación con la infancia, incluidos su salud, educación, desarrollo, interés superior y nivel de vida.
De vez en cuando, los comités de derechos humanos de la ONU publican una nueva interpretación del tratado que supervisan. Estas se conocen como “observaciones generales”.
Las observaciones generales son importantes porque ofrecen orientación autorizada a los gobiernos de los 196 países que han ratificado la convención, entre ellos Australia. También proporcionan una norma acordada a nivel mundial con la que pueden evaluarse los gobiernos y las empresas.
Esta nueva observación es fruto de casi dos años de consultas con más de 7.000 niños de 103 países, así como con gobiernos y expertos pertinentes.
No es simplemente una declaración de principios. Más bien, es una guía práctica de «cómo actuar». Este documento ayudará a los niños, a los jóvenes y a quienes los defienden a exigir responsabilidades a los gobiernos y a otros actores por sus decisiones.
Entonces, ¿qué dice el documento?
La observación general establece que los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la infancia. Afirma que los «efectos adversos del cambio climático» sobre el disfrute de los derechos de los niños «dan lugar a obligaciones de los Estados de adoptar medidas para protegerse contra esos efectos». Añade que el comité encargado de supervisar la convención pretende:
i) Subrayar la necesidad urgente de abordar los efectos adversos del daño ambiental y del cambio climático en los niños;
ii) Promover una comprensión holística de los derechos de los niños en lo que respecta a la protección del medio ambiente;
iii) Aclarar las obligaciones de los Estados partes en la Convención y ofrecer orientación autorizada sobre las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que deban adoptarse en relación con las cuestiones ambientales, con especial atención al cambio climático.
La observación general también reconoce a los niños como agentes de sus propias vidas. Por extensión, esto significa que los niños tienen derecho a participar en la elaboración de las políticas o leyes ambientales que les afecten.
Estos son los puntos del comité más relevantes para Australia.
1. Interés superior del niño
Un principio clave del tratado es que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial al tomar decisiones en su nombre. Estas decisiones incluyen leyes, reglamentos, presupuestos y acuerdos internacionales. La observación general amplía este punto y afirma:
el interés superior del niño será una consideración primordial en la adopción y aplicación de decisiones ambientales que afecten a los niños.
Afirma que este proceso debe tener en cuenta «las circunstancias específicas que hacen que los niños sean especialmente vulnerables en el contexto ambiental».
Este enfoque basado en el «interés superior» contrasta marcadamente con el adoptado por el pleno del Tribunal Federal de Australia. En 2022, el tribunal aceptó el argumento del gobierno federal de que no tiene un deber de diligencia hacia los niños y de que el principio del interés superior no es algo que deba considerar al tomar decisiones sobre el medio ambiente.
2. Protección de los niños indígenas
Los niños indígenas y sus comunidades son especialmente vulnerables al cambio climático.
Por ejemplo, un estudio reciente constató que las comunidades indígenas de Nueva Gales del Sur estaban expuestas de forma desproporcionada a una serie de fenómenos climáticos extremos, como el calor, la sequía y las inundaciones. También sufrían tasas más elevadas de afecciones de salud sensibles al clima y desventajas socioeconómicas.
La observación establece que los Estados están obligados a garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños indígenas. También se espera que «se impliquen con los niños indígenas y sus familias para responder al cambio climático integrando, según proceda, las culturas y los conocimientos indígenas en las medidas de mitigación y adaptación».
En Australia, esto significa que los gobiernos estatales, territoriales y federal tienen el deber de escuchar a las comunidades indígenas —especialmente a sus miembros más jóvenes— y de tener en cuenta su perspectiva al elaborar cualquier política o ley que pueda afectar a su sustento y a su cultura.
3. Acciones del sector empresarial
La observación general establece que los gobiernos deberían exigir a las empresas que realicen una «diligencia debida» para evaluar cómo sus acciones actuales y futuras pueden afectar al clima y a los derechos de los niños.
Cuando los efectos de una empresa traspasen las fronteras nacionales, se espera que los gobiernos garanticen que las empresas operen con «normas ambientales destinadas a proteger los derechos de los niños frente a los daños relacionados con el clima».
La observación también espera que los gobiernos fomenten la inversión en tecnologías de cero emisiones de carbono y su uso, especialmente cuando los activos sean de propiedad pública o estén financiados con fondos públicos. Los gobiernos también deberían proteger los derechos de los niños al aplicar regímenes fiscales y al adquirir bienes y servicios del sector privado.
Afrontar el desafío
La observación general deja claro que los Estados ya no deben ignorar los efectos de la crisis climática en los niños y en las generaciones futuras, porque tienen obligaciones legales de subsanarla.
El comité de la ONU articula las responsabilidades de los Estados y detalla cómo deben protegerse los derechos de los niños en todos los niveles de gobierno. Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó décadas antes de que los derechos ambientales se convirtieran en tema de debate, la nueva observación general es una buena referencia para todos, desde los grupos locales de base y de defensa hasta las organizaciones no gubernamentales internacionales y las organizaciones de la ONU como UNICEF.
En esta nueva y audaz declaración, el comité ha llevado la interpretación de la convención casi al máximo y, como otros tratados internacionales, la verdadera prueba estará en su aplicación.
