Los datos sobre los refugiados climáticos (personas obligadas a huir a causa de desastres y otros fenómenos meteorológicos) son limitados, por lo que se les denomina “las víctimas olvidadas del cambio climático”.
El think tank australiano IEP prevé que al menos 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas por estos fenómenos relacionados con el clima de aquí a 2050.
Es urgente aclarar la definición de refugiados por cambio climático, incluidos datos exhaustivos sobre los desplazados internos, y crear un mecanismo internacional para protegerlos.
A medida que empeora la crisis climática mundial, cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de desastres naturales, sequías y otros fenómenos meteorológicos. A estas personas se las denomina a veces “refugiados climáticos”. ¿Quiénes son estos refugiados climáticos? ¿Y cómo puede la comunidad internacional abordar adecuadamente este problema?
¿Quiénes son los refugiados climáticos?
Hoy en día, muchas personas en países en desarrollo sufren sequías y tormentas de viento a una escala nunca antes vista, lo que les priva de alimentos diarios y de necesidades básicas. Todavía recordamos bien que el pasado mes de noviembre muchas personas de los países centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, azotados por dos huracanes masivos, cruzaron en masa la frontera hacia México y se dirigieron hacia la frontera con Estados Unidos.
El término “refugiados climáticos” se acuñó por primera vez para describir la creciente migración a gran escala y los movimientos masivos transfronterizos de personas que fueron causados en parte por esos desastres relacionados con el clima.
En abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó datos que muestran que el número de personas desplazadas por desastres relacionados con el cambio climático desde 2010 ha aumentado a 21,5 millones, y señala que “además de los desastres repentinos, el cambio climático es una causa compleja de la escasez de alimentos y agua, así como de las dificultades para acceder a los recursos naturales.”
El aumento del nivel del mar es otra amenaza. En los últimos 30 años, el número de personas que viven en zonas costeras con alto riesgo de subida del nivel del mar ha aumentado de 160 millones a 260 millones, el 90 % de las cuales procede de países en desarrollo pobres y de pequeños Estados insulares. Por ejemplo, se prevé que en Bangladés el 17 % del país quedará sumergido por la subida del nivel del mar de aquí a 2050, y 20 millones de personas que viven allí perderán sus hogares.
El Registro de Amenazas a los Ecosistemas (ETR, por sus siglas en inglés), publicado en septiembre de 2018 por el Institute for Economics and Peace (IEP), think tank internacional australiano, señala que al menos 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas por estas amenazas de aquí a 2050. En este contexto, la respuesta internacional al problema ha comenzado a avanzar gradualmente.
Una respuesta mundial
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por la ONU en 2018, establece claramente que uno de los factores que provocan movimientos masivos de personas son “los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental”, que incluyen desastres naturales, desertificación, degradación de la tierra, sequía y subida del nivel del mar. Para los migrantes obligados a abandonar sus países de origen debido a la degradación ambiental, el pacto establece claramente que los gobiernos deben trabajar para proteger a los refugiados climáticos en los países de llegada, mediante la planificación de reasentamientos y opciones de visado, cuando la adaptación y el retorno no sean posibles en sus países de origen.
Anteriormente, en marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un documento final que analizaba la cuestión del movimiento transfronterizo de personas provocado por crisis climáticas desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.
El documento señalaba que hay muchas personas que, obligadas a migrar largas distancias y a cruzar fronteras por los efectos del clima, no encajan en la definición de “refugiados”, y que el sistema jurídico para proteger sus derechos humanos es insuficiente, ya que no se aplica el “principio de no devolución”, según el cual las personas que han cruzado fronteras no deben ser deportadas ni repatriadas a sus países de origen contra su voluntad. Asimismo, instó a los gobiernos a “incorporar el concepto de protección de los derechos humanos en la planificación y ejecución de las medidas contra el cambio climático”, incluida la prevención de desplazamientos a gran escala permitiendo que las personas vivan en condiciones que protejan sus derechos humanos, y a promover el reasentamiento planificado con respeto a los derechos humanos como medio de adaptación al cambio climático.
La decisión adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en enero de 2018 también despertó gran atención entre los interesados.
Ioane Teitiota, de Kiribati, una nación insular del Pacífico Sur en peligro de perder sus tierras por la subida del nivel del mar, solicitó el estatus de refugiado como “refugiado climático” ante el Gobierno de Nueva Zelanda, pero su solicitud fue rechazada y fue repatriado a Kiribati en 2015. En 2016 presentó una queja ante el Pacto sobre las Libertades Civiles de la ONU, alegando que su derecho a la vida había sido vulnerado por la repatriación.
Aunque el Comité respaldó la decisión del Gobierno de Nueva Zelanda, al afirmar que el Sr. Teitiota no se enfrentaba a una amenaza inminente para su vida, reconoció que “los efectos del cambio climático”, como la subida del nivel del mar, “representan una grave amenaza para el derecho a la vida de las personas que viven en países como Kiribati”. Concluyó que los tribunales nacionales y otros órganos deben tener esto en cuenta al impugnar la repatriación de migrantes a sus países de origen. La decisión sostuvo que las personas que enfrentan efectos del cambio climático que vulneran su derecho a la vida no pueden ser repatriadas a su país de origen. La decisión ha sido celebrada como “una decisión que abre la puerta a las solicitudes de refugio relacionadas con el cambio climático”.
Acción gubernamental
Los gobiernos también son cada vez más conscientes del problema. En 2015, justo antes de la adopción del Acuerdo de París, el entonces presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó en su discurso programático: “El cambio climático es incluso una [de] las causas profundas de un nuevo fenómeno migratorio. Los refugiados climáticos se convertirán en un nuevo desafío si no actuamos con rapidez”, dijo, subrayando la importancia de intensificar los esfuerzos. También han comenzado los debates en el Parlamento Europeo.
En febrero, poco después de asumir el cargo, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que pedía a Jake Sullivan, asistente del presidente para la seguridad nacional, que debatiera con los departamentos y agencias federales competentes la formulación de una postura sobre cómo identificar a los refugiados climáticos desplazados por el cambio climático y qué tipo de protección y apoyo puede ofrecerles el Gobierno de Estados Unidos. Se espera que el informe se presente al presidente en agosto.
Sin embargo, es difícil afirmar que la comunidad internacional y los gobiernos estén haciendo lo suficiente para abordar a los refugiados climáticos, dada la gravedad del problema.
Una de las razones es la falta de una definición clara de refugiados climáticos y la ausencia de organizaciones e instituciones internacionales que aborden y aclaren la cuestión. Los refugiados climáticos no están amparados por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que protege a las personas con temor fundado de persecución por motivos raciales, religiosos u otros, ni tampoco pueden acogerse a la protección que ofrece dicha Convención. Los datos oficiales sobre los refugiados climáticos son prácticamente inexistentes; por eso se les denomina “las víctimas olvidadas del cambio climático”.
A medida que el problema de los refugiados por cambio climático se agrava, es urgente aclarar la definición de refugiados climáticos, incluidos datos exhaustivos sobre los desplazados internos, y crear un mecanismo internacional para protegerlos. Podría ser conveniente seguir debatiendo cómo abordar esta cuestión en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Los esfuerzos de Japón son insuficientes
En comparación con muchos países desarrollados, Japón no ha mostrado suficiente interés por la cuestión de los refugiados climáticos ni por la concienciación sobre la idea relacionada de seguridad climática. Además, las medidas de protección de refugiados de Japón llevan mucho tiempo señalándose como insuficientes. En cuanto al número de personas acogidas, en 2019 solo 44 personas fueron reconocidas como refugiadas en Japón. Esta cifra dista mucho de la de Alemania, que acogió a 54.000 personas en el mismo año.
Como país desarrollado de Asia en el que viven muchas personas afectadas por la crisis climática, Japón debe abordar con urgencia y seriedad la cuestión de los refugiados climáticos. De lo contrario, en un futuro no muy lejano Japón se enfrentará a un importante riesgo para la seguridad que plantean los refugiados climáticos, así como a un riesgo reputacional.
