La incertidumbre económica mundial, los temores por el impacto de las nuevas tecnologías digitales en el empleo y la emergencia climática ya están poniendo bajo presión los sistemas de bienestar existentes.
Esto suscita interrogantes sobre cómo podrían las sociedades servir mejor a sus ciudadanos en un futuro con menos empleos y más restricciones en los recursos.
Los sistemas de renta básica ya se han puesto a prueba en Finlandia, Canadá, Los Ángeles (Estados Unidos) y Gales, entre otros lugares.
En este artículo, un experto en política social analiza cómo modelos de bienestar como la Renta Básica Universal y la Renta de Participación podrían ayudar a resolver esta crisis pendiente.
La Renta Básica Universal (RBU), un programa en el que todos los ciudadanos adultos reciben una cantidad regular de dinero para gastarla en lo que deseen, domina el debate sobre el futuro de la política social. Se basa en la idea de que, en medio de la abundancia, millones de personas siguen sufriendo desempleo, subempleo y falta de medios para llevar una vida con sentido, y de que una prestación periódica proporcionará un umbral básico que garantice una determinada calidad de vida.
Los sistemas de renta básica ya se han puesto a prueba en Finlandia, Canadá, Los Ángeles (Estados Unidos) y Gales, entre otros. Y muchos países han hecho frente a la brecha de protección social en tiempos difíciles mediante transferencias de efectivo temporales sin condiciones, como ocurrió en respuesta a la COVID-19 en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.
Mientras siguen los debates sobre el impacto previsto de las nuevas tecnologías digitales en el empleo como consecuencia de la creciente automatización, existe una crisis apremiante que también exige cambios radicales en la política social: la emergencia climática.
El bienestar, no el crecimiento económico
Todos los regímenes de bienestar dependen del dividendo del crecimiento futuro de la productividad para respaldar los aumentos del gasto social. Incluso si el crecimiento económico pudiera desvincularse de las emisiones, es poco probable que esto ocurra con la suficiente rapidez para frenar el calentamiento global entre 1,5 y 2 °C, que los científicos estiman necesario para evitar cambios catastróficos.
Existe una investigación incipiente sobre nuevos modelos de Estado de bienestar que no se basan en la productividad ni en el crecimiento económico, sino en una arquitectura de bienestar y cuidados sostenibles. La RBU es la alternativa más conocida a los Estados de bienestar tradicionales. Pero no logra responder al desafío de construir una sociedad sostenible y justa.
Recibir dinero «gratuito» por sí solo no animará a las personas a usar menos energía fósil ni a hacer menos de las cosas que actualmente impulsan el cambio climático. Los sistemas de RBU también consideran los ingresos monetarios como la vía para satisfacer las necesidades básicas, reforzando el papel del dinero en la vida cotidiana y dejando intactas las relaciones sociales existentes. Estos sistemas podrían incitar a los políticos a recortar recursos de los servicios públicos.
La RBU tampoco encaja bien con la demanda de un Estado más intervencionista para afrontar la emergencia climática. Se basa en la idea de un derecho individual a los ingresos, sin reconocer el valor de la acción colectiva ni del comportamiento recíproco. Los beneficiarios podrían apartarse de la comunidad y nunca explorar todo su potencial como miembros de la misma.
Renta de participación
El modelo original de renta de participación (PI, por sus siglas en inglés) fue propuesto por el economista británico Anthony Atkinson en 1996. Es similar a la RBU, pero obliga a las personas a hacer algo a cambio del dinero que reciben. Estas actividades pueden contribuir tanto a la capacidad de la comunidad como a la del individuo, como el trabajo de cuidados o la asistencia a cursos de idiomas. En su mayor parte, los beneficiarios saben mejor qué actividades serían adecuadas, y el modelo les permitiría establecer una relación recíproca con la sociedad.
Estas actividades podrían incluir la jardinería o la plantación de árboles, básicamente cualquier actividad que contribuya a restaurar la biodiversidad y a reforzar las soluciones naturales frente al cambio climático. Incluso podría sustituir o integrarse en las medidas actuales de política del mercado laboral que buscan dotar de nuevas competencias a las personas desempleadas para que se reincorporen al trabajo.
La PI tiene algunas debilidades que deben superarse. Atkinson preveía que casi todas las personas de la sociedad fueran elegibles para el programa, ya que comprobar la elegibilidad sería difícil y generaría elevados costes administrativos. El modelo de PI podría revisarse de forma que el pago llegue a las personas con ingresos bajos que actualmente dependen de prestaciones sujetas a comprobación de medios.
Algunas personas también optarán por no participar en actividades participativas, pero no se les debe permitir que queden fuera de la red. Si la PI se concediera como un «complemento» a un ingreso mínimo garantizado, recibirla se consideraría positivo, y perderla no podría considerarse una sanción.
Es importante señalar que, si las actividades participativas se impusieran a las personas, estas permanecerían en una posición subordinada y podrían verse atrapadas realizando repetidamente tareas similares. Permitir que los beneficiarios de la PI elijan sus actividades les permitiría decidir cómo enriquecer su propia vida y la de su comunidad. Este modelo podría implicar a organizaciones comunitarias, proveedores públicos y redes de residentes locales en la planificación de una serie de proyectos de desarrollo.
Los modelos innovadores de seguridad social son especialmente importantes para las personas que quizá no puedan encontrar empleos verdes, o para los hogares y las comunidades con recursos limitados, que tal vez no dispongan del tiempo o del dinero necesarios para adoptar tecnologías de ahorro energético o una dieta respetuosa con el clima.
La PI no es una panacea, pero podría ser útil para ayudar a construir un modelo de Estado de bienestar adecuado para el siglo XXI.
