No actuar frente a la crisis climática es la amenaza más grave para la próxima década, según el Informe sobre Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial.
Los activistas climáticos recurren cada vez más a la acción legal para exigir el cumplimiento de medidas climáticas, según un nuevo informe.
Estos son algunos de los avances más destacados que los litigios climáticos ya han logrado.
Los abogados pueden parecer aliados poco probables en la lucha contra la emergencia climática, pero, según una nueva encuesta, están desempeñando un papel cada vez más importante al exigir responsabilidades a las empresas y a los gobiernos por no abordar la crisis climática.
Una investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, encargada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), revela que el número de casos judiciales relacionados con el clima se ha más que duplicado desde 2017 y sigue aumentando de forma constante en todo el mundo.
Su informe confirma una tendencia destacada en el Informe sobre Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial, en el que se señalaba que particulares y grupos ambientalistas recurrían a la ley al quedar claro que el ritmo de la transición hacia las emisiones netas cero era demasiado lento.
“La litigación climática está aumentando, y las preocupaciones por la subdeclaración de emisiones y el ecoblanqueo han provocado llamados a una nueva supervisión regulatoria para la transición hacia las emisiones netas cero”, afirmó el informe del Foro.
No mitigar el cambio climático es el mayor riesgo para el mundo en la próxima década, según el Informe sobre Riesgos Globales, mientras que no adaptarse al cambio climático ocupa el segundo lugar entre las amenazas más graves a largo plazo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que las temperaturas globales ya son 1 °C superiores a los niveles preindustriales y advierte de que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a cero si el aumento de la temperatura global ha de contenerse en 1,5 °C.
El informe del PNUMA recoge una serie de casos judiciales de gran repercusión que lograron hacer cumplir medidas climáticas. En 2017, cuando se contabilizaron por última vez los casos climáticos, se habían presentado 884 acciones legales. Hoy el total asciende a 2.180.
La mayoría de los casos climáticos presentados hasta la fecha –1.522– se han interpuesto en Estados Unidos, seguido de Australia (127), el Reino Unido (79) y la UE (62). El informe señala que el número de acciones legales en los países en desarrollo va en aumento y actualmente representa el 17 % del total.
«Las políticas climáticas están muy por detrás de lo necesario para mantener las temperaturas globales por debajo del umbral de 1,5 °C, mientras los fenómenos meteorológicos extremos y el calor abrasador ya están castigando nuestro planeta», declaró Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
«Cada vez más personas recurren a los tribunales para combatir la crisis climática, exigiendo cuentas a los gobiernos y al sector privado, y convirtiendo los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática.»
La litigación climática también da voz a los grupos vulnerables que sufren con dureza los efectos del cambio climático. El informe señala que, a nivel mundial, 34 casos han sido presentados por niños y jóvenes, entre ellos dos de niñas de siete y nueve años en Pakistán e India.
Estos son cinco de los avances climáticos logrados hasta ahora mediante acciones legales.
1. Isleños del Estrecho de Torres contra Australia
En septiembre de 2022, pueblos indígenas que viven en islas del Estrecho de Torres, entre el norte de Queensland y Papúa Nueva Guinea, obtuvieron un fallo histórico que reconoció que sus derechos humanos estaban siendo vulnerados por la falta de acción climática efectiva del gobierno australiano.
El fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU sentó el principio de que un país puede incumplir el derecho internacional de los derechos humanos por inacción climática, al determinar que el deficiente historial climático de Australia constituía una violación del derecho de los isleños a la vida familiar y a su cultura.
2. El Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos
En julio de 2022, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que el Acuerdo Climático de París es jurídicamente un tratado de derechos humanos lo que, según afirmó, significaba que anulaba automáticamente cualquier ley nacional que entrara en conflicto con las obligaciones climáticas del país.
El tribunal ordenó al gobierno brasileño reabrir su fondo nacional de mitigación climática, creado en virtud del Acuerdo de París, al considerar que tenía el deber constitucional de cumplir sus obligaciones.
3. La inacción climática constituye una violación de los derechos humanos
Al confirmar una sentencia anterior que exigía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 25 % para 2020, el Tribunal Supremo de los Países Bajos dictaminó que la falta de reducción de emisiones constituía una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia de diciembre de 2019 establecía que, aunque corresponde a los políticos decidir cómo llevar a cabo los recortes de emisiones, no hacerlo supondría una violación de los artículos 2 y 8 del Convenio, que afirman el derecho a la vida y el respeto a la vida privada y familiar.
4. Las empresas están obligadas por el Acuerdo de París
El principio de que las corporaciones, y no solo los gobiernos, deben cumplir las reducciones de emisiones acordadas en el tratado climático de París se estableció mediante una sentencia de 2021 en los Países Bajos, presentada por ambientalistas contra el grupo energético Royal Dutch Shell.
El tribunal ordenó a Shell reducir sus emisiones de CO2 un 45 % para 2030, para alinearlas con los objetivos climáticos de París. El juez según se informó, dijo que existía un «acuerdo mundial» en que era necesaria una reducción del 45 %, y añadió: «Esto se aplica a todo el mundo, por lo tanto también a Shell”.
5. Los tribunales anulan los planes climáticos estatales
Hasta la fecha, tres gobiernos europeos han sido derrotados en los tribunales por sus planes climáticos. En marzo de 2021, el tribunal supremo de Alemania anuló una ley climática que exigía recortes de emisiones del 55 % para 2030, al considerar que no hacía lo suficiente para proteger los derechos de los ciudadanos a la vida y la salud.
En el mismo año, se ordenó al gobierno francés adoptar «medidas inmediatas y concretas» para cumplir sus compromisos climáticos. Y en 2022, la estrategia climática del Reino Unido fue declarada ilegal por no explicar con claridad cómo se llevarían a cabo los recortes de emisiones.
