El riesgo forma parte de nuestra vida cotidiana. La forma en que reaccionamos ante él, quién paga y quién se beneficia revelan mucho sobre nuestras sociedades y sus valores. El riesgo de desastres nunca puede eliminarse por completo, pero sí gestionarse y reducirse, y su evaluación, basada primero en datos y después en el análisis, es el primer paso para afrontarlo de manera responsable.
Desde 1989, cada año el 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres; este año, la Asamblea General de la ONU lo ha renombrado como Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Al celebrar este nuevo día, el mundo debe reconocer colectivamente su fracaso en reducir el número de desastres a los que se enfrenta. Hoy en día se producen más desastres en el mundo: según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, en 2018 hubo 313 desastres, frente a 100 en 1980 y 60 en 2000. Pero el mundo debe limitar los riesgos que permiten que se produzcan desastres y prepararse para cuando ocurran.
Por mucho que asumamos o no nuestra responsabilidad en los desastres, estos sí movilizan la conciencia pública porque desplazan físicamente a personas, en gran medida dentro de las fronteras de sus propios países.
Al menos 265 millones de personas han sido desplazadas internamente por desastres desde que el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC) comenzó a registrar este tipo de datos en 2008; es decir, 24 millones de personas al año de media. De hecho, la cifra es mayor, dado que solo hemos podido cuantificar los desplazamientos inducidos por sequías desde 2017.
En la primera mitad de 2019, el IDMC informa de que, casi 4 millones de personas en todo el mundo fueron desarraigadas por conflictos y 7 millones por desastres. Durante todo 2018, las cifras fueron de 11 y 17 millones, respectivamente. Solo el ciclón Fani desplazó de sus hogares a casi 3,5 millones de personas en India y Bangladés en mayo de este año.
Ningún país está libre de desplazamientos por desastres. El IDMC los ha registrado en 190 países y, en 2018, con más de un millón de desplazados, Estados Unidos solo quedó por detrás de India, China y Filipinas. A veces aparece en los titulares: casi el 100 % de la población de Dominica fue desplazada por el huracán María en 2017. Con más frecuencia no ocurre así: en el último mes, las inundaciones obligaron a 2.000 personas a abandonar sus hogares tanto en Senegal como en Sudán del Sur, y solo a tres en la diminuta Tobago.
Dado el impacto del cambio climático y el creciente número de personas que viven en zonas propensas a peligros, solo podemos esperar que el número de personas desplazadas aumente en el futuro. Sobre la base de una década de datos históricos y teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la estacionalidad de los desastres relacionados con el clima, estimamos que el número de personas que probablemente serán desplazadas para final de año será de alrededor de 22 millones, lo que convierte a 2019 en un año por encima de la media.
Conocemos el riesgo, pero ¿qué deberíamos hacer al respecto?
En primer lugar, deberíamos recopilar más datos que miren al futuro y reduzcan el riesgo.
El modelo de riesgo de desplazamiento por desastres del IDMC estima el riesgo de múltiples peligros para más de 200 países y territorios. La instantánea que ofrece identifica los puntos críticos donde se requiere una actuación urgente. No sorprende que los países más expuestos sean aquellos que han registrado más desplazamientos en la última década. India, China, Bangladés, Vietnam y Filipinas son los más expuestos, pero también lo es Estados Unidos.
Mientras tanto, la búsqueda de datos precisos, oportunos y utilizables no tiene fin. El informe del IDMC, Disaster Displacement: A global review, publicado en mayo de 2019, identifica las lagunas críticas y sugiere cómo subsanarlas. Los países deben saber con certeza cuántas personas son evacuadas o desplazadas antes, durante y después de un desastre.
En segundo lugar, deberíamos aprovechar mejor esos datos más inteligentes.
Comparemos dos respuestas a ciclones recientes, una basada en datos y en la preparación, y la otra no. El ciclón Fani de mayo de 2019 se cobró «solo» 80 vidas, y muchos de los 3,4 millones de desplazados fueron evacuados a lugares seguros en una operación planificada de antemano. En cambio, el ciclón Idai de marzo de 2019 causó la muerte de más de 750 personas en Mozambique y desplazó a casi medio millón de personas hacia zonas que no tenían capacidad para acogerlas.
La planificación lo es todo. Los datos permiten trazar el riesgo, y el riesgo impulsa la planificación
Este año, el Día Internacional para la Reducción de Desastres destaca la Meta D del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tiene como objetivo reducir los daños causados por desastres en las infraestructuras críticas y la interrupción de los servicios básicos. La verdad es que aún no comprendemos del todo cómo los fallos de infraestructura generan desplazamientos, ni cómo los desplazamientos someten a una presión adicional a las infraestructuras vitales y a los servicios básicos.
Un primer paso para orientar más inversiones hacia infraestructuras resilientes es cuantificar los daños económicos que pueden causar los desastres, incluido el coste de los desplazamientos provocados por ellos. Un informe del IDMC sobre el impacto económico directo del desplazamiento interno calculó un total mundial de 13.000 millones de dólares al año. Se realizaron estimaciones detalladas sobre las principales situaciones de desplazamiento por desastres y, en cada país, se constató que el coste de prestar asistencia humanitaria, servicios básicos e infraestructuras era considerable.
El terremoto de Haití de 2010 supuso costes directos de 170 millones de dólares al año hasta 2017, equivalentes al 2,6 % del PIB previo a la crisis anualmente. Los desplazamientos asociados al tifón Haiyan en Filipinas en 2013 supusieron un coste estimado de 816 millones de dólares en tan solo seis meses. En Somalia, los desplazamientos relacionados con las sequías e inundaciones de 2017-2018 generaron un coste acumulado de 519 millones de dólares, o el 5 % del PIB previo al desastre.
La tarea de los gobiernos es utilizar estos datos para reducir el riesgo; esta pequeña palabra tiene grandes ramificaciones. En el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año, celebramos que el riesgo se haya incluido en el título de la jornada para que pueda quedar fuera de la ecuación.
