Desde el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas, hace más de dos décadas, los gobiernos nacionales ocupan un lugar central en la lucha contra el cambio climático. De hecho, son los mejor preparados para acelerar la difusión de tecnologías de energía limpia gracias al poder que tienen para establecer incentivos fiscales, comerciales, regulatorios, de contratación pública, normas técnicas, I+D y otros incentivos.
Pero no son el único instrumento eficaz de cambio del que disponen las sociedades.
La comunidad internacional dio un gran paso adelante en 2015, cuando el Acuerdo de París de la COP 21 de las Naciones Unidas creó un marco universal para el establecimiento de objetivos voluntarios de emisiones y de planes de aplicación por parte de todos los gobiernos nacionales. Sin embargo, la estructuración y la activación de las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) han sido lentas y desiguales. Tanto es así que, incluso si se aplicaran, la humanidad no alcanzaría por un amplio margen el objetivo de 2 grados Celsius fijado en el Acuerdo de París. Los científicos estiman que nos encaminamos hacia un aumento de la temperatura de 3 grados o más con respecto a los niveles predominantes antes de la primera revolución industrial, con consecuencias catastróficas en términos de inundaciones costeras extensas, sequías, incendios, pérdida de cosechas y migraciones forzadas por el medio ambiente durante la vida de nuestros hijos y nietos.
Reconociendo que los gobiernos nacionales no son los únicos protagonistas en la acción climática, hace varios años un número creciente de ciudades y estados, así como empresas líderes y organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a fijar sus propios objetivos de reducción de emisiones y a participar en sus propias iniciativas internacionales de cooperación. Estos esfuerzos se intensificaron tras el fracaso de los gobiernos para alcanzar un acuerdo de las Naciones Unidas en Copenhague en 2009, y contribuyeron de forma decisiva a impulsar las negociaciones de París en 2015.
Muchas de estas iniciativas de liderazgo han seguido ganando fuerza y son un rayo de esperanza en un panorama que recientemente se ha visto empañado por retrocesos políticos nacionales en la lucha por el progreso climático en países como Estados Unidos, Australia y Brasil. Pero siguen siendo precisamente eso: iniciativas de liderazgo protagonizadas por las ciudades, los estados, las empresas, las ONG y las universidades más comprometidas. El mundo carece de un marco universal, análogo al creado en París para involucrar a todos los gobiernos nacionales, que permita escalar esa acción de abajo arriba en toda la sociedad y convertirla en una práctica habitual, en lugar de una simple buena práctica, para las empresas, los estados, las ciudades y las instituciones sin ánimo de lucro de todo el mundo.
Muchas de estas impresionantes iniciativas subnacionales y no estatales de acción climática dieron importantes pasos adelante recientemente en la Cumbre Global de Acción Climática en San Francisco, organizada por el gobernador de California, Jerry Brown. Entre ellas figuran la Coalición Under2, un grupo de más de 200 gobiernos municipales y provinciales de todo el mundo comprometidos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar el cero emisiones netas para 2050, y la U.S. Climate Alliance, un grupo de 17 estados y territorios cuya producción económica combinada es superior a la de todos los países excepto dos, que se han comprometido a cumplir su parte del compromiso de París del gobierno de los Estados Unidos.
En cuanto al sector empresarial, a través de la iniciativa Objetivos basados en la ciencia, 133 empresas de todo el mundo han fijado un objetivo de emisiones acorde con el nivel de descarbonización necesario para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C, y otras 333 se han comprometido a hacerlo. A través de la iniciativa RE100, 144 empresas se han comprometido a un consumo de energía 100% renovable. Otras 78 empresas se han comprometido a utilizar un precio interno del carbono para orientar sus estrategias de inversión, y 165 empresas se han comprometido a divulgar su desempeño y estrategia relacionados con el carbono en sus informes anuales y estados financieros a los accionistas. Y la semana pasada, 21 empresas formaron una nueva alianza, la Declaración Step Up, dedicada a “aprovechar el poder de las tecnologías emergentes y la cuarta revolución industrial para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en todos los sectores económicos y garantizar un punto de inflexión climático para 2020.”
La cumbre de San Francisco fue una innovación importante en la cooperación climática internacional y, por ende, en las relaciones internacionales. Al crear una plataforma público-privada para destacar las contribuciones de gobiernos subnacionales pioneros e instituciones del sector privado, sugirió una forma de dar un nuevo impulso a la carrera de la humanidad contra el tiempo.
Debemos construir sobre el espíritu de ‘sí se puede’ de San Francisco y crear un mecanismo para llevar a escala mundial la determinación y la iniciativa propia que muchos líderes destacados de ciudades, provincias, empresas y sociedad civil demostraron en San Francisco. Los gobiernos nacionales pueden ayudar.
Los jefes de gobierno deberían instruir a sus ministros para que acuerden una declaración en la próxima ronda de negociaciones climáticas ‘COP24’, en Polonia, en noviembre, que invite a cualquier ciudad o gobierno provincial interesado a desarrollar su propia ‘Contribución Determinada a Nivel Subnacional’ (SNDC). Las empresas y otras instituciones de la sociedad civil, como universidades, organizaciones religiosas y ONG, deberían ser invitadas a hacer lo mismo mediante una ‘Contribución Determinada a Nivel Organizacional’ (ODC). A diferencia de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) oficiales de las Naciones Unidas, estos compromisos subnacionales e institucionales no deberían estar sujetos a los mecanismos de seguimiento y revisión del Acuerdo de París. Más bien, deberían seguir siendo un mecanismo informal que permita la movilización social más amplia que claramente será necesaria para situar al planeta en la senda del objetivo de 2 grados.
Un marco universal de este tipo, que permita la acción distribuida en toda la sociedad, podría generar una bola de nieve de presión y comparación entre pares en los ámbitos político, industrial y ciudadano. Esto podría acabar estableciendo la práctica de fijar objetivos climáticos y estrategias para alcanzarlos como una nueva norma del siglo XXI en la gobernanza empresarial, de los inversores, municipal y de las organizaciones sin ánimo de lucro: una práctica común y no solo una buena práctica.
La defensa del clima necesita un impulso en estos días. Un mecanismo práctico como este, con potencial para escalar a nivel de base en todo el mundo —es decir, hacerse viral—, podría proporcionarlo, sobre todo si se vincula en símbolo y espíritu al esfuerzo intergubernamental oficial de las Naciones Unidas. Esto podría ser un legado importante de la innovadora cumbre de líderes de ciudades, provincias, empresas y sociedad civil ‘de abajo arriba’ que tuvo lugar en San Francisco, que dio origen a las propias Naciones Unidas en 1945, pero que hoy se conoce mejor como la meca de los fenómenos sociales virales.
