Esta semana, los líderes mundiales se reúnen en la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de la ONU, y el cambio climático ocupa un lugar central. Y con razón: la ventana para actuar se está cerrando. El Acuerdo de París de 2015 Acuerdo de París de 2015 es el marco normativo más ambicioso que el mundo ha acordado jamás, pero sin una acción colectiva, no es más que palabras.
Aunque los gobiernos deben liderar mediante políticas inteligentes en materia climática, no pueden abordar el cambio climático por sí solos. Las empresas tienen la capacidad de innovación y las competencias operativas necesarias para acelerar el paso hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Ya hay muchas empresas que demuestran que alcanzar las emisiones netas cero para 2050 y mantener el calentamiento global en 1,5 °C es necesario y factible. El argumento económico no admite dudas.
Aunque el cambio climático representa quizá la mayor y más compleja oportunidad económica desde la(s) revolución(es) industrial(es), la transición requiere muchas inversiones. La mayor parte del dinero necesario (hasta el 80 %) debe proceder del sector privado. Por ello, es fundamental liberar las contribuciones financieras de los inversores y las empresas.
¿La clave? Poner precio a las emisiones de carbono. Existen pruebas suficientes para afirmar que esta es, con diferencia, la mejor herramienta para impulsar a los inversores y las empresas a avanzar más rápido, especialmente cuando se combina con otras políticas de apoyo.
Hace dos años, la Comisión de Alto Nivel sobre la Fijación de Precios del Carbono, presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, sugirió que el precio del carbono debía situarse entre 40 y 80 dólares por tonelada para 2020 y entre 50 y 100 dólares para 2030 con el fin de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París. Una encuesta del Foro Económico Mundial a 80 directores ejecutivos llegó a la misma conclusión: se necesita un precio de al menos 30 dólares por tonelada para afectar a las reducciones de emisiones y a las inversiones que permitan descarbonizar con la rapidez suficiente.
El impulso a un precio del carbono está aumentando, pero todavía estamos lejos de donde debemos estar para cumplir nuestros objetivos de París. Hoy en día, 46 jurisdicciones nacionales y 28 subnacionales cuentan con sistemas de fijación de precios del carbono que cubren más del 20 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Entre ellas figuran Europa, Canadá, California y el estado de Washington, México, Perú, Colombia, Chile, China y Singapur.
Desde el Acuerdo de París, el precio del carbono en Europa ha aumentado un 350 % hasta situarse en 27 euros por tonelada de CO2 equivalente. La próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) ofrece una oportunidad clara para intensificar las ambiciones en materia de fijación de precios del carbono, sobre todo porque ahora está claro que un precio significativo del carbono no perjudicará la competitividad.
El informe de esta semana de la Comisión de Alto Nivel sobre la Fijación de Precios del Carbono y la Competitividad, que copresidí con Anand Mahindra, muestra que, para las empresas, los costes adicionales generados por la fijación de precios del carbono son pequeños en comparación con otros factores que afectan a la competitividad de una empresa. Entre estos factores se incluyen las diferencias en los tipos impositivos de sociedades, el arbitraje salarial, la regulación, la disponibilidad de mano de obra, la infraestructura, los tipos de cambio y los precios de las materias primas. En nuestra opinión, esto es especialmente cierto si el precio se sitúa dentro del intervalo de 30 a 100 dólares (o más).
El informe también demuestra que las políticas pueden diseñarse para incentivar la reducción de emisiones y, al mismo tiempo, prestar apoyo a los sectores o regiones afectados. En otras palabras: tanto la pérdida de competitividad como la amenaza de fuga de carbono pueden evitarse, sin un impacto negativo en la actividad económica y el empleo, siempre que se apliquen en paralelo las medidas políticas adecuadas. Entre estas medidas podrían incluirse exenciones temporales o parciales para determinados sectores o regiones que compiten intensamente a escala mundial.
Un precio significativo
Para nivelar el terreno de juego a escala mundial, evitando la percibida fuga de carbono debida a diferencias de competitividad, el informe recomienda que los responsables políticos de todo el mundo avancen más rápido en la aplicación de un precio del carbono significativo, en línea con las recomendaciones de Stern y Stiglitz.
Hace varios años, en DSM aplicamos un precio interno global del carbono de 50 euros por tonelada de CO2 para acelerar nuestros esfuerzos de reducción de emisiones, pero también para garantizar que nuestra empresa esté preparada para futuras regulaciones. Las empresas que aún no han adoptado un precio interno para prepararse ante un precio externo del carbono tendrán que hacerlo pronto, ya que los inversores exigen cada vez más información sobre los riesgos de la alteración climática y sobre las oportunidades financieras de actuar frente al cambio climático.
Al integrar firmemente las emisiones en nuestros sistemas financieros y al poner este precio significativo al carbono, podemos movilizar billones de dólares en financiación climática procedentes de empresas e inversores del sector privado. Este es un paso fundamental para aprovechar y optimizar los recursos financieros, el poder de innovación y las acciones de las empresas en la financiación de la transición hacia un futuro bajo en carbono.
