La transición a la energía verde es clave tanto para combatir el cambio climático como para crear economías sostenibles. He aquí por qué

Collective action on green energy transition is good for protecting democracy.
Collective action on green energy transition is good for protecting democracy.Image: Unsplash/Noah Buscher
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  • El cambio climático y el retroceso de la democracia son dos crisis mundiales que han llegado a un punto crítico en los últimos años.

  • La transición a la energía verde es clave tanto para combatir el cambio climático como para crear economías sostenibles.

  • Por tanto, la acción colectiva para una transición a la energía verde no solo beneficia al clima, sino que también es vital para proteger la democracia.

Dos crisis mundiales han llegado a un punto crítico: el cambio climático y el retroceso de la democracia.

Si se quiere mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, el mundo debe actuar ahora para reducir las emisiones de carbono. Alcanzar este objetivo exige reducir sustancialmente el uso de combustibles fósiles mediante una transición hacia la energía limpia.

Durante los últimos 15 años, la democracia ha retrocedido en todo el mundo. Para proteger y promover la libertad, las principales democracias deben fortalecer sus economías y salvaguardar las libertades.

Estos dos objetivos no son incompatibles, sino complementarios. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles y pasar a alternativas con bajas emisiones de carbono también hace más sostenibles las economías democráticas. Las principales democracias deberían trabajar juntas para alcanzar estos dos objetivos.

La democracia y la transición a la energía verde están vinculadas

Los datos de 83 países avanzados, de mercados emergentes y en desarrollo indican que, en los últimos años, las democracias han estado más dispuestas a adoptar políticas de recuperación verde, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y corregir la infravaloración de estos combustibles (véase la tabla).

Los países que han tomado medidas para reverdecer sus economías en los últimos años son, en su mayoría, libres y democráticos, mientras que los que no lo han hecho suelen ser menos libres y más autocráticos.

Comparación de las democracias según su grado de libertad y ecologización Image: Edward B Barbier

Pero es entre las economías más ricas y grandes del mundo —el Grupo de los Veinte (G20)— donde la relación entre libertad y ecologización resulta más evidente (véase la figura). Los países del G20 con mayores derechos políticos y libertades civiles también tienden a tener políticas y economías más verdes. En comparación, los países menos libres son «más marrones».

Esta relación entre democracia y ecologización importa, ya que lo que ocurre en las economías del G20 tiene importantes implicaciones para el futuro de la economía mundial, entre ellas la contención del cambio climático y de otros riesgos ambientales mundiales.

Una transición a la energía limpia liderada por las principales economías es esencial para alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050, y cualquier retraso en los avances durante los próximos años podría hacer inalcanzable este objetivo.

Además, sacrificar nuevos avances hacia una economía con bajas emisiones de carbono podría exponer a las democracias a un mayor peligro económico, no a uno menor. La invasión rusa de Ucrania ha vuelto a centrar la atención en esta debilidad económica.

Puntuación de libertad frente a puntuación ecológica de los 19 países miembros de las economías del G20.Image: Edward B Barbier

Una estrategia colectiva de las democracias para la transición a la energía verde

Para que Estados Unidos, la UE y otras grandes democracias reduzcan su vulnerabilidad económica, deben actuar colectivamente para impulsar una transición verde. Esta estrategia debería tener tres elementos clave.

En primer lugar, las principales democracias deberían acordar poner fin a la infravaloración de los combustibles fósiles, que es el principal factor que impide una transición a la energía limpia. La infravaloración asociada a la producción y quema de carbón, petróleo y gas ascendió a 5,9 billones de dólares en costes económicos en 2020. Casi una cuarta parte de estas pérdidas —1,45 billones de dólares— se produjo en 48 democracias grandes y pequeñas.

Las principales democracias del G20 deberían comprometerse colectivamente a eliminar gradualmente los incentivos a los costes y las exenciones fiscales para la producción y el consumo de combustibles fósiles. También deberían introducir gradualmente una fijación de precios más eficiente para los combustibles fósiles mediante impuestos o permisos negociables, a fin de cubrir los costes de la contaminación atmosférica local, el calentamiento global y otros daños económicos.

Las democracias del G20 deberían invitar a otras democracias grandes y pequeñas a seguir su ejemplo, con el objetivo de alentar con el tiempo a todos los países a adoptar políticas similares.

En segundo lugar, para alentar a otros países a cumplir las normas, las democracias del G20 deberían sumarse a la UE y adoptar un mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). Un CBAM aplica un impuesto a las importaciones con alto contenido de carbono para reducir el riesgo de competencia desleal para sus industrias nacionales y disuadir a las empresas de trasladarse al extranjero para eludir el cumplimiento de las normas en su país. También debería inducir a otras economías a reformar la infravaloración de los combustibles fósiles para evitar las sanciones que impone la política.

En tercer lugar, las principales democracias deben reciclar los ingresos ahorrados o recaudados mediante la reforma de los mercados de combustibles fósiles para financiar más innovación verde, inversiones y medidas de protección. Se necesita urgentemente apoyo a la investigación y el desarrollo verdes en las principales democracias, ya que su innovación verde en el conjunto de la economía está muy por debajo del nivel necesario para lograr una transición que abandone la dependencia de los combustibles fósiles. Las inversiones públicas también deberían destinarse a sistemas «inteligentes» de transmisión de las redes eléctricas, redes de estaciones de recarga y a hacer más sostenibles las ciudades.

Por último, podrían ser necesarias medidas adicionales para compensar cualquier efecto adverso de la transición a la energía limpia sobre los ingresos o el empleo. Esto podría incluir reducir los impuestos sobre las nóminas, pagar dividendos anuales, subir el salario mínimo, indemnizar o formar de nuevo a los trabajadores desplazados y asignar créditos fiscales por hijos a los hogares vulnerables.

Al retrasar la transición a la energía limpia, las principales democracias hacen que sus economías sean más vulnerables al mantener su dependencia de los combustibles fósiles. Actuar colectivamente para impulsar una transición verde no solo beneficia al clima, sino que también es fundamental para proteger la democracia.

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