A principios de 2016, Estados Unidos estaba bien posicionado para liderar la lucha mundial contra el cambio climático. Como presidenta del G20 para 2017, la canciller alemana Angela Merkel contaba con que Estados Unidos ayudara a impulsar una profunda transformación de la economía mundial. Incluso después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales estadounidenses, Merkel le concedió el beneficio de la duda, con la esperanza —contra toda esperanza— de que Estados Unidos aún pudiera desempeñar un papel destacado en la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, en el primer encuentro presencial entre Merkel y Trump no se hicieron declaraciones sustantivas, y su lenguaje corporal hizo que las perspectivas de un diálogo futuro parecieran sombrías. El lema de Trump, «Estados Unidos primero», parece significar «Estados Unidos solo».
Al revertir las políticas de su predecesor para reducir las emisiones de CO2, Trump está desmantelando el nuevo modelo de gobernanza mundial cooperativa plasmado en el Acuerdo de París sobre el clima de 2015. Los países que firmaron ese acuerdo se comprometieron a compartir los riesgos y beneficios de una transformación económica y tecnológica mundial.
La política de Trump sobre el cambio climático no augura nada bueno para la ciudadanía estadounidense —muchas de cuyas personas ya están movilizando la resistencia a su administración— ni para el resto del mundo. Pero los demás países seguirán desarrollando sistemas resilientes y de bajas emisiones de carbono. Los actores de los sectores público y privado, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, están haciendo prácticamente inevitable el cambio económico que se avecina, y sus agendas no cambiarán simplemente porque Estados Unidos tenga una nueva administración imprevisible. China, India, la Unión Europea y muchos países africanos y latinoamericanos siguen adoptando sistemas de energía limpia.
Mientras esto siga siendo así, las empresas, los gobiernos locales y otras partes interesadas seguirán aplicando estrategias de bajas emisiones de carbono. Es cierto que las políticas de Trump podrían generar nuevos peligros y costes, a nivel nacional y mundial; pero no conseguirá prolongar la era de los combustibles fósiles.
Aun así, una salida efectiva de Estados Unidos del Acuerdo de París es un acontecimiento inquietante. La ausencia de un actor tan importante en la lucha contra el cambio climático podría socavar nuevas formas de multilateralismo, aunque también revitalice el activismo climático a medida que la opinión pública mundial se vuelva contra Estados Unidos.
De forma más inmediata, la administración Trump ha introducido importantes riesgos financieros que podrían obstaculizar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático. El presupuesto propuesto por Trump impondría restricciones a la financiación federal para el desarrollo de energías limpias y la investigación climática. Asimismo, sus recientes órdenes ejecutivas minimizarán los costes financieros de la huella de carbono de las empresas estadounidenses al cambiar la forma de calcular el «coste social del carbono». Además, su administración ya ha insistido en que se omita toda mención al cambio climático de una declaración conjunta emitida por los ministros de Finanzas del G20.
Como señaló recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres estas decisiones son desacertadas y entrañan graves riesgos para la economía estadounidense y la estabilidad mundial. El sistema financiero estadounidense desempeña un papel destacado en la economía mundial, y Trump quiere hacernos retroceder a una época en la que los inversores y el público en general no tenían en cuenta los riesgos del cambio climático al tomar decisiones financieras.
Desde 2008, el enfoque regulatorio adoptado por Estados Unidos y el G20 se ha orientado a aumentar la transparencia y mejorar nuestra comprensión de los posibles riesgos sistémicos para el sistema financiero mundial, en particular los relacionados con el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles. La propia comunidad financiera ha considerado prioritario elaborar normas de transparencia más estrictas y mejores herramientas para evaluar los riesgos. La aplicación de estas nuevas normas y herramientas puede acelerar la tendencia general a desinvertir en combustibles fósiles, garantizar una transición fluida hacia una economía más resiliente y basada en energías limpias, y ofrecer confianza y claridad a los inversores a largo plazo.
Ante el aumento de los riesgos financieros asociados al cambio climático, resistirse a la orden ejecutiva de Trump de revocar las normas de transparencia de Wall Street debería ser una prioridad absoluta. El hecho de que Warren Buffet y la empresa de gestión de activos Black Rock hayan advertido sobre los riesgos de inversión del cambio climático sugiere que la batalla aún no está perdida.
Crear el G20 fue una buena idea. Ahora debe afrontar su mayor desafío. Corresponde a Merkel y a los demás líderes del G20 superar la resistencia de Estados Unidos (y Arabia Saudí) y mantener el rumbo de la acción climática. Pueden contar como aliados con algunos de los grandes inversores institucionales del mundo, que parecen coincidir en la necesidad de un marco transitorio de autorregulación. Incumbe a los demás líderes mundiales diseñar una respuesta coherente a Trump y seguir estableciendo un nuevo paradigma de desarrollo compatible con los distintos sistemas financieros.
Al mismo tiempo, la UE —que este año celebra el 60.º aniversario del Tratado de Roma— tiene ahora la oportunidad de pensar en el futuro que quiere construir. Sin duda, son tiempos difíciles; pero aún podemos decidir en qué tipo de mundo queremos vivir.
