La Unión Europea está reintroduciendo los créditos internacionales de carbono en su política climática para contribuir a cumplir sus objetivos de emisiones de carbono para 2040.
La eficacia de los créditos internacionales de carbono depende de garantizar la integridad ambiental, un reparto justo de los beneficios y la alineación con el Acuerdo de París.
Utilizados de forma responsable, los créditos internacionales de carbono pueden favorecer una transición justa en el Sur Global y, al mismo tiempo, beneficiar a las industrias europeas.
Doce años después de haber dejado de utilizar los créditos de carbono para alcanzar sus objetivos climáticos, la UE está considerando ahora volver a introducirlos. Un propuesta de modificación de la legislación climática de la UE establecería un objetivo jurídicamente vinculante de reducir un 90 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, en comparación con los niveles de 1990.
Es importante señalar que la Comisión Europea pretende introducir cierta flexibilidad en la forma en que los créditos de carbono pueden utilizarse para alcanzar el objetivo:
Eliminaciones «permanentes» nacionales, es decir, métodos de eliminación de carbono de larga duración dentro de la UE.
A partir de 2036, se permitiría una compensación limitada de las emisiones de la UE (hasta el 3 % de los niveles de la UE en 1990) mediante la compra de créditos internacionales de carbono en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París.
La UE lleva varios años elaborando normas para las eliminaciones nacionales en el marco del reglamento sobre eliminaciones de carbono y agricultura de carbono. El segundo mecanismo surgió más recientemente, tras las peticiones de los Estados miembros (especialmente Alemania).
La letra pequeña de la forma en que la UE aplique su nueva política sobre créditos internacionales es crucial. En el mejor de los casos, demostraría cómo los objetivos climáticos nacionales pueden alcanzarse de forma más rentable mediante el apoyo a proyectos de alto impacto, principalmente en el Sur Global.
En el peor de los casos, correría el riesgo de repetir errores del pasado y socavar las ambiciones de un mercado global de carbono integrado.
El 3 % no es tan trivial
El límite del 3 % para los créditos internacionales, calculado sobre las emisiones netas de la UE en 1990, equivale a casi un tercio del objetivo propuesto para 2040 (unos 460 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente), una contribución significativa.
Si la UE alcanza el 3 % completo para 2040, podría retirar unos 140 millones de créditos ese año, con un total acumulado potencial de entre 300 y 400 millones de créditos para 2040, lo que supondría un coste de 10 000 millones de euros o más (a 30 euros por crédito).
¿Cómo se compara esto con otras fuentes de demanda de créditos internacionales de carbono?
Entre 2029 y 2040, CORSIA (Régimen de compensación y reducción de emisiones de carbono para la aviación internacional) es probablemente el principal impulsor. Sin embargo, la UE podría convertirse en el mayor comprador soberano, pudiendo adquirir muchos más créditos que países como Japón (a través de su Mecanismo Conjunto de Acreditación) y Singapur (a través de su impuesto al carbono).
¿Recompensa o riesgo?
La utilización de créditos internacionales de carbono podría ser un arma de doble filo para la UE. Por un lado, podría representar una vía más rentable, reduciendo el coste para la industria europea y apoyando al mismo tiempo una transición justa en el Sur Global.
Por otro lado, muchos podrían considerar que la UE financia proyectos internacionales en detrimento de la inversión verde nacional.
La percepción pública también podría extenderse a que el comercio internacional de carbono tiene un impacto y un beneficio limitados para las comunidades locales, lo que daría lugar a críticas generalizadas que podrían disuadir a otros países de participar.
El proyecto de modificación y los documentos informativos de la Comisión establecen tres principios fundamentales para la adquisición: integridad ambiental, reparto de beneficios y alineación con el Acuerdo de París. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de cómo los apliquen.
Un marco para el éxito
1. Integridad ambiental
Muchos créditos de carbono de la era de Kioto no lograron aportar una acción climática real y adicional, que es la principal razón por la que la política de la UE se alejó de los créditos internacionales.
En otros ámbitos políticos, como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, la UE solo ha mostrado disposición a considerar eliminaciones de carbono de ingeniería con almacenamiento geológico (es decir, métodos en los que la contabilidad del carbono puede medirse con un alto grado de precisión).
No obstante, si la UE depende únicamente de las eliminaciones de ingeniería para satisfacer sus necesidades de créditos internacionales, es probable que la oferta quede muy por debajo de la demanda, los costes sigan siendo elevados y se pasen por alto opciones más asequibles, como la forestación, la restauración de manglares y la cocción limpia.
Recomendación
La UE debería seguir abierta a todo tipo de proyectos de créditos de carbono, reconociendo que los riesgos para la integridad ambiental se derivan principalmente de factores específicos de cada proyecto. Debería aplicar estrategias de gestión de riesgos frente al bajo rendimiento de los créditos.
Las innovaciones del sector privado, como las calificaciones y los seguros de créditos de carbono, podrían gestionar los riesgos de bajo rendimiento, garantizando que solo se utilicen los créditos de mayor calidad.
2. Reparto de beneficios
Los créditos internacionales de carbono también respaldan actividades de mitigación valiosas en el Sur Global, que crean empleo, protegen a las comunidades indígenas y logran avances en biodiversidad.
Es fundamental que una parte justa de los ingresos generados por la venta de créditos revierta en las comunidades locales y que ello se demuestre mediante informes transparentes.
Sin embargo, la UE debe gestionar el riesgo de percepción de que los créditos internacionales están «externalizando» empleo y crecimiento. Para garantizar beneficios nacionales, la UE debe implicar al sector privado europeo como proveedor de inversión, tecnología y servicios; los beneficios que aquí se generen podrían ser significativos, según el enfoque de adquisición de la UE.
Recomendación
La UE debe examinar minuciosamente el reparto de beneficios a nivel de proyecto para garantizar una transición justa y estudiar mecanismos para implicar de forma proactiva al sector privado europeo y generar beneficios económicos nacionales. Los informes transparentes y periódicos son fundamentales para demostrar el impacto tanto en el país como en el exterior.
3. Alineación con el Acuerdo de París
La intención del artículo 6 es incentivar a los países para que lleven a cabo actividades de reducción o eliminación de emisiones más allá de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), al permitirles vender los resultados de mitigación como créditos a otros países.
El riesgo radica en si estas actividades son realmente «adicionales» a la CDN de un país. Para la UE, comprar créditos debe significar financiar reducciones o eliminaciones que de otro modo no se llevarían a cabo en el marco del plan de CDN de un país; de lo contrario, la UE correría el riesgo de obtener un beneficio neto global limitado.
Recomendación
La UE no debería basarse únicamente en las salvaguardias previstas en el artículo 6 para garantizar que los créditos de carbono sean adicionales a los objetivos de las CDN. Tampoco debería adoptar un enfoque excesivamente estricto que excluya automáticamente países o sectores enteros que considere de «alto riesgo». Debería evaluar cada proyecto y centrarse en aquellos con mayor probabilidad de ofrecer reducciones de emisiones reales y adicionales más allá de las CDN.
¿Qué viene después?
La UE está explorando los créditos de carbono como una herramienta rentable para apoyar la descarbonización en un momento crucial para las emisiones mundiales. Manteniendo su liderazgo climático, la UE debe equilibrar: garantizar que los créditos produzcan un impacto real en las emisiones, maximizar los beneficios sociales y económicos a nivel nacional y en el exterior, y controlar los costes.
Dado el tiempo limitado y la complejidad de las consideraciones que deben equilibrarse, animamos a los legisladores y responsables de políticas a evitar, en esta fase, restricciones prematuras sobre tipos de créditos o criterios estrictos en materia de integridad ambiental, reparto de beneficios o alineación con París.
Los gobiernos deberían centrar primero la legislación en principios rectores generales en lugar de normas detalladas; después, elaborar una implementación detallada mediante un proceso consultivo plurianual.
Por último, deberían garantizar la participación significativa del sector privado y de las partes interesadas del Sur Global en la configuración del enfoque.
