En la cumbre COP de 2024 en Bakú, se acordó que es necesario movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035 a fin de apoyar la acción climática en los países en desarrollo.
Las necesidades de adaptación de los países en desarrollo ascienden a alrededor de 300.000 millones de dólares al año.
El sector privado tiene un papel que desempeñar en el aumento de la financiación para la adaptación, pero nuevos datos indican que este es más limitado de lo esperado.
Mientras nos preparamos para la COP30 en noviembre de 2025, todas las miradas están puestas en la Presidencia de la COP30, que ostenta Brasil y que lidera la elaboración de una hoja de ruta para ampliar la financiación climática durante la próxima década. El objetivo, acordado en la cumbre COP del año pasado en Bakú, es movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035 a fin de apoyar la acción climática en los países en desarrollo.
La financiación debe ser suficiente para atender la urgente necesidad de mitigación y ayudar a las comunidades a adaptarse y hacer frente a los impactos del cambio climático ya inevitable. Para muchas comunidades de bajos ingresos y vulnerables al clima, esta financiación para la adaptación es una cuestión de vida o muerte. Las estimaciones actuales de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo ascienden a alrededor de 300.000 millones de dólares al año, una cifra que aumenta rápidamente a medida que los países, y en particular los que más emisiones generan, no reducen las emisiones lo suficiente y el mundo se acerca cada vez más a los 2 grados (o más) de calentamiento. Sin embargo, la adaptación sufre una falta crónica de financiación: la financiación climática internacional solo cubre alrededor del 10 % de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo.
Mientras los negociadores se dirigen este mes a Bonn para las habituales reuniones climáticas, que serán cruciales para avanzar antes de la COP30, el desafío de financiar la adaptación es abrumador. Incluso antes de los recientes y drásticos recortes a la ayuda internacional anunciados por Estados Unidos y varios gobiernos europeos, muchos ya depositaban sus esperanzas en el sector privado para ayudar a cerrar la brecha de financiación, y esta presión no ha hecho más que aumentar. Pero ¿es realista o solo una ilusión?
Entusiasmo por el papel del sector privado
Desde la perspectiva de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, la reducción de los presupuestos de ayuda exterior y las presiones internas contrapuestas han hecho que recurrir al sector privado en busca de apoyo resulte conveniente en términos prácticos y políticos. Según el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática, «La financiación privada externa destinada actualmente a los EMDC [mercados emergentes y países en desarrollo], excluida China, es de solo unos 30.000 millones de dólares. Puede y debe alcanzar entre 450.000 y 500.000 millones de dólares para 2030, lo que supone un aumento de entre 15 y 18 veces». Esto exigiría una expansión extraordinaria en un período de cinco años.
Desde la perspectiva empresarial, existen incentivos financieros y estratégicos para invertir en resiliencia climática, sobre todo para evitar costosas interrupciones de las operaciones y las cadenas de suministro, o lograr ahorros de costes en un clima cambiante. También están surgiendo nuevos mercados para bienes y servicios de adaptación. El informe insignia de la Comisión Global de Adaptación, Adaptarse ahora, estima que invertir 1,8 billones de dólares en todo el mundo entre 2020 y 2030 podría generar 7,1 billones de dólares en beneficios netos.
Aun así, persisten importantes obstáculos y limitaciones para la financiación privada de la adaptación. Y el hecho es que, si fuera fácil y rentable, ya estaría ocurriendo. Entonces, ¿qué nos dicen realmente los datos?
La base empírica
Una investigación financiada por la Alianza de Zúrich para la Resiliencia Climática, que se publicará en septiembre de 2025, cuantifica las necesidades de adaptación de los países en desarrollo y analiza dónde son realistas las contribuciones del sector privado, desglosadas por sector —por ejemplo, agua o agricultura— y por tipo de país: países de ingresos bajos y medios y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
Lo que se observa es un panorama muy diverso.
Tomemos como ejemplo la protección costera mediante obras de ingeniería, como los diques. Se trata de bienes públicos y, en los países en desarrollo, su financiación ha corrido casi por completo a cargo del sector público. Intentar ampliar la inversión privada en ellos no es un desafío nuevo: desde hace décadas se intenta sacar la protección contra inundaciones de los balances públicos, con escaso éxito.
En cambio, en sectores como la agricultura existe mucho más potencial para el sector privado, sobre todo en los países de ingresos medios. Esto ya se refleja en los datos sobre financiación combinada, donde la agricultura representa la mayor proporción de las operaciones recientes; además, los aceleradores de adaptación están impulsando numerosos ejemplos de tecnologías y modelos financieros innovadores.
El próximo informe examina todos los sectores clave y, aunque hay oportunidades para el sector privado, deben abordarse cuatro factores fundamentales.
Cuatro consideraciones sobre la financiación privada de la adaptación
1. ¿Quién paga realmente la adaptación?
Los mercados financieros privados tienen oportunidades de invertir en bonos verdes, financiación combinada o asociaciones público-privadas; todas estas opciones pueden ser rentables para el sector privado. Sin embargo, en última instancia, esto solo cubre la financiación: aporta los costes iniciales mediante una variedad de instrumentos. No es lo mismo que pagar esos costes durante toda la vida del proyecto, una carga que a menudo acaba recayendo en los hogares, directamente o como contribuyentes a través de sus gobiernos. Plantea serias cuestiones éticas que el sector privado obtenga beneficios mientras los países y comunidades que sufren una crisis que no causaron asumen los costes reales a largo plazo.
2. Escasean los proyectos financiables
Hay muchos obstáculos a la inversión del sector privado en adaptación, pero el más importante es la falta de rendimientos financieros directos. Se han planteado estimaciones muy elevadas de la rentabilidad de las inversiones. Standard Chartered estimó rendimientos de 12 dólares por cada dólar invertido, por ejemplo, y algunas estimaciones llegan hasta los 43 dólares, como muestra esta tabla del informe de JP Morgan, Desarrollar resiliencia mediante la adaptación climática.
Sin embargo, estas estimaciones se basan en gran medida en los beneficios generales para la sociedad, incluidos los beneficios sociales y ambientales, que en su mayoría no revierten en el inversor del sector privado ni generan fuentes de ingresos directos; a menudo, los beneficios son bienes públicos. No es de extrañar. Si la rentabilidad de la inversión fuera realmente tan convincente, ¿no cabría esperar que el sector privado ya estuviera haciendo más, y mucho más rápido?
3. Las soluciones técnicas tienen un alcance limitado
A diferencia de la mitigación —donde, por ejemplo, los paneles solares generan rendimientos previsibles en todas partes, los modelos de negocio se pueden replicar y ampliar es sencillo—, hay muchas menos soluciones técnicas de adaptación que sean rápidas y escalables. Las soluciones de adaptación más eficaces dependen mucho del contexto y muchas implican cambios de comportamiento. Por eso, para tener éxito, deben responder a los impactos climáticos locales y adaptarse a ellos, así como a las necesidades y vulnerabilidades de los distintos grupos de las comunidades afectadas. Deben otorgar a las comunidades, incluidas las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas, autoridad para decidir cómo identificar y aplicar las soluciones. Esta complejidad dificulta su ampliación y las hace menos atractivas para los inversores comerciales, aunque es imprescindible que los miembros de la comunidad tengan una participación clara en la solución, tanto para lograr impacto como para garantizar la sostenibilidad.
4. La financiación combinada no es una panacea
Ahora está de moda decir que no se trata de elegir entre lo público y lo privado, sino de cómo utilizar los limitados recursos públicos para reducir el riesgo y ofrecer incentivos a los fondos privados mediante la financiación combinada. Aunque a menudo se afirma que genera una proporción de movilización de 1:6 (es decir, 1 dólar de financiación pública atrae 6 dólares de financiación privada), los datos del mundo real cuentan otra historia. ODI sitúa el promedio en 1:0,75 para todos los países en desarrollo, y en 0,37 para los países de ingresos bajos (LIC); McKinsey & Company sostiene que podría elevarse a 1,6; Oil Change International calcula una proporción de 1:0,85 para los países en desarrollo, que baja a 0,69 en los LIC. Incluso el grupo favorable a la financiación combinada, Convergence cifra la proporción en 1:1,8. También preocupa que estos proyectos sean realmente adicionales —es decir, que el sector privado no hubiera invertido igualmente sin financiación pública— y que estén alineados con las prioridades locales. Esto no significa que la financiación combinada no pueda funcionar, pero la realidad no está a la altura de las expectativas.
¿Es una fantasía pasar de miles de millones a billones?
Hace diez años, el Banco Mundial y otros prestamistas multilaterales plantearon pasar de «miles de millones a billones» para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando pequeñas cantidades de financiación pública para desbloquear enormes sumas de financiación privada. Sin embargo, hace poco el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, reconoció que aquello era «poco realista» y «fomentó la complacencia». Su economista jefe, Indermit Gill, ha calificado esa visión de «fantasía»; el sector climático no debe caer en la misma trampa. Es hora de dejar de confiar en ilusiones. Para lograr avances reales hay que afrontar los hechos, realizar inversiones públicas importantes y reformar el funcionamiento de las finanzas mundiales, en lugar de repetir promesas de capital privado que nunca llega.
¿Qué viene ahora?
No hay una solución sencilla para movilizar más de 300.000 millones de dólares anuales para la adaptación en los países en desarrollo. Pero estos dos principios deben seguir siendo fundamentales:
1. De conformidad con el Acuerdo de París, los países desarrollados tienen la obligación de proporcionar financiación para la adaptación, al igual que tienen la obligación de respetar el principio fundamental de la CMNUCC de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta obligación jurídica sigue vigente incluso en el contexto actual de presupuestos de ayuda limitados. No se puede eximir de responsabilidad a los países desarrollados porque esto no sea fácil o conveniente. El coste de los impactos climáticos no desaparece sin más. Lo soportan los países en desarrollo y sus comunidades.
2. El principio de que quien contamina paga es una norma ampliamente aceptada en el derecho ambiental internacional y nacional, con un amplio respaldo internacional. Debe utilizarse para crear nuevas fuentes de financiación pública, mediante nuevos gravámenes sobre actividades contaminantes, como la extracción de combustibles fósiles, el consumo excesivo y los viajes en avión.
Los países desarrollados deben aumentar la financiación pública internacional disponible para la acción climática. Aunque las finanzas públicas afrontan presiones enormes, existen formas de incrementar los fondos destinados a la acción climática. Esto debería incluir:
⦁ Eliminar las subvenciones perjudiciales a los combustibles fósiles, que actualmente ascienden a unos 600.000 millones de dólares en todo el mundo.
⦁ Crear nuevas fuentes de financiación basadas en el principio de que quien contamina paga, que generen fondos sustanciales y previsibles, menos expuestos a los cambios de gobierno, entre ellas un gravamen a la extracción de combustibles fósiles (210.000 millones de dólares al año); un impuesto a los billetes de avión (entre 4.000 y 150.000 millones de dólares al año); y un impuesto del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios (250.000 millones de dólares al año).
El sector privado tiene un papel clave que desempeñar y será fundamental en algunos sectores. Pero no puede cerrar por sí solo la brecha de financiación para la adaptación. Los esfuerzos para fomentar y apoyar la participación del sector privado no deben sustituir la financiación pública que las naciones ricas tienen la obligación de proporcionar.
