En octubre, un informe sobre el cambio climático cayó como un rayo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirmó que sin una transformación mundial, el planeta alcanzaría los 1,5 °C de calentamiento en poco más de una década.
En América Latina y el Caribe, el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos más extremos y frecuentes, como los huracanes, ya están afectando gravemente a la región. La temperatura media mundial ya ha aumentado 1 °C.
En 2017, la región sufrió graves pérdidas económicas y humanas a causa de desastres relacionados con el clima. El huracán María azotó Dominica, donde dejó al menos 31 muertos. Dañó o destruyó los techos de aproximadamente el 90 % de los edificios y dejó a miles de personas sin hogar. En Perú, las fuertes lluvias y las inundaciones causaron la muerte de más de 100 personas y daños a la infraestructura por más de 4.000 millones de dólares.
Permitir que el calentamiento mundial supere los 1,5 °C podría resultar catastrófico para la región y provocar la pérdida de arrecifes de coral, glaciares andinos y una parte considerable de la biodiversidad.
Para asegurarnos de no superar el límite de 1,5 °C, necesitamos abandonar rápida y radicalmente la infraestructura con baja resiliencia y altas emisiones de carbono y pasar a una infraestructura con bajas emisiones y gran resiliencia, como destacó en marzo la líder mundial en materia de cambio climático Christiana Figueres.
Esto es precisamente lo que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) trabaja para lograr. Dado el carácter a largo plazo de la infraestructura, la manera en que la diseñemos hoy determinará de forma decisiva las trayectorias del cambio climático durante generaciones. Un enfoque mundial en la infraestructura sostenible puede impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, mejorar la calidad del aire y crear empleos, al tiempo que construye economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima. Según un informe de New Climate Economy, esta transición podría generar beneficios económicos por valor de 26 billones de dólares durante los próximos 12 años, en comparación con la continuidad de las prácticas habituales.
En el Foro Mundial sobre Infraestructura celebrado en Bali en octubre, el Grupo BID, junto con otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD), reafirmó su compromiso de hacer realidad este futuro. Los BMD están empezando a dar prioridad a una infraestructura inclusiva, resiliente y sostenible, impulsada por la tecnología. En 2018 crearon la Plataforma de Cooperación en Infraestructura de los BMD para reforzar la coordinación de sus actividades relacionadas con la infraestructura sostenible, centrándose en la disponibilidad de datos, las normas de infraestructura, la preparación de proyectos y la mejora crediticia. Los BMD seguirán colaborando con los gobiernos y el sector privado para fortalecer las políticas, las leyes y las regulaciones, y apoyar los esfuerzos por crear una cartera de proyectos financiables que impulse las inversiones en infraestructura sostenible.
Las decisiones sobre políticas e inversiones en infraestructura que se tomen ahora determinarán si podemos limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C. La urgencia es especialmente apremiante en América Latina y el Caribe, donde las demandas ciudadanas de más energía y de mejores sistemas de transporte público y alcantarillado han superado rápidamente el gasto en infraestructura.
Afortunadamente, el mundo cuenta con la tecnología y los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar que la nueva infraestructura sea compatible con un clima seguro. Será muy difícil encaminarse en la dirección correcta, sobre todo por la magnitud de la transformación necesaria en varios sectores, especialmente la energía, el transporte, los edificios, la silvicultura y la agricultura. También será necesario gestionar cuidadosamente una transición justa para los trabajadores afectados por la aparición de nuevos mercados y tecnologías.
El Marco de Infraestructura Sostenible del Grupo BID busca abordar estos desafíos promoviendo la toma de decisiones sobre infraestructura sostenible desde el punto de vista económico, financiero, social, ambiental e institucional. En 2017, el Gobierno británico y el Grupo BID anunciaron una alianza para crear el Programa de Infraestructura Sostenible del Reino Unido, con una contribución inicial de más de 230 millones de dólares. El programa colabora inicialmente con Brasil, Colombia, México y Perú para impulsar la infraestructura sostenible mediante la movilización de inversiones del sector privado y apoyar a los países en la implementación de sus planes nacionales contra el cambio climático.
Una iniciativa conjunta para ampliar drásticamente las energías renovables, como la eólica y la solar, y conectar las redes eléctricas nacionales podría ahorrarle a América Latina 30.000 millones de dólares, según muestra nuestra investigación, y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de la trayectoria actual. Estos ahorros se materializarían, dado que ampliar las líneas de transmisión cuesta mucho menos que construir nuevas centrales eléctricas y que las energías renovables no tienen costos de combustible.
En Uruguay, trabajamos con el gobierno nacional y los gobiernos locales para mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura sostenible que ayuden a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. En los barrios de Ravera y Centro, en la ciudad de Rocha, las mejoras en los desagües pluviales han reducido el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas.
No se puede subestimar la importancia de invertir hoy en infraestructura sostenible para construir un futuro mejor. Debemos actuar ahora.
