La pandemia del coronavirus está teniendo un impacto devastador en los pueblos indígenas de todo el mundo más allá de la salud, por la marginalización de las comunidades, la militarización o invasión de sus territorios y una pérdida de sus derechos, denunció el lunes un experto de Naciones Unidas.

¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en relación con el brote de coronavirus?

Una nueva cepa de coronavirus, COVID-19, se está extendiendo por todo el mundo y está causando muertes y graves problemas en la economía mundial.

Para responder a esta crisis se requiere una colaboración global entre gobiernos, organizaciones internacionales y empresas, que ocupa un lugar central en la misión del Foro Económico Mundial como organización internacional para la cooperación público-privada.

El Foro Económico Mundial, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha creado la Plataforma de Acción contra el COVID. Esta plataforma tiene por objeto catalizar el apoyo del sector privado a la respuesta sanitaria pública mundial al COVID-19, y hacerlo con la magnitud y rapidez necesarias para proteger la vida de los ciudadanos y sus medios de vida, con el fin de encontrar maneras de contribuir a poner fin a esta emergencia mundial lo antes posible.

El Foro, como organización, ya ha apoyado anteriormente iniciativas para la contención de epidemias. En 2017, durante nuestra Reunión Anual, se puso en marcha la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), que reúne a expertos del ámbito gubernamental, empresarial, sanitario y académico así como de la sociedad civil, con el fin de acelerar el desarrollo de vacunas. Actualmente, la CEPI está colaborando en la carrera por obtener una vacuna contra esta cepa de coronavirus.

“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud”, dijo en Ginebra el nuevo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay.

El experto aseguró que los estados de emergencia decretados para contener la expansión del COVID-19 están profundizando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios.

Calí Tzay denunció que se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos.

“En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura”

—José Francisco Calí Tzay

Para el experto de la ONU, los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida corren el riesgo de caer a una pobreza más profunda con elevadas tasas de malnutrición, falta de acceso a agua potable y exclusión de servicios médicos, lo que los hace vulnerables a la enfermedad.

Calí Tzay, un abogado y diplomático guatemalteco, pidió a los gobiernos apoyar a los pueblos aborígenes para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que no los discriminen.

Pese al desafío que implica la falta de hospitales en las comunidades nativas, el relator aseguró que los Estados deben velar para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre el COVID-19 en sus idiomas y adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados.