Education and Skills

Clases por internet: ¿garantizan la privacidad de los menores?

Jane Hassebroek hace sus deberes escolares desde casa, lo que hará durante el resto del año académico, ya que las escuelas de Nueva York permanecen cerradas, durante el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en Brooklyn, Nueva York, EE.UU., el 6 de mayo de 2020.

Jane Hassebroek hace sus deberes escolares desde casa, lo que hará durante el resto del año académico, ya que las escuelas de Nueva York permanecen cerradas, durante el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en Brooklyn, Nueva York, EE.UU., el 6 de mayo de 2020. Image: REUTERS/Caitlin Ochs - RC2FJG9LLKJE

Marta Beltrán
Profesora y coordinadora del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad, Universidad Rey Juan Carlos
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La crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto un problema sobre el que se venía debatiendo periódicamente en el entorno educativo, entre los padres y en los medios de comunicación: ¿son seguras las plataformas digitales que los colegios e institutos usan cada vez más? ¿Son respetuosas con la privacidad de los menores?

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Aunque recurrente, este asunto no había tomado la dimensión que tiene en este momento. En la actualidad varios millones de estudiantes pasan horas al día conectados a estas plataformas. Les permiten acceder a los contenidos preparados por sus profesores, asistir a clases de manera remota, comunicarse con ellos para resolver dudas, entregar actividades y trabajos e incluso ser evaluados.

¿Qué plataformas educativas se utilizan?

En España, la mayoría de comunidades autónomas han llegado a acuerdos con Google o Microsoft para usar sus plataformas digitales en las aulas en los últimos cursos académicos. Son Google for Education y Office 365. Esta última plataforma está algo más extendida ya que la mayor parte de los centros tienen sistemas operativos Windows instalados en sus equipos y el despliegue resulta más natural y sencillo.

Estos acuerdos se han renovado, extendido o incluso creado desde cero si ha sido necesario al suspenderse las clases presenciales en el mes de marzo por la crisis de COVID-19.

A las grandes empresas tecnológicas estos productos no les proporcionan grandes beneficios directos, ya que suelen ofrecerlos gratuitamente o por un precio muy por debajo del que tienen realmente. ¿Qué ganan entonces?

En primer lugar, cumplen con sus obligaciones de responsabilidad corporativa al dedicar horas y recursos a fines sociales.

En segundo lugar, establecen relaciones preferentes con administraciones públicas o grandes empresas privadas con presencia en el sector educativo, lo que puede facilitarles en el futuro contratos lucrativos.

En tercer lugar, consiguen publicidad y reconocimiento entre quienes serán sus futuros usuarios (los alumnos). Los estudiantes se acostumbran a utilizar sus interfaces, comienzan a reconocer su marca, etc.

El valor de los datos

Hay un beneficio del que nunca se habla claramente: los datos que pueden obtener sobre estos alumnos. Algunos son obvios: nombre y apellidos, edad y curso, relaciones familiares dentro del mismo centro, código postal. Pero las plataformas educativas proporcionan acceso a otro tipo de información que puede ser mucho más sensible.

Es posible saber a qué hora se conectan los alumnos para estudiar, desde qué dispositivo y ubicación. También se puede acceder a los contenidos de sus trabajos y por lo tanto, leer su redacción sobre lo que hicieron el pasado fin de semana, saber si sus padres se han peleado o si acaba de morir su mascota.

Por otro lado, muchas de estas plataformas se están utilizando para que los estudiantes puedan comunicarse entre ellos durante el confinamiento. Esto permite dibujar grafos sociales que recogen quién se comunica con quién y de qué manera o en qué tono.

También se puede saber la cadencia con la que teclea un alumno, con qué mano utiliza el ratón y si comete faltas de ortografía. O si atiende o no y a dónde dirige la vista durante una clase impartida por un profesor.

Pero, ¿para qué sirve toda esta información? El objetivo es crear perfiles muy detallados sobre millones de menores que en algún momento dejarán de serlo.

Gracias a estos datos se puede saber el nivel socioeconómico de un estudiante, su nivel cultural o académico y su situación familiar. Pero también si es disléxico, si tiene problemas de aprendizaje o atención, si es acosador o si por el contrario, sufre algún tipo de acoso.

Toda esta información puede ser muy útil para ofrecer publicidad personalizada o a la hora de decidir sobre una futura contratación. No sabemos en manos de quién puede acabar. Para empezar, en las de Google y Microsoft. Pero también en las del gobierno de Estados Unidos, ya que es el país en el que estas empresas tienen su sede. Ambas niegan usar o comercializar los datos. Pero, incluso si eso fuera cierto en este momento, ¿y dentro de 5 años, de 10 o de 15? ¿Qué pasará entonces con todos esos datos?

¿Basta con el consentimiento paterno?

El consentimiento que la mayor parte de los centros han recogido de los padres no es suficiente para utilizar estas plataformas de manera despreocupada. Por varios motivos, principalmente:

Porque en la mayor parte de los casos no se trata de un consentimiento informado. Muchos padres no saben qué datos de sus hijos se pueden recoger o inferir a través de estas plataformas ni el uso que se les puede llegar a dar (ni por lo tanto, el impacto que puede tener para sus hijos en el futuro que todos estos datos estén en manos de terceros).

Porque también en la mayor parte de los casos, no se trata de un consentimiento proporcionado desde la libertad de elección. Si un padre o tutor decide no dar su consentimiento ¿qué alternativas factibles se le ofrecen? ¿No estaría limitando el acceso de su hijo o hija a la educación?

Otras alternativas: plataformas propias

Algunas comunidades autónomas han intentado en los últimos años desarrollar sus propias herramientas con desigual alcance, inversión y éxito en sus proyectos. El objetivo principal es no depender de grandes multinacionales extranjeras para tener una plataforma digital que soporte el trabajo en el aula o en remoto.

Casi todas estas iniciativas parten de principios lógicos y muy razonables. La solución casi ideal debería cumplir los siguientes preceptos:

Resolver las necesidades que los docentes han detectado en sus centros y en el contexto educativo del país.

Ser de código abierto y permitir auditorías sin limitaciones.

Utilizar sistemas que pertenezcan a la administración pública.

Garantizar niveles adecuados de seguridad y privacidad de los menores.

En este sentido se suele poner como ejemplo el proyecto de la Comunidad Valenciana. Es uno de los más reconocidos a nivel europeo y dispone de varias herramientas (aunque algunos de sus centros todavía recurren a las plataformas de grandes multinacionales).

Pero falta mucho camino por recorrer. La mayor parte de soluciones de este tipo no se pueden comparar con las que proporcionan Google o Microsoft. Ni ofrecen todas sus funcionalidades, ni escalan adecuadamente para un gran número de alumnos, ni garantizan los mismos niveles de disponibilidad, ni son igual de usables e intuitivas.

Además, en muchos casos el código de este tipo de proyectos no es abierto (es propietario de una empresa subcontratada por la administración) ni se ejecuta en servidores propios (sino en servidores en la nube que casi siempre pertenecen a multinacionales norteamericanas y están ubicados fuera de nuestras fronteras). Por lo que acaban levantando las mismas sospechas que las soluciones ya mencionadas.

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Medidas para garantizar la privacidad

Este ámbito de nuestras vidas no es el único en el que se plantea el dilema, muchas veces falso, de funcionalidad frente a privacidad. No tenemos por qué renunciar a una educación digital o a distancia de calidad si nos preocupa la privacidad de nuestros menores. Ni esta privacidad es el precio que debemos pagar por emplear plataformas potentes, accesibles y fáciles de utilizar.

En una situación de emergencia como la actual no parece recomendable comenzar proyectos nuevos ni establecer prohibiciones tajantes. Es lógico recurrir a plataformas como las de Google o Microsoft, que se pueden comenzar a utilizar al 100 % desde el primer minuto.

Sin embargo, se pueden implementar algunas medidas y prácticas para aumentar su nivel de privacidad:

Como se ha hecho en otros países, la administración central podría negociar desde una posición de fuerza la utilización de cifrado punto a punto o la localización en suelo europeo de los servidores donde se almacenan los datos. Debería exigirse un mínimo nivel de protección de datos antes de dejar que estas plataformas se utilicen en los centros de manera masiva.

Debería auditarse periódicamente que lo firmado se cumple y revisar en consecuencia los acuerdos.

Es imprescindible proporcionar, también desde la administración, buenas prácticas y guías para la configuración y utilización de estas plataformas a los centros, a los padres y a los menores. Por desgracia, la configuración por defecto no suele ser la más respetuosa con la privacidad del alumno (algo que no es casualidad, obviamente). Modificando ciertas opciones y prácticas se puede mejorar la protección de los datos más sensibles.

Es deseable que estos temas se discutan abiertamente con los padres de manera que los consentimientos sean, de verdad, informados.

Cuando todo esto pase, a medio o largo plazo, deberemos plantearnos si esta opción es válida para nuestro sistema educativo o si merece la pena desarrollar una o varias plataformas de educación digital propias. Utilizando suficientes recursos y apoyándose de verdad en la experiencia de la comunidad educativa y en las necesidades concretas para cada nivel. Aquí surgen otras preguntas: ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? ¿Y para hacerlo bien?

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Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Foro Económico Mundial.

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