Hace algunos días el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), dio a conocer su Índice de Competitividad Global 2018. La medición, que este año incluyó a 140 países y representa el estudio más importante a nivel internacional para conocer el factor de productividad total de las distintas economías, ubicó a Chile una vez más a la cabeza de América Latina en el puesto 33, superando con distancia a México (46), Uruguay (53), Colombia (60), Perú (63), Brasil (72) y otros países vecinos.

Vale la pena subrayar que la metodología (“4.0”) del Índice ha sido reformulada este año para capturar de mejor forma los factores más determinantes de la productividad en el marco de la economía globalizada caracterizada por la cuarta revolución industrial (4IR por sus siglas en inglés). Se presenta así una buena oportunidad para que éste sea utilizado como línea de base en el diseño de mejores políticas públicas de competitividad.

Pero ¿qué valor tiene hoy una medición como ésta en cuanto al camino al pleno desarrollo?

En tiempos de tensiones económicas, una señal de estabilidad de parte de un instrumento de benchmarking global es sumamente importante. Y no es la única: al liderazgo en el índice del WEF se suma el ajuste en la proyección de crecimiento que hiciera hace una semana el FMI para la economía chilena, al aumentar en dos puntos su proyección para llegar a la marca del 4%.

Estos dos antecedentes ayudan a configurar la imagen que proyecta Chile a nivel internacional, potenciando nuestro posicionamiento como un destino atractivo para la recepción de inversión extranjera directa (IED). En un contexto en que las principales economías de la región registran turbulencias, con Argentina en dificultades producto de la abrupta devaluación de su moneda, Brasil afrontando un polarizado proceso eleccionario y México a la espera de un nuevo gobierno, Chile luce buenas cartas credenciales para el comercio internacional y la inversión extranjera… pero no puede confiarse.

Vivimos en un escenario global tremendamente incierto. Las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incluso geopolíticas, están por verse – hoy ya un 50% de las exportaciones Chinas a EE.UU. están sujetas a aranceles de alguna forma derivados del conflicto – y, más allá de oportunidades específicas y temporales, el mensaje del WEF y otras instituciones es claro: una guerra de este tipo no tiene ganadores, y las economías de la región – con su persistente dependencia a commodities como la soja, el petróleo y el cobre – no serán la excepción. Aun cuando Latinoamérica no está en el centro de la disputa, los coletazos del enfrentamiento entre Washington y Beijing se dejarán sentir y una economía doméstica en orden y con pilares sólidos, como lo es la Chilena, puede ser clave para capear el temporal. Esto, especialmente teniendo en cuenta voces como la de Jack Ma, fundador del gigante chino de e-commerce Alibaba, que ha señalado que estamos frente a un conflicto que puede durar 20 años.

Una de las consecuencias más complejas del ruido proveniente de las potencias en disputa, es que desvía el foco del debate en que las economías de Latinoamérica deberían estar centradas. Que los titulares no nos nublen: mientras los medios se preocupan de una guerra comercial que puede durar veinte años, se desarrolla a toda marcha una revolución tecnológica que va a definir los próximos cien. La cuarta revolución industrial avanza sin respetar fronteras, y nuestros países necesitan subirse rápidamente a su carro para enfrentar los desafíos y oportunidades que ofrecen nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas, blockchain, internet de las cosas, impresoras 3D, realidad virtual aumentada, drones, vehículos autonómos, big data, pagos móviles y la ya prevalente presencia de la nube. Son temas en que los países no solo tienen que ser usuarios tempranos sino también legisladores pioneros, ajustando las políticas y regulaciones para los nuevos tiempos y modalidades de inversión, de cara a un escenario internacional mucho más dinámico y complejo. El elemento que diferencia y caracteriza a esta cuarta revolución industrial de las anteriores es la velocidad exponencial de los cambios, y su principal riesgo es la incipiente “brecha digital” dado que ellos están ocurriendo en un planeta donde el 17% de sus habitantes no tienen acceso a la red eléctrica (segunda) y cerca de la mitad no tienen acceso a internet (tercera revolución industrial). Pero este no es el caso de Chile.

El país tiene, así, una oportunidad única de promover y aprovechar su reconocida penetración tecnológica para asumir un liderazgo regional en estos temas, generando mayor innovación y permitiendo a Chile no solo estar en un mejor pie para enfrentar esta crisis comercial y las que vengan, sino también apuntar – más allá de su buena performance en índices como el de competitividad – a ser protagonistas en la discusión que definirá el futuro de todas las naciones: la del desarrollo inclusivo.

Y entonces, el siguiente reto, más allá de los necesarios esfuerzos por aumentar competitividad y productividad, es también garantizar los réditos sociales extendidos a toda la economía – y esencialmente a las personas – que ellas generan, y así consolidar el camino que permita a Chile también liderar la agenda hacia el desarrollo inclusivo. Es en esa titánica tarea donde la cuarta revolución industrial se presenta como un aliado esencial, pero solo en la medida de que estemos a la altura del desafío de integrar estas nuevas tecnologías disruptivas de una manera inclusiva.