Los jóvenes desconfían de las instituciones públicas dominadas por élites de mayor edad.
Las instituciones públicas deben poner freno a la corrupción que erosiona su legitimidad.
Recuperar la confianza exige educar sobre el papel que desempeñan las instituciones públicas en la vida de los jóvenes.
En los últimos meses han estallado en todo el mundo numerosos movimientos de protesta, que con frecuencia derivan en manifestaciones masivas o en enfrentamientos letales con la policía gubernamental y con milicias.
Algunos han sido desencadenados por agravios aparentemente menores; por citar solo algunos ejemplos, la retirada de las subvenciones gubernamentales a la gasolina para los consumidores en Irán, un fuerte aumento de las tarifas del transporte público en Chile, el impuesto del Líbano sobre servicios de internet como WhatsApp, el aumento de los precios de la cebolla en India, una ley de extradición en Hong Kong, y el alza de los precios de los combustibles en Haití. Otros, como la revolución de Tishreen en Irak, surgieron como respuesta al desempleo persistente y a la corrupción gubernamental.
Estas protestas revelan una brecha cada vez mayor entre la juventud y las instituciones públicas. Lo que impulsa a estas personas, de entre adolescentes y veintiañeros, es un profundo rechazo a la corrupción, así como a unas instituciones sociales y públicas dominadas por élites de mayor edad y profundamente arraigadas, que ofrecen pocas esperanzas de abordar la lucha cada vez más común que enfrentan los jóvenes para encontrar oportunidades laborales y una prosperidad personal a largo plazo.
Como comentó recientemente Ali H. Soufan, destacado consultor en inteligencia de seguridad, a The New York Times: «Son los jóvenes quienes ya han tenido suficiente. Esta nueva generación no acepta lo que percibe como el orden corrupto de la élite política y económica de sus propios países. Quieren un cambio».
Lamentablemente, para la mayoría de los gobiernos, la represión violenta de los malestares incipientes o existentes parece ser la respuesta preferida. Al margen de su evidente inmoralidad, la represión violenta de las protestas no logrará, en última instancia, atajar las causas profundas del desencanto juvenil, y casi con seguridad lo agravará. Estos gobiernos harían mucho mejor en abordar el preocupante nivel de confianza que los jóvenes depositan en las instituciones públicas, que con demasiada frecuencia no logran servirles.
Esto significa, en primer lugar, que las instituciones públicas deben ofrecer algo de valor concreto y pertinente a los jóvenes a quienes supuestamente sirven. Los jóvenes deben obtener un beneficio directo de los proveedores de servicios sociales, de las fuerzas del orden y los tribunales, de las agencias de protección ambiental, de las empresas públicas o de los reguladores gubernamentales. Estas organizaciones deben, además, poner freno a la corrupción aparentemente endémica que erosiona su legitimidad y alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.
En segundo lugar, deben hacer realidad el objetivo de la inclusión, no solo de las personas de comunidades marginadas, sino también de la juventud. Ello exige plantearse y responder: ¿Están recibiendo nuestros consumidores más jóvenes los servicios que necesitan y merecen para prosperar? ¿Están las instituciones públicas abiertas a sus aportaciones y a su participación, o son bastiones de personas bien conectadas que se preocupan sobre todo por perpetuar su control del poder?
Muchas instituciones públicas y de la sociedad civil hablan de inclusión, pero la realidad es que rara vez van más allá de meros lugares comunes sobre el «diálogo» y la «colaboración». Ha llegado el momento de introducir cambios sistémicos y estructurales. Uno de ellos gira en torno a la edad. Del mismo modo que la mayoría de las sociedades han establecido, con razón, umbrales que limitan lo que los jóvenes pueden hacer (como obtener un permiso de conducir, votar, comprar alcohol, casarse o poseer un arma), deberíamos igualmente establecer más límites a lo que otros pueden hacer en el extremo superior del intervalo de edad.
En muchos lugares, los dirigentes que toman las grandes decisiones por el resto de nosotros son desproporcionadamente mayores y no tienen la energía mental o física necesaria para afrontar la velocidad del cambio de nuestra época. En algunos países, con frecuencia actúan bajo la suposición tácita de que estos cargos son de por vida. En Estados Unidos, no solo son mayores los dirigentes de más alto rango, sino que toda la fuerza laboral federal está envejeciendo. El gobierno federal no logra atraer suficiente savia nueva.
Los jóvenes perciben que las instituciones públicas son ajenas a los desafíos del desempleo juvenil y son incapaces de controlar el vertiginoso aumento del coste de la vida en muchas ciudades. Por ello, no es de extrañar que se muestren cada vez más cínicos respecto a ellas. Si realmente queremos que los jóvenes ciudadanos den forma y sostengan estas instituciones para su futuro, debemos transformarlas radicalmente, introduciendo edades de jubilación obligatorias, límites de mandato para los cargos públicos y financiación pública de las campañas electorales.
En tercer lugar, consolidar la confianza de los jóvenes exige que reconozcan el papel que las instituciones públicas pueden desempeñar en sus vidas. En el mejor de los casos, los jóvenes podrían tener una comprensión abstracta, propia de una clase de educación cívica en la escuela secundaria, de cómo funciona el gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, esto podría incluir la noción de tres poderes del Estado, los derechos constitucionales básicos y el valor del voto.
Quizá más importante es que los jóvenes comprendan cómo relacionarse con las funciones públicas relativamente mundanas, pero esenciales, que pueden tener enormes repercusiones en su propio bienestar. Como el departamento de vehículos motorizados, que hace posible la conducción (legal); los servicios públicos que suministran agua limpia y electricidad fiable; las licencias locales para negocios y construcción; o los departamentos de salud que garantizan la seguridad de nuestros alimentos. Si los jóvenes ven y perciben el valor de estas instituciones, es mucho más probable que confíen en ellas.
En cuarto lugar, es fundamental que abordemos de frente una cultura emergente que exige que el sector privado —empresas, fundaciones y ONG— asuma una mayor responsabilidad en el enriquecimiento de la vida de los ciudadanos, presumiblemente porque puede aportar más eficiencia y know-how a la tarea que el gobierno.
El gobierno tiene la función principal de proveer bienes públicos. Si bien existen numerosos ejemplos de cómo las colaboraciones entre los sectores público y privado han mejorado la provisión de bienes públicos, en última instancia el gobierno tiene una escala, credibilidad y, en algunos casos, una legitimidad necesaria mucho mayores para ser el principal responsable de la prestación de servicios públicos.
No se trata de excluir al sector privado de la provisión de bienes públicos, sino de consolidar el apoyo al sector público como principal convocante de la «cadena de suministro» en la producción de bienes públicos. Es evidente que las instituciones gubernamentales deben mejorar la forma en que prestan esos servicios. Pero ya es hora de renunciar a la fantasía de que poner al sector privado al mando resolverá nuestros problemas.
Por último, las repercusiones de la automatización y la inteligencia artificial sobre el empleo, la productividad, el contrato social entre empleadores y trabajadores, y la cohesión social en general pueden ser profundas. Aunque las propias instituciones públicas se ven afectadas por la automatización y la tecnología, deben ser el principal convocante de todos los debates sobre nuestras opciones de políticas para el futuro. Las instituciones públicas están en la mejor posición para garantizar que, en la mayor medida posible, esas opciones sirvan bien a las generaciones más jóvenes.
Estas y otras medidas necesarias requerirán, por supuesto, más recursos. Pero, lo que es más importante, exigen muchas formas nuevas, simultáneas y radicalmente distintas de pensar, y romper con prácticas consolidadas por el tiempo que no han servido bien a los jóvenes ni al resto de nosotros. La realidad es sencilla: a menos que los dirigentes de muchas sociedades permitan este tipo de cambio, la frustración, la desconfianza y las revueltas contra las instituciones públicas solo serán cada vez más frecuentes.
