Este artículo forma parte de la plataforma Geostrategy del Foro Económico Mundial
El Tratado sobre el Espacio Exterior (OST) de 1967 es el eje central del derecho espacial. Reconoce la importancia del uso y la exploración científica del espacio exterior en beneficio e interés de todos los países. También prohíbe la soberanía nacional en el espacio, incluida la de la Luna y otros cuerpos celestes.
El OST prohíbe todas las armas de destrucción masiva en el espacio – en órbita o en otros planetas y lunas – y no permite el establecimiento de infraestructura militar, maniobras ni la realización de pruebas de cualquier tipo de arma en planetas o lunas. Como deja claro el tratado, el espacio exterior es solo para fines pacíficos. Excepto, por supuesto, que no lo es; nunca lo ha sido.
El primer satélite, el Sputnik, fue un satélite militar que dio inicio a la carrera espacial de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Los ejércitos de muchos países siguieron su ejemplo, y hoy el espacio se utiliza para comunicaciones militares, inteligencia de señales, obtención de imágenes, selección de objetivos, verificación del control de armamentos, etc.
Fines pacíficos
Sin embargo, en consonancia con las aspiraciones internacionales, el espacio también se utiliza para toda clase de fines pacíficos, como la vigilancia ambiental, las comunicaciones de radiodifusión, la prestación de internet, la predicción meteorológica, la navegación, la exploración científica y – algo muy importante – la monitorización del «clima espacial» (incluida la actividad del Sol).
Existen otros acuerdos internacionales sobre el espacio, como los relativos al rescate de astronautas, el registro de satélites y la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales. También existe el Tratado de la Luna, que regula las actividades en la Luna y otras lunas, asteroides y planetas.[i](se abre en una ventana nueva)
Más recientemente, los Estados del Comité de las Naciones Unidas para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS) en Viena han acordado directrices para abordar la preocupante situación de los desechos espaciales, que saturan las órbitas y suponen un peligro para los satélites, la estación espacial y los astronautas.
El problema al que se enfrenta ahora la comunidad internacional es que el uso del espacio está cambiando de forma drástica y rápida. Hay más satélites que nunca –bastante más de 1.000– y más propietarios de satélites: casi todos los países utilizan información generada desde el espacio. Sin embargo, cada vez más, esos propietarios no son países, ejércitos u organizaciones internacionales, sino el sector comercial. Muy pronto, los propietarios incluirán incluso a particulares.
Se preparan para desplegarse en el espacio pequeños «minisatélites» o «cubesats». Pueden actuar de forma independiente o en «enjambres», y son tan pequeños que se lanzan como carga secundaria junto con otros satélites, por lo que su lanzamiento es muy barato. Esto está cambiando la ecuación coste-beneficio de la propiedad y el uso de satélites. Los países en desarrollo dependen cada vez más del espacio para las comunicaciones, internet y la información sobre, por ejemplo, sistemas meteorológicos, actividades costeras y agricultura.
Otro avance importante es el auge de la minería de asteroides. Los asteroides contienen una gran variedad de metales y minerales; algunos son más prometedores que otros, y algunos están más cerca de la Tierra que otros. Varias empresas se han constituido y registrado en todo el mundo para comenzar la explotación de asteroides en busca de metales preciosos (como el platino) y compuestos (como los minerales de tierras raras).
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, será una empresa turbia. El régimen actual de tratados internacionales prohíbe que un país posea un cuerpo celeste; el espacio es de todos. Pero ¿prohíbe el derecho internacional la propiedad o explotación de un cuerpo celeste por parte de una empresa privada? La ley aún no se ha puesto a prueba, pero hay juristas que consideran que las empresas están exentas. Luxemburgo y Australia son dos países que ya han comenzado a registrar el interés por las empresas mineras espaciales.
A medida que la humanidad depende más de la información generada o transmitida a través del espacio, aumenta la vulnerabilidad a la manipulación de los datos espaciales. Las exigencias sobre el uso de las frecuencias de comunicación (la cuestión de la disponibilidad y los derechos sobre el espectro), gestionadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),[ii] deben abordarse con urgencia.
Hoy en día se producen ciberataques constantes en el espacio y contra la información digital en la que se apoyan nuestros sistemas. Por ejemplo, la información de posición, navegación y sincronización horaria, como la de GPS o Galileo, no solo es vital para llevarnos de forma segura de A a B, sino también para las transacciones financieras de alta velocidad que requieren señales horarias precisas.
Casi todos nuestros sistemas electrónicos dependen de esas señales horarias para la sincronización y el funcionamiento básico. Los ataques informáticos, la suplantación digital y la información «falsa» son ahora una posibilidad real. No existe ningún orden basado en normas que sea apto para hacer frente a este tipo de ataques.
Las ciberarmas son solo una parte del problema. Se supone que los Estados, si aún no lo han hecho, posicionarán armas espaciales «defensivas» para proteger sus satélites. La protección podría estar destinada a combatir los desechos espaciales; por ejemplo, redes, barras de agarre y arpones están siendo investigados.
Sin embargo, todas estas ideas podrían utilizarse como armas ofensivas. Una vez que un operador de satélites decida equipar sus activos con tales dispositivos, muchos otros lo seguirán. La militarización del espacio está en el horizonte.
Los intentos de desarrollar reglas de circulación y códigos de conducta, o incluso de iniciar negociaciones para prohibir las armas en el espacio, han fracasado una y otra vez.
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No existen normas ni acuerdos internacionales para gestionar estos avances. Los intentos en Ginebra de abordar la carrera armamentista en el espacio han fracasado, al igual que la incapacidad de la Conferencia de Desarme para negociar cualquier instrumento desde 1996.
Los intentos de desarrollar reglas de circulación y códigos de conducta, o incluso de iniciar negociaciones para prohibir las armas en el espacio, han fracasado una y otra vez. No hay normas acordadas que regulen la actividad cibernética. Los Manuales de Tallin[iii] que abordan cómo se aplica el derecho internacional a la guerra cibernética también abordan las leyes de los conflictos armados en el espacio, pero la falsificación de datos y el hackeo en el espacio existen en marcos jurídicos mucho más turbios.
El actual sistema de derecho espacial internacional –que ni siquiera permite una revisión y consideración periódicas del OST– tiene dificultades para mantenerse al día. El espacio es la herencia de la humanidad, pero la generación actual de mayores –como ha hecho con tantas otras partes de nuestro entorno global– ha dejado que las cosas se deterioren y no ha logrado impulsar el sistema de normas, tan necesario, para proteger el espacio para las generaciones futuras.
No es demasiado tarde, pero requerirá la cooperación internacional entre los principales actores espaciales: Rusia, Estados Unidos, China, India y Europa; difícilmente una alineación prometedora de colaboradores en el clima político actual.
Cubrir las lagunas de gobernanza
Es necesario establecer normas de conducta y reglas de circulación para el espacio antes de que se convierta en un «salvaje oeste» del siglo XXI en materia de tecnología y actividad. Cuestiones como la limpieza de los desechos espaciales, el principio de no injerencia y la proximidad a la que pueden maniobrar los satélites entre sí (normas de proximidad) deben acordarse como un conjunto de normas internacionales para el comportamiento en el espacio.
Un grupo transregional de países afines (por ejemplo, Argelia, Canadá, Chile, Francia, India, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Suecia, los EAU y el Reino Unido) debería vincularse con organismos de la ONU, incluida la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), el COPUOS y la UIT, así como con empresas clave del sector privado, para impulsar un nuevo proceso de código de conducta global que establezca normas y regule el comportamiento en el espacio.
La ONU podría ser la entidad anfitriona de este nuevo enfoque, o podría establecerse del modo en que se creó el proceso de Ottawa sobre las minas antipersonal, mediante un grupo de Estados afines con responsabilidad colectiva para las negociaciones, y con alojamiento y financiación colectivos de estas.
Un nuevo enfoque también debería abarcar la ciberseguridad en el espacio. Los procesos de la ONU sobre el espacio y el ciberespacio deberían converger más para encontrar formas de crear sinergias en sus esfuerzos. Y los problemas que se avecinan en materia de gestión del espectro –especialmente dado el gran número de pequeños satélites y constelaciones que se lanzarán en un futuro próximo– requieren atención urgente en la UIT.
Crear un código de conducta global para el espacio exterior, Patricia Lewis, Chatham House
