La pandemia de COVID-19 ha agravado los desafíos que afrontan los refugiados, los desplazados internos y las personas apátridas del mundo.
La falta de datos o las lagunas en ellos limitan nuestra capacidad para medir con precisión la pobreza y el impacto de las crisis y de las perturbaciones causadas por las políticas en estas poblaciones y en las comunidades que las acogen.
Invertir en mejores datos nos permitirá pasar de las respuestas a corto plazo ante las emergencias humanitarias a un apoyo al desarrollo a más largo plazo.
En 2016, Daniel y su familia huyeron de la guerra civil en Sudán del Sur y llegaron a Uganda. Cuatro años después, la precaria vida que llevaban como refugiados empeoró por la pandemia de COVID-19: además de la amenaza para la salud, la respuesta del país al brote provocó el cierre de escuelas y una pérdida de empleos a gran escala.
Eso es lo que sabemos. También sabemos que el padre de Daniel intentó casar a su hermana, que estaba en edad escolar, con un hombre mucho mayor que vivía en Occidente para conseguir dinero y mantener a su familia. Muchas amigas de su hermana sufrieron un aumento de los abusos sexuales y la violencia después de perder la protección que les brindaba asistir a la escuela. Daniel me contó su experiencia directamente desde Juba, la capital de Sudán del Sur, y sé que su historia no es única.
Desde el empleo hasta la seguridad alimentaria, la salud, la educación y la igualdad, sabemos que la pandemia ha agravado los desafíos que afrontan los refugiados, los desplazados internos (IDP) y las personas apátridas del mundo. A menudo, sus consecuencias han sido mayores para estas personas que para las comunidades que las acogen. Cansado de buscar trabajo en vano, Daniel finalmente regresó a Juba para encontrar empleo, pese a la preocupación por el bienestar de su familia.
Pero hay muchísimo que desconocemos sobre Daniel y los 82,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo , incluida información detallada sobre el impacto de la COVID-19 en ellas y en sus comunidades. Nuestra comprensión de cómo están sobrellevando la situación es incompleta porque, con frecuencia, no se las incluye en las estadísticas oficiales.
Recopilar datos socioeconómicos significativos sobre este grupo resulta mucho más difícil debido a las importantes lagunas de conocimiento en los países que generan o acogen a grandes poblaciones de personas desplazadas. Cerca del 86 % de los refugiados del mundo se encuentra en países de ingreso bajo y mediano, y el 27 % de ellos, en los países menos desarrollados. Los sistemas estadísticos nacionales de estos países suelen ser débiles, lo que limita nuestra capacidad para medir con precisión la pobreza y el impacto de las crisis y de las perturbaciones causadas por las políticas.
Esto vuelve invisibles a algunas de las personas más vulnerables del mundo para quienes diseñan las políticas y necesitan elaborar y poner en marcha programas que las apoyen. También dificulta el seguimiento de los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los referentes del progreso mundial hacia la paz y la prosperidad para 2030. Son objetivos fundamentales, pero no se puede gestionar lo que no se puede medir.
No estamos completamente a oscuras. En un informe reciente, Responder al llamamiento: desplazamiento forzado durante la pandemia, desde el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado (JDC), en estrecha colaboración con colegas del Banco Mundial y del ACNUR, describimos las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 para las poblaciones desplazadas, utilizando datos de simulaciones y escenarios elaborados por investigadores. También presentamos los resultados de encuestas telefónicas que abarcaron ocho ejercicios de recopilación de datos a escala nacional, basados en unas 90.000 entrevistas.
Estas encuestas nos indican que las personas desplazadas han sufrido graves retrocesos en el acceso a la atención sanitaria y a la seguridad alimentaria, y, en ocasiones, pérdidas considerables de empleo e ingresos.
Por ejemplo, según las cifras actualizadas, las tasas de pobreza han aumentado drásticamente tanto entre los refugiados sirios como entre las comunidades que los acogen en el Líbano. Se prevé que en 2021 hasta 1 millón más de refugiados sirios y 1,5 millones de libaneses caigan por debajo del umbral internacional de pobreza (5,50 dólares por día y persona). En Yibuti, por ejemplo, el 80 % de los hogares de refugiados depende de la ayuda humanitaria, frente a solo el 4 % de los hogares de las comunidades de acogida.
Como muchos refugiados trabajan en empleos poco cualificados del sector informal, la COVID-19 y otros factores han dificultado el acceso a empleos estables y bien remunerados. En consecuencia, muchos han perdido su principal fuente de ingresos y dependen cada vez más de la asistencia. Además, millones de personas que viven en campamentos de refugiados y dependen de la asistencia internacional y de las remesas (dinero enviado por amigos y familiares desde el extranjero) se encuentran en una situación desesperada, pues ambas fuentes de apoyo han disminuido.
La atención sanitaria es otra preocupación fundamental. Hasta septiembre de 2021, 160 países se habían comprometido a incluir a las personas desplazadas por la fuerza en sus planes nacionales de vacunación. Sin embargo, la distribución desigual de las vacunas impide que muchos países de ingreso bajo y mediano que acogen a refugiados empiecen a vacunarlos en una medida significativa. Las encuestas realizadas en Chad, Yibuti, Etiopía e Irak indican que las personas desplazadas están dispuestas a vacunarse contra la COVID-19 —a menudo más que las comunidades que las acogen—, pero a muchas les preocupa el costo. En Yemen, la mejora gradual del acceso a la atención sanitaria hasta marzo de 2019 —pese al desastre humanitario en el país— quedó anulada con el inicio de la pandemia.
Por último, las restricciones a la circulación relacionadas con la pandemia hicieron que casi 100 países cerraran sus fronteras en la primavera de 2020. Actualmente, cerca de 60 países mantienen esos cierres, lo que priva a muchos refugiados de la posibilidad de buscar refugio y protección, un derecho que les reconoce el derecho internacional. Al hacer que sus trayectos sean más impredecibles y peligrosos, resulta aún más difícil recopilar datos fundamentales y brindarles la protección y los servicios que necesitan.
En el mundo actual, oímos a muchas personas ensalzar el poder transformador de los macrodatos. Sin embargo, cuando se trata de millones de personas vulnerables que viven en regiones afectadas por conflictos, pobreza y cambio climático, estamos muy lejos de recopilar la información que necesitamos para responder eficazmente a sus necesidades.
Incluir a los refugiados en los sistemas nacionales —en lugar de tratarlos como poblaciones separadas con menos derechos— resolvería muchos de los desafíos relacionados con la recopilación, el análisis y el uso de datos. Los Estados y las organizaciones multilaterales, incluidos el Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas, también deben asegurarse de que los sistemas nacionales de datos tengan capacidad para hacer seguimiento de los refugiados, los desplazados internos (IDP) y las personas apátridas, si se pretende que contribuyan a la planificación y la preparación.
Además, millones de refugiados y desplazados internos (IDP) no podrán regresar a sus hogares durante meses o incluso años. Sin invertir en mejores datos, no podremos pasar con decisión de las respuestas a corto plazo ante las emergencias humanitarias a un apoyo al desarrollo a más largo plazo, tanto para las personas desplazadas como para las comunidades que las acogen.
La experiencia de refugiados como Daniel ilustra los desafíos que afrontan y debería motivarnos a actuar. Para construir un futuro más prometedor, debemos sacarlos de las sombras estadísticas.
