El trágico éxodo de personas procedentes de Siria y de los países vecinos, devastados por la guerra, desafía la razón y la solidaridad del mundo. Desde 2011, unos cuatro millones de personas han huido de Siria, y millones más se encuentran desplazadas dentro del propio país. Los países vecinos de Siria –Jordania, Líbano y Turquía– acogen actualmente a la gran mayoría de los desplazados externos. Pero, a medida que la crisis ha avanzado, cientos de miles de refugiados se han dirigido hacia Europa, en su mayoría por la extremadamente peligrosa ruta marítima.
La naturaleza y la magnitud de este éxodo han vuelto obsoletos todos los supuestos jurídicos y políticos anteriores sobre la migración. En el pasado, el principal motivo de la migración era económico. El debate que surgió de la migración económica enfrentó a los liberales, que defendían el principio de libre circulación de la mano de obra, con quienes querían restringir la circulación entre países para proteger los empleos, la cultura y/o la cohesión política.
A medida que el mundo se llenaba de Estados-nación y los espacios vacíos se poblaban de personas, la restricción se impuso a la libre circulación. Los controles a la inmigración se generalizaron tras la Primera Guerra Mundial. Todos los países desarrollaron políticas de población.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 reconoció un derecho de asilo para quienes no pueden regresar a su país de origen debido a un temor “bien fundado” de persecución.
En la práctica, sin embargo, nunca ha sido sencillo distinguir entre migrantes económicos y políticos, porque la persecución política suele incluir restricciones económicas. Los judíos que huían de los pogromos en Europa del Este a finales del siglo XIX, o de la Alemania de Hitler en los años treinta, fueron a la vez migrantes económicos y políticos. Lo mismo ocurrió con los asiáticos de África Oriental expulsados de Uganda en los años sesenta.
Pero el número de personas reconocidas como refugiados políticos con derecho de asilo era mucho menor que el de quienes tenían como principal motivo mejorar su situación económica. Esto reflejaba las condiciones políticas relativamente estables del mundo de los años cincuenta. Entonces, los países de los que hoy huyen los refugiados estaban bajo dominio colonial o cuasicolonial, mientras que surgieron dictaduras locales para preservar el orden en los estados sucesores de los antiguos imperios. Fue el colapso de estos sistemas brutales tras la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003 y la Primavera Árabe de 2011 lo que dio origen a la actual crisis de refugiados.
La huida de los refugiados desde Siria y otros países asolados por la guerra choca con regímenes jurídicos mal adaptados para afrontarla. La Unión Europea restringe severamente la mano de obra procedente de países no miembros, pero permite la libre circulación de la mano de obra dentro de su mercado único. Esto se justifica con la ficción de que los ciudadanos de los países de la UE son miembros de una única comunidad política. El derecho de los griegos a trabajar en Alemania no es distinto del de los parisinos a trabajar en Marsella.
Pero la UE es un Estado incompleto, uno que quizá nunca llegue a completarse. Un indicador evidente de ello es que carece de un mecanismo de transferencias fiscales que reduzca la presión migratoria de las zonas pobres hacia las ricas. Ante esta ausencia, se asume que la libre migración económica dentro de la UE generará un escaso movimiento neto de población. El modelo implícito es el del «trabajador invitado» que va y viene; en la práctica, una parte considerable de los migrantes económicos de las zonas más pobres de Europa permanece en su país de destino, lo que alimenta el aumento del apoyo a los partidos antiinmigración.
El sistema de asilo no está en absoluto preparado para tratar con la nueva generación de refugiados, que no son elegibles con arreglo al marco vigente, porque huyen no de actos concretos de persecución, sino de la desintegración de sus Estados. Pueden recibir «protección humanitaria» o se les puede conceder un «permiso discrecional de permanencia» durante un periodo breve; pero después pueden ser deportados como inmigrantes ilegales.
Entonces, ¿qué hacer? Un estatus de residencia temporal, dentro o fuera de Europa, sería razonable si un rápido retorno a la normalidad en los países de origen de los refugiados fuera una perspectiva realista. En Siria, por ejemplo, no lo es: aunque políticos y analistas hablan de frenar la oleada en su origen, no se vislumbra ningún plan de paz. Estados Unidos y Rusia respaldan a bandos distintos. Occidente no puede aceptar la posibilidad de que la dictadura de Asad, por brutal que sea, sea la menos mala de las opciones disponibles. Así pues, la guerra civil continuará, aumentará el número de refugiados en campamentos de tránsito y más personas arriesgarán su vida para entrar en una Fortaleza Europa llena de grietas.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha propuesto distribuir 160.000 de los refugiados que se encuentran actualmente en Europa entre los 28 Estados miembros de la UE. Alemania está dispuesta a acoger muchos más. De hecho, la canciller Angela Merkel ha afirmado con valentía “el derecho fundamental de asilo para los perseguidos políticos sin límite máximo; y eso vale para los refugiados que llegan a nosotros desde el infierno de la guerra civil”. Pero otros líderes europeos, ante el auge de partidos extremistas y antiinmigración, no han respaldado la postura de Merkel; y los refugiados aún tienen que llegar a Alemania atravesando países como Hungría, que están levantando muros y otras barreras fronterizas para mantenerlos fuera.
La verdad es que Occidente no puede o no quiere acoger a los refugiados en el número necesario, y no tiene solución para el problema de los Estados fallidos. Esto significa que, más allá de repartir ayuda humanitaria a quienes están en campamentos de refugiados, no tiene política alguna. Mientras eso no cambie, la tragedia solo puede agravarse.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Robert Skidelsky es catedrático emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick, miembro de la Academia Británica en las áreas de historia y economía y miembro de la Cámara de los Lores británica.
Imagen: Refugiados sirios caminan hacia la frontera entre Grecia y Macedonia. REUTERS/Alexandros Avramidis.
