Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
Asesinar a personas no por lo que hacen, sino simplemente por lo que son –su identidad nacional, étnica, racial, religiosa o política– es moralmente lo peor que puede existir. Sin embargo, ese fue el destino de al menos 80 millones de hombres, mujeres y niños en el siglo XX, entre ellos armenios en Turquía, judíos en Europa, clases sospechosas en la Unión Soviética y China, comunistas en Indonesia, no comunistas en Camboya, bengalíes en el antiguo Pakistán Oriental, asiáticos en Uganda, tutsis en Ruanda y musulmanes en la antigua Yugoslavia.
La Convención sobre el Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 como respuesta al Holocausto, debería haber sido un freno. No lo fue. Ya sea que designemos su sufrimiento como «genocidio», «politicidio», «democidio» o, con sensatez, para evitar sutilezas lingüísticas y jurídicas, simplemente como «crímenes de atrocidades masivas», los civiles inocentes han seguido siendo asesinados. Y siguen sufriendo o temiendo en muchas partes del mundo, en particular en Oriente Medio, Sudán, Sudán del Sur y África Central, y en rincones vulnerables de Asia, como Corea del Norte, Myanmar y Afganistán.

Los 100 peores conflictos y atrocidades, del 500 a. C. al 2000 d. C. Fuente: datos de White, 2011
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado ahora el 9 de diciembre como el Día Internacional en memoria de las víctimas del genocidio y para centrar la atención en la prevención. Es un buen momento para evaluar cuánto hemos avanzado –y cuánto nos queda por recorrer– en la traducción a la realidad de la aspiración moral expresada hace siete décadas.
La buena noticia es que en la última década ha surgido un consenso mundial genuino y sin precedentes: la soberanía estatal no es una licencia para matar. Los crímenes de atrocidades masivas –incluso los cometidos íntegramente dentro de las fronteras de un Estado– se han convertido en asunto de todo el mundo.
En 2005, la Cumbre Mundial de jefes de Estado y de Gobierno y la Asamblea General de la ONU adoptaron por unanimidad el principio de la «Responsabilidad de Proteger», o R2P, como se la conoce hoy. El principio se diseñó para establecer nuevas normas de conducta y un marco de acción eficaz destinado a prevenir y responder al genocidio, la limpieza étnica, otros crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra graves.
Los «tres pilares» de la resolución afirmaban, en primer lugar, la responsabilidad de un Estado hacia su propia población de no cometer ni permitir tales crímenes de atrocidades masivas; en segundo lugar, la responsabilidad de otros Estados de asistirlos; y, en tercer lugar, la responsabilidad de otros de responder con «una acción oportuna y decisiva» (incluida la fuerza militar coercitiva, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU) si un Estado está «manifiestamente fracasando» en la protección de su población.
La mejor prueba de la amplia aceptación de la R2P como norma radica en los debates anuales de la Asamblea General. Pese a algunas vacilaciones iniciales, y aunque muchos Estados se sienten más cómodos con los dos primeros pilares que con el tercero, no existe duda seria sobre ningún aspecto del principio. Y, significativamente, el lenguaje de la R2P se ha utilizado casi 40 veces en resoluciones del Consejo de Seguridad desde 2005, incluso recientemente en respuesta a amenazas de atrocidades en Yemen, Libia, Malí, Sudán, Sudán del Sur y la República Centroafricana (RCA).
La R2P también ha servido de catalizador para el cambio institucional, ya que más de 50 Estados y organizaciones intergubernamentales han establecido «puntos focales»: funcionarios de alto nivel designados cuya labor es analizar el riesgo de atrocidades y movilizar respuestas adecuadas. La capacidad de respuesta civil recibe mucha más atención organizada, al igual que la necesidad de que los ejércitos reconsideren su configuración de fuerzas, su doctrina, sus normas de enfrentamiento y su formación para afrontar mejor las operaciones de respuesta ante crímenes de atrocidades masivas, que a menudo deben situarse a medio camino entre el mantenimiento de la paz y el combate a gran escala.
En materia de prevención, la R2P ha registrado varios éxitos notables: Kenia tras sus elecciones presidenciales de 2008, las crisis anteriores en Sierra Leona y Liberia, Guinea tras 2010, Costa de Marfil tras 2011 y, probablemente, Kirguistán tras 2010. En Burundi, que se encuentra constantemente al borde de un conflicto étnico volcánico, la intervención diplomática internacional impulsada por la R2P ha contribuido –al menos hasta ahora– a contener nuevas erupciones. La mayoría de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU cuentan ahora con mandatos sólidos para proteger a los civiles, y la mayoría de esas operaciones logran impedir que los conflictos latentes se agraven.
La noticia menos favorable es que, en el desafío fundamental de detener los crímenes de atrocidades masivas que efectivamente están ocurriendo, el balance de la R2P ha sido, en el mejor de los casos, desigual. Los casos de éxito claros han sido Kenia en 2008, Costa de Marfil y, al menos inicialmente, Libia en 2011. Y cabe reconocer cierto éxito parcial a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU nuevas o revitalizadas en el Congo, Sudán del Sur y la RCA.
Pero ha habido algunos fracasos graves, entre ellos, sin duda, Sri Lanka en 2009. En Sudán, donde la crisis original de Darfur es anterior a la R2P pero la situación sigue empeorando, el presidente Omar al-Bashir permanece prácticamente intacto, ni por su orden de detención de la Corte Penal Internacional ni por las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Y, sobre todo, se ha producido una parálisis internacional catastrófica respecto a Siria.
La omisión crucial en Siria se produjo a mediados de 2011, cuando la violencia del régimen de Asad era unilateral y contenible. Alarmado por la percepción de que las potencias occidentales se habían extralimitado en Libia al ampliar un mandato limitado de protección de civiles hasta convertirlo en una cruzada por el cambio de régimen, y viendo otra pendiente resbaladiza en Siria, el Consejo de Seguridad no logró siquiera condenar al régimen. Con Asad libre de toda restricción, la situación se deterioró rápidamente hasta convertirse en la guerra civil a gran escala que hoy asola el país.
Reconstruir el consenso dentro del Consejo de Seguridad no es imposible, pero llevará tiempo. La propuesta brasileña de «responsabilidad al proteger» apunta un camino a seguir, al exigir que todos los miembros del Consejo acepten un seguimiento y una revisión estrictos de cualquier mandato militar coercitivo durante toda la vigencia de dicho mandato.
La aplicación plenamente eficaz de la R2P –y de todo lo que la Convención sobre el Genocidio pretendía lograr– sigue estando algo lejos; pero no veo en ninguna parte indicio alguno de que alguien quiera volver a los malos viejos tiempos.
Nunca debemos olvidar lo malos que llegaron a ser aquellos días. En noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos hubieran iniciado su matanza genocida, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo célebremente al ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Chatichai Choonhavan: «También debería decirles a los camboyanos que seremos sus amigos. Son matones asesinos, pero no vamos a dejar que eso se interponga en nuestro camino».
Por muy cínicos que a veces sigan siendo nuestros líderes políticos, es difícil imaginar que hoy alguno de ellos se sienta capaz de hablar así.
La publicación no implica el respaldo de las opiniones expresadas por el Foro Económico Mundial.
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Autor: Gareth Evans es actualmente canciller de la Universidad Nacional de Australia.
Imagen: Una mujer camina por el memorial del Holocausto durante una fuerte nevada en Berlín. REUTERS/Wolfgang Rattay.





