Acabar con la deforestación es crucial para alcanzar numerosos objetivos mundiales, entre ellos evitar una crisis climática, sostener los medios de vida rurales y preservar la biodiversidad natural. Con este fin, empresas, inversores, gobiernos, sociedad civil y comunidades han asumido compromisos ambiciosos para reducir la deforestación de aquí a 2020. Entre ellos figuran el objetivo de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales, el Desafío de Bonn de restaurar 150 millones de hectáreas de bosques degradados y el compromiso del Consumer Goods Forum de lograr una deforestación neta cero en las cadenas de suministro de aceite de palma, soja, carne de vacuno y papel.
Sin embargo, las empresas están descubriendo que la inseguridad generalizada de los derechos de las comunidades sobre la tierra en el sur global dificulta la implementación. Para tener éxito, las empresas deben dar prioridad al respeto de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres rurales afectadas por sus operaciones. Esto reduce la deforestación, protege sus resultados financieros y beneficia a los pueblos locales.
En mayo de 2018, actores clave en la lucha mundial contra la deforestación se reunieron para la Asamblea General de la Tropical Forest Alliance 2020 en Ghana, con el fin de evaluar la situación y acelerar las medidas para cumplir sus compromisos. Aunque se acerca rápidamente el plazo de 2020, los nuevos espacios de colaboración entre el sector privado y la sociedad civil, las reformas agrarias en curso y los alentadores proyectos piloto apuntan a que existe potencial para acelerar los avances empresariales en la reducción de la deforestación y el respeto de los derechos de las comunidades sobre la tierra.
Casi todas las inversiones en tierras en el sur global afectan a las comunidades rurales. Un estudio indicó que al menos el 93 % de las 73.000 concesiones de recursos naturales en 10 países en desarrollo estaban habitadas. Aunque históricamente los pueblos indígenas y las comunidades rurales han sido propietarios de más de la mitad de las tierras y los bosques del mundo, los gobiernos solo reconocen sus derechos sobre alrededor del 10 %. Como las comunidades han protegido durante mucho tiempo los recursos naturales del mundo, el reconocimiento insuficiente de sus derechos pone en riesgo los bosques y las aguas de los que todos dependemos para la sostenibilidad ambiental mundial. Sin derechos seguros, suelen producirse conflictos y deforestación.
La inseguridad de los derechos también amenaza los resultados financieros de las empresas y su éxito financiero a largo plazo. Las disputas por la tierra entre empresas y comunidades locales suelen provocar conflictos, interrupciones del trabajo y estancamiento de las inversiones. Estos conflictos, por supuesto, perjudican a los pueblos locales, pero también resultan costosos para los inversores. Más de la mitad de los 288 conflictos relacionados con tierras entre empresas y comunidades analizados en un estudio mundial siguen sin resolverse, y muchos se prolongan durante años. El problema sigue creciendo: las disputas sobre la tenencia de la tierra han aumentado un 300 % desde 2003.
Cambiar los modelos de negocio para respetar los derechos es una tarea importante. Incluso los inversores y las empresas más sofisticados afrontan dificultades para aplicar el respeto de los derechos en complejas cadenas de suministro mundiales. La coordinación es limitada y los resultados y aprendizajes aún no se comparten ampliamente. Pero esto empieza a cambiar. Los inversores y las empresas disponen de más tecnología, herramientas y conocimientos colectivos que nunca.
Mi propia organización contribuyó a impulsar el Interlaken Group, una red precompetitiva de líderes de empresas progresistas, inversores, ONG y organizaciones de pueblos indígenas que colaboran para desarrollar y difundir nuevas herramientas y acelerar el aprendizaje del sector privado sobre el respeto de los derechos sobre la tierra. Más recientemente, el Interlaken Group elaboró orientaciones corporativas sobre cuestiones relativas a derechos históricos sobre la tierra —un tema notoriamente complejo y controvertido— que contó con el respaldo tanto de la sociedad civil como de empresas e inversores.
Muchas empresas ya colaboran con la sociedad civil en proyectos piloto y prueban estas herramientas sobre el terreno. Nestlé utilizó las orientaciones del Interlaken Group sobre las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia (VGGT) —un conjunto de normas sobre la tenencia de la tierra propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura— para evaluar el desempeño de sus proveedores de aceite de palma en cuestiones de tenencia en Indonesia.
Con financiación del Gobierno del Reino Unido, Illovo Sugar colaboró con la ONG Landesa en Malawi para resolver un conflicto de larga data con las comunidades locales. Esto incluyó cartografiar reivindicaciones históricas de tenencia y ayudar a Landesa a desarrollar una herramienta de diligencia debida para trabajar con explotaciones agrícolas y pequeños productores asociados. The Forest Trust está probando su mecanismo Kumacaya para apoyar la supervisión comunitaria de las cadenas de suministro de las empresas mediante nuevas tecnologías. Es fundamental que estas partes interesadas compartan con sus pares los éxitos y aprendizajes de estas experiencias para acelerar el aprendizaje.
Los procesos de reforma agraria en curso en varios países también han sentado las bases jurídicas necesarias para aclarar el entorno operativo de empresas e inversores y reducir los riesgos relacionados con la tenencia de la tierra. La aplicación de legislación progresista en países como India, Indonesia, Kenia y Perú, entre otros, podría asegurar los derechos de las comunidades sobre más de 200 millones de hectáreas de tierras rurales. Y aunque en muchos casos la implementación y la voluntad política siguen siendo obstáculos, nuevas instituciones de financiación, como la International Land and Forest Tenure Facility, están haciendo posible el reconocimiento de derechos a gran escala.
Aunque 2020 se acerca rápidamente, aún hay tiempo para avanzar hacia la deforestación cero. Con reformas de la tenencia y financiación disponibles para su implementación, y empresas que trabajan con un conjunto de nuevas herramientas y socios para sanear sus cadenas de suministro, hay motivos para el optimismo.
