Cuando se piensa en empresas que operan en países que aún tienen dificultades para proteger y garantizar los derechos humanos, es fácil imaginar un relato de empresas sin escrúpulos que aprovechan sin reparos la debilidad de las leyes laborales, la falta de un salario mínimo y los controles ambientales deficientes. Sin embargo, en muchos lugares, la realidad es muy distinta. El sector privado no solo se ve perjudicado por la escasa protección de los derechos humanos, sino que, además, las propias empresas deben asumir un papel de liderazgo para compensar las deficiencias existentes a escala nacional.
Pese a las numerosas críticas dirigidas a las empresas, en el 3.er Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, celebrado a principios de este mes, las empresas no temieron dar un paso al frente y reafirmar su compromiso de desempeñar un papel destacado en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La garantía y protección de los derechos humanos son esenciales para un crecimiento económico sólido y bien distribuido. La mala salud de los empleados y sus familias, la escasez de opciones de vivienda asequible y la falta de educación y formación profesional no son solo cuestiones de derechos humanos: también impiden que las empresas alcancen todo su potencial.
A principios de este año, encuestamos y entrevistamos a más de 80 empresas de Papúa Nueva Guinea, como parte de un estudio sobre los costos socioeconómicos de la delincuencia y la violencia. Papúa Nueva Guinea registra una de las tasas de delincuencia y violencia más altas del mundo, y la violencia contra las mujeres es especialmente generalizada. Las empresas fueron claras sobre el impacto de esta situación en sus operaciones y citaron problemas como la pérdida de productividad, la falta de acceso a los mercados por motivos de seguridad, y los elevados costos de seguridad que se absorben y trasladan a lo largo de toda la cadena de suministro, por mencionar solo algunos.
Las empresas de PNG han dialogado con el gobierno e intentado contribuir a cambios normativos y culturales. Al mismo tiempo, han asumido un papel de liderazgo y ayudan a proteger a sus empleados frente a las carencias en materia de derechos humanos de las siguientes maneras:
Se transporta al personal local hacia y desde el trabajo para reducir el riesgo de que sea víctima de delitos y violencia durante el trayecto entre su hogar y el lugar de trabajo. Muchas empresas gestionan su propia flota interna de autobuses, destinada a recoger y dejar a los empleados en sus hogares.
Se toman medidas para proteger al personal femenino de riesgos específicos. Las empresas señalaron que la seguridad en los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo es primordial para las empleadas, y que la seguridad y el bienestar de las mujeres también estaban en riesgo debido a los niveles extremos de violencia doméstica en todo el país. El personal femenino y masculino recibe formación sobre bienestar general y concienciación sobre la salud, violencia doméstica y salud sexual y reproductiva.
Algunas empresas incluso informaron que ofrecen centros de atención médica y tratamiento de traumas en sus instalaciones para empleados y familiares; la mayoría de los casos están relacionados con agresiones y violencia doméstica. Muchas empresas afirmaron que aplicaban una política de tolerancia cero frente al acoso del personal femenino y que despedían a quienes hubieran participado en actos de violencia.
Algunas empresas ofrecen cuarteles y dormitorios en sus instalaciones para los empleados y, en ciertos casos, sus familias. Estos alojamientos también presentan problemas sociales, pero las compañías invierten en ellos para ayudar a los empleados en zonas donde hay pocas opciones de vivienda asequible.
Ofrecer planes de ahorro y préstamos a los empleados al costo resulta valioso, ya que para la persona promedio en PNG el acceso al crédito y a otros servicios financieros es inexistente o muy caro. Muchas personas necesitan pedir dinero prestado para cubrir gastos imprevistos, como enfermedades y fallecimientos de familiares o costos escolares adicionales.
Muchas empresas consideran esencial ofrecer formación profesional y servicios de educación continua a sus empleados, ya que las deficiencias del sistema educativo dificultan encontrar suficientes trabajadores con competencias funcionales de lectura, escritura, cálculo y otros conocimientos.
Estos esfuerzos, junto con otras medidas que adoptan las empresas para ayudar a garantizar y proteger los derechos humanos fundamentales de sus trabajadores, no son simplemente decisiones para mejorar los resultados económicos, pero sí contribuyen a aumentar la productividad de los empleados y la estabilidad de la plantilla.
Esto, por supuesto, tiene un costo. Las empresas que participaron en el estudio dijeron que incurren en grandes gastos para gestionar los efectos de la delincuencia y la violencia, y que estos obstaculizan nuevas inversiones y la expansión. De las empresas que entrevistamos, la mayoría afirmó que la violencia y la situación del orden público en Papúa Nueva Guinea les impedían ofrecer nuevos bienes y servicios y expandirse a nuevas zonas, y que terminaban trasladando a los consumidores al menos una parte de los costos adicionales.
En última instancia, cuando faltan las garantías y protecciones de los derechos humanos o estas se ven menoscabadas, las consecuencias son de gran alcance y todos se ven afectados negativamente, incluidas las empresas. En Papúa Nueva Guinea, constatamos que las empresas desempeñan un papel destacado, encuentran soluciones innovadoras y cubren vacíos: algo que debe tenerse en cuenta al buscar soluciones a los problemas nacionales y mundiales de derechos humanos.
Esta publicación apareció originalmente en The World Bank East Asia & Pacific on the Rise Blog. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Carolyn Blacklock es representante residente de IFC en PNG desde 2010. Sadaf Lakhani es consultora del equipo de Cohesión Social y Prevención de la Violencia del Banco Mundial.
Imagen: Mujeres caminan junto a una valla en una calle de Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea. REUTERS/David Gray
