Lo único bueno –y lo único– del discurso de odio y de las #FakeNews es que han conseguido llevar el tema de la responsabilidad en línea al debate público. Aunque el escándalo de los datos de Facebook ha arrojado resultados nada sorprendentes, una cosa ha quedado absolutamente patente dos décadas después del inicio de la era de internet: exigir «responsabilidad» y «responsabilidad legal» en el espacio digital sí tiene sentido.
La gente parece mucho más dispuesta que antes a reconocer que quienes recorren la red son responsables de lo que hacen allí, ya sea el ciudadano particular o una plataforma en línea. Por fin se dan cuenta de que la «responsabilidad» es el requisito previo de lo que nos convierte en sociedad: la libertad dentro de los límites de la libertad.
Nada nuevo: la responsabilidad en el ámbito en línea es un tema complejo
La cuestión de quién debe responder de qué, dónde y cuándo en el ámbito en línea no es nueva en absoluto. Varios sectores empresariales, incluidas las industrias creativas, llevan lidiando con esta cuestión desde el cambio de siglo. Es un problema que afecta a todos los participantes del mundo digital y que toca un amplio espectro de derechos, incluidos el derecho a la privacidad, la propiedad y la integridad personal. Aunque llevamos más de dos décadas enfrentándonos a estos desafíos, solo ahora se está haciendo evidente que la cuestión de la responsabilidad legal va más allá de asuntos como la venta de productos falsificados, la publicidad en sitios ilegales e incluso la distribución ilegal de películas y música. Estos son solo algunos ejemplos de casos que hasta ahora mantienen ocupados a tribunales y fiscales.
Solo ahora hemos llegado por fin al punto en que la sociedad en su conjunto está preparada para debatir hasta qué punto el derecho penal y civil vigente puede y debe aplicarse en el ámbito digital. Hay que tener en cuenta que esto debe lograrse en un entorno que sigue basándose en gran medida en el anonimato; hacer cumplir la ley aquí no es precisamente fácil. Esto inspiró la bienintencionada Ley alemana de Aplicación de la Normativa en las Redes, puesta en marcha en enero de 2018.
Se necesita una asignación clara de funciones tanto para el individuo como para las plataformas
En Alemania, hemos visto varias sentencias de tribunales federales sobre el alcance de la responsabilidad en asuntos relacionados con la distribución ilegal de contenidos, así como con la distribución de contenidos ilegales. El alcance de la posible responsabilidad llega desde el registrador (es decir, el organismo responsable del registro de nombres de dominio de sitios web) hasta el alojador del sitio web y el proveedor de acceso a internet.
Al analizar estos casos, que involucran el acceso wifi gratuito y el alcance de la responsabilidad de los proveedores de acceso, queda de manifiesto que las normas necesitan aclaración. De hecho, incluso el acto de proporcionar un enlace a contenido ilegal plantea complejas cuestiones de rendición de cuentas. Por ejemplo, en recientes e importantes resoluciones, el Tribunal de Justicia Europeo determinó, por fin, que el notorio sitio Pirate Bay infringía directamente los derechos de autor al facilitar a los usuarios el acceso a obras y grabaciones protegidas, y dictaminó que la vinculación por parte de servicios comerciales a obras puestas a disposición sin el consentimiento de los titulares de derechos se presume infractora de los derechos de autor. Han hecho falta muchos años para lograr estas sentencias en los tribunales.
Como suele ocurrir en estos asuntos, los intermediarios que distribuyen el contenido en primer lugar no han estado dispuestos a asumir una responsabilidad clara. En cambio, señalan a las personas o entidades que comparten o suben el contenido en línea. La idea que subyace a este enfoque es que la persona o entidad debe asumir la responsabilidad legal y, preferiblemente, también ser procesada. Este enfoque implica el almacenamiento de datos de usuarios y, si es necesario, su transmisión en caso de investigación. Cuanto más se libere a los intermediarios de responsabilidad, aunque puedan actuar de forma intencionada asumiendo las consecuencias de sus actos, más se aprieta la soga alrededor del cuello de personas identificables en los procedimientos civiles de divulgación de datos y en las investigaciones policiales. Como mínimo, el dilema al que nos enfrentamos quedará claro cuando en una misma frase se hace referencia, por un lado, a la conservación de datos y, por otro, al tan proclamado «derecho al anonimato».
Una opinión no es un par de zapatillas falsificadas, pero...
Nuestro debate actual demuestra que la ambigüedad en materia de responsabilidad legal es inaceptable desde el punto de vista social y económico, tanto para las personas como para las plataformas en línea. Sin embargo, el debate en torno a la Ley alemana de Aplicación de la Normativa en las Redes también ilustra las complejidades que implica encontrar una solución. En el ámbito de la libertad de expresión, es especialmente importante que actuemos con cautela. Una opinión no es un par de zapatillas falsificadas, es decir, no es algo fácilmente identificable según determinadas características de marca. Una opinión tampoco es un archivo de datos; no es algo que pueda identificarse mediante una forma de huella digital. De hecho, aquí está en juego mucho más, a saber, la preservación de nuestra convivencia pacífica.
Si nuestro objetivo es desescalar el clima actual, el primer paso sería que todos los participantes en el ámbito digital reconocieran de forma fundamental la responsabilidad de sus actividades y comportamientos en línea. Debemos definir y delimitar con precisión los derechos y obligaciones legales de todos los participantes para que cada uno tenga una idea clara de a qué se enfrenta y qué papel desempeña en línea. Esto, por supuesto, abarcaría también las cuestiones de concesión de licencias, que constituyen el sustento financiero de los medios de comunicación y de las industrias creativas.
¿Sigue la mayor plataforma musical del mundo llamándose a sí misma «técnicamente neutral»? ¿De verdad?!
Por ejemplo, parece que YouTube, un servicio utilizado de forma gratuita por más de mil millones de usuarios y un organismo que analiza, selecciona y, en esencia, participa en la puesta a disposición del contenido subido a su sitio, sigue llamándose a sí mismo una plataforma «técnicamente neutral». Esta condición se basa en un conjunto de normas muy antiguo que permite a estos servicios eludir lo que de otro modo sería la obligación de obtener licencias periódicas.
Esto genera una distorsión del mercado, caracterizada por una «brecha de valor» que la industria musical viene señalando desde hace años. Por un lado, tenemos servicios de carga de contenido por parte de usuarios, como YouTube, que ponen a disposición de forma gratuita contenidos de propiedad de terceros; y no olvidemos que estamos hablando de contenidos en cuya producción estos servicios no invirtieron. Por otro lado, tenemos servicios de música como Spotify, Apple Music, Amazon y Deezer, entidades que deben pagar a los titulares de derechos las licencias comerciales habituales por el uso de su contenido musical. Una vez más, no olvidemos que se trata de contenido del que depende toda la industria para recuperar sus inversiones en el mercado; sin él, la industria se vería despojada, tarde o temprano, de la base misma de su sustento. Por ello, es aún más importante que apoyemos el enfoque impulsado por la Comisión Europea en el marco de la reforma del derecho de autor europeo, que busca dejar claro que determinadas plataformas deberían estar obligadas a celebrar acuerdos de licencia con los creadores y sus socios.
Definir y reconocer la responsabilidad es fundamental para garantizar el bienestar digital
Si queremos garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado de los mercados de contenidos digitales, es esencial que aclaremos estas cuestiones. Esto debe hacerse no solo a nivel nacional, sino también a nivel del mercado interior de la UE, por ejemplo, en interés del Mercado Único Digital de la UE. Cualquier otra vía solo conducirá a la erosión de las leyes vigentes y, por cierto, a una preeminencia indeseable de los términos y condiciones, que no beneficiará a los consumidores ni a la sociedad en general. Es importante evitar un debilitamiento del Estado de derecho, que debe incluir la capacidad de perseguir las infracciones tanto fuera como dentro de internet.
No obstante, de ningún modo se sugiere que debamos sobrerregular el ámbito digital. Por el contrario, nuestra máxima prioridad social debe ser aclarar cómo cabe esperar que interactúen entre sí los distintos participantes en línea. Esto debe preocupar a todos los participantes del ámbito digital, incluidas las plataformas, los titulares de derechos, los consumidores, las empresas, las startups y, por último, pero no menos importante, los ciudadanos.
