Las ciudades de los países en desarrollo afrontan un conjunto particular de desafíos en la lucha contra la COVID-19.
La inversión en atención primaria de salud es una de las mejores maneras de superar estas barreras.
Ampliar las capacidades sanitarias locales puede salvar recursos valiosos y vidas durante un período crítico.
La primera ola de la pandemia de COVID-19 puede estar remitiendo en algunas partes de Europa occidental, Asia oriental y América del Norte, pero está creciendo rápidamente en América Latina, África y Asia meridional. Los países de estas regiones de ingresos bajos y medios están experimentando un aumento vertiginoso de las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes. Debido a la falta de pruebas, es probable que las cifras reales sean significativamente más altas. El impacto de la COVID-19 depende no solo de la preparación nacional, sino también del grado de preparación de los estados y municipios. Lo que hagan a continuación las ciudades de Brasil, Nigeria o India no solo determinará la salud de sus residentes, sino también el destino de sus economías nacionales.
Ricas o pobres, todas las ciudades afrontan desafíos similares a medida que se propaga la COVID-19, en especial por la forma en que golpea a los barrios con servicios insuficientes. Muchas ciudades carecen de suficientes kits de pruebas, equipos de protección y material médico. Los hospitales, las clínicas y las UCI son limitados y están distribuidos de manera desigual. Las ciudades de los países en desarrollo soportan una triple carga, que incluye capacidades sanitarias reducidas, desigualdades socioeconómicas profundas y altos niveles de informalidad, que hacen prácticamente imposible cumplir —y mucho menos hacer cumplir— el distanciamiento físico, el confinamiento en el hogar y los toques de queda.
Ante el aumento de las tasas de letalidad y una crisis económica monumental, los gobiernos nacionales, estatales y municipales de contextos de ingresos bajos y medios necesitan con urgencia adoptar las medidas adecuadas en materia de políticas sanitarias. Las inversiones deben ser sumamente precisas, aplicarse rigurosamente y ser rentables, sobre todo porque las ciudades afrontan una caída de los ingresos y un aumento de los déficits. La atención primaria de salud cumple todos estos requisitos y probablemente sea la herramienta más eficaz y eficiente para contener la pandemia de COVID-19, así como futuros brotes de enfermedades infecciosas.
Las ciudades ofrecen la posibilidad de ampliar las intervenciones de atención primaria de salud. Para empezar, más del 80 % de los latinoamericanos ya vive en ciudades, una de las mayores concentraciones de población urbana del mundo. Las ciudades latinoamericanas también se encuentran entre las más desiguales: aproximadamente el 25 % de la población urbana de la región —más de 160 millones de personas— vive en barrios marginales densamente poblados. Además, la atención primaria de salud es responsabilidad de los municipios de toda la región y de muchas otras partes del mundo en desarrollo. Esto significa que las ciudades suelen contar con importantes recursos sanitarios, especialmente trabajadores de salud comunitarios. Estos pueden ayudar a compensar la cantidad limitada y la menor calidad de los centros de atención sanitaria.
Pensemos en los agentes comunitarios de salud que trabajan en nombre del programa nacional de Brasil Saúde da Família. Estos trabajadores suelen gozar de más confianza que otros funcionarios públicos en las comunidades donde trabajan, y la confianza es fundamental para difundir campañas sanitarias y convencer a la población local de que siga las directrices de salud pública. A menudo, los trabajadores de salud comunitarios son quienes están en mejores condiciones de visitar a pacientes difíciles de localizar, incluso en asentamientos informales. Los agentes de salud también están bien situados para combatir la desinformación que se propaga rápidamente en las redes sociales y los medios de comunicación. Precisamente por sus vínculos personales con las personas a las que atienden, sus palabras resultan más convincentes que un mensaje difundido por radio o WhatsApp.
Tanto en Brasil como en otros lugares, los agentes comunitarios de salud poseen conocimientos especializados sobre los barrios a los que prestan servicio. Esto los hace idóneos para adaptar las campañas sanitarias a las realidades locales. Por lo general, son los ojos y oídos del sistema municipal de salud: recopilan información sobre síntomas, evalúan a los residentes para determinar si deben hacerse pruebas y organizan el rastreo de contactos cuando es necesario. No solo ayudan a focalizar las pruebas y las medidas de aislamiento, sino que también reducen la carga de los proveedores de atención sanitaria, que ya están sobrecargados.
Las ciudades también pueden convertir activos infrautilizados y deteriorados en centros médicos funcionales de «baja intensidad». La rápida instalación de centros de pruebas, junto con la evaluación preliminar y el rastreo de contactos, puede reducir rápidamente la cantidad de kits de pruebas necesarios. Los centros de salud recién establecidos también pueden servir de puntos locales de acceso a la telemedicina y reducir aún más la carga de pacientes. Los hospitales y las clínicas que prestan atención no específica para la COVID-19 también pueden distribuir equipos de protección y mensajes positivos sobre salud, además de realizar pruebas cuando sea posible para evitar contagios asintomáticos.
Las ciudades pueden y suelen aprovechar sus vastos conjuntos de datos sanitarios, demográficos y socioeconómicos para orientar las respuestas de salud. Esto incluye cartografiar los «puntos críticos» vulnerables, especialmente los barrios con mayor concentración de personas mayores, migrantes, sin hogar y trabajadores informales. Muchas personas en riesgo sencillamente no pueden aislarse y son más vulnerables a la infección y a las enfermedades graves. Es esencial dirigir e intensificar la asignación de recursos a las zonas afectadas y a las poblaciones vulnerables para reducir las muertes. De este modo, las autoridades urbanas pueden evitar las cuarentenas generalizadas que generan desconfianza y malestar social.
En última instancia, las ciudades están en la primera y la última línea de defensa frente a esta pandemia y la próxima. En muchos casos, pueden acceder a datos y movilizarlos, y disponen de recursos físicos y humanos —en especial, proveedores de atención primaria de salud— que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Los responsables de la toma de decisiones nacionales y estatales con visión de futuro deben tomar nota y aprovechar la capacidad de sus municipios. Así pueden reducir la carga de los hospitales y de quienes responden primero a las emergencias. Esto no solo ahorrará recursos valiosos: salvará vidas.
