El impacto de la pandemia en las principales economías ha sido cuatro veces peor que el de la crisis financiera mundial de 2008.
El estímulo fiscal y monetario de los países más ricos ha empeorado la situación de los países de bajos ingresos, escribe Maximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Sostiene que toda intervención política debería tratar la lucha contra la COVID-19 como una guerra y a las economías más afectadas como zonas de conflicto.
El mundo aún no está lo bastante alarmado por el grado en que la pandemia de COVID-19 ha devastado la economía mundial. Seguimos a diario las cifras de infecciones y víctimas mortales. Pero no vemos la pérdida de empleos ni cómo se han trastocado vidas, especialmente en el mundo en desarrollo, donde la pandemia apenas ha suscitado una respuesta de salud pública.
Hasta ahora, el impacto de la pandemia en las principales economías ha sido cuatro veces peor que el de la crisis financiera mundial de 2008. En el segundo trimestre de 2020, el PIB de Estados Unidos cayó un 9,1 % respecto de los tres meses anteriores, muy por encima de la contracción trimestral del 2 % registrada en el mismo período de 2009. La economía de la eurozona tuvo un desempeño aún peor, con una contracción del 11,8 %. Mientras tanto, en muchos países en desarrollo quedaron arrasados sectores enteros de sus economías, como si estuvieran en guerra. Por eso, planificar, invertir y reconstruir exige adoptar una mentalidad de posguerra.
Es cierto que los gobiernos del G20 han gastado la enorme suma de 7,6 billones de dólares —y la cifra sigue creciendo— en estímulos fiscales, y los principales bancos centrales están inyectando dinero para reactivar la economía mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos está gastando 2,3 billones de dólares para apoyar a las empresas y los mercados financieros, una cifra muy superior a su paquete de rescate de 2008, de 700.000 millones de dólares. Estas medidas están ofreciendo un salvavidas a muchas personas, desde trabajadores de restaurantes despedidos hasta propietarios de pequeñas empresas, que ahora tienen acceso al seguro de desempleo y a programas de seguridad social.
Sin embargo, se habla menos de cómo el estímulo fiscal y monetario de los países más ricos ha empeorado la situación de los países de bajos ingresos. Incluso antes de la pandemia, gran parte del mundo en desarrollo ya afrontaba una deuda sin precedentes, un crecimiento débil y desafíos relacionados con el clima. Como consecuencia, la ciudadanía contaba con pocas redes de protección cuando las cosas se complicaban.
Hoy, la flexibilización de las políticas en las economías avanzadas está haciendo que se aprecien las monedas de los países en desarrollo, lo que reduce la competitividad de sus exportaciones y la inversión extranjera, y provoca inflación e inestabilidad económica. Los países pobres dependen en gran medida de la economía informal, las exportaciones de materias primas, el turismo y las remesas, sectores que la pandemia ha golpeado con fuerza. Junto con el desplome de los precios del petróleo, los paquetes de estímulo de las economías avanzadas han dejado a países como Ecuador y Nigeria luchando por sobrevivir económicamente.
Las políticas de los países ricos también contribuyen al alza de los precios de los alimentos en los países pobres. Mientras los supermercados del mundo desarrollado tienen sus estantes bien abastecidos de alimentos asequibles, casi 700 millones de personas en todo el mundo ya padecían hambre crónica antes de la pandemia, y ahora más de 130 millones podrían sumarse a ellas como consecuencia de la COVID-19. En países como Uganda, el precio de los alimentos básicos ha subido un 15 % desde marzo. La gente afirma que consume menos, comidas menos variadas y menos saludables, una receta para futuras enfermedades.
Por lo general, las personas pobres de los países de bajos ingresos no pueden trabajar desde casa; y si no trabajan, no comen. En amplias zonas del mundo en desarrollo, la realidad, aunque poco divulgada, es que el impacto económico del coronavirus es mucho más devastador que el propio virus.
Basta considerar que, en solo seis meses, la pandemia ha borrado una década de avances en la reducción de la pobreza. Entre 1990 y 2017, el número de personas en situación de pobreza extrema en todo el mundo descendió de casi 2.000 millones a 689 millones. Pero, debido a la COVID-19, la cifra vuelve a aumentar por primera vez desde 1998. Más de 140 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema este año; Asia meridional y África son las regiones más afectadas.
Bastaría con apenas el 3 % de lo que los países del G20 han gastado hasta ahora en sus paquetes de estímulo por la COVID-19 para evitar estos sombríos escenarios. Un impuesto humanitario voluntario de pago único, recaudado por los países del G20 y que generara 230.000 millones de dólares, podría mejorar la infraestructura y la tecnología de las comunicaciones para alimentar a la población rural que pasa hambre. Por ejemplo, una inversión anual de 10.000 millones de dólares durante diez años para construir mejores carreteras e instalaciones de almacenamiento podría reducir la pérdida de alimentos para 34 millones de personas. Del mismo modo, una inversión de 26.000 millones de dólares podría ampliar el acceso a teléfonos móviles para casi 30 millones de habitantes rurales y permitirles aumentar sus ingresos gracias al acceso a información sobre los precios de los cultivos y los pronósticos meteorológicos.
La ayuda exterior es una inversión inteligente, pero ahora escasea la voluntad política. Estados Unidos, con mucha diferencia el mayor donante de programas mundiales de salud y desarrollo, está destinando decenas de miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas para garantizar una vacuna contra la COVID-19 únicamente a sus ciudadanos, mientras otros países unen fuerzas para ampliar el acceso mundial a las vacunas. Este año, el Reino Unido recortó su presupuesto de ayuda en 2.900 millones de libras (3.900 millones de dólares) y ha fusionado su agencia de desarrollo con su Ministerio de Asuntos Exteriores. Esos enfoques son cortoplacistas.
En cambio, en 2003 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, puso en marcha el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, con el fin de proporcionar medicamentos antirretrovirales a las personas con VIH/sida en África. Con un gasto acumulado de 85.000 millones de dólares, el programa ha salvado hasta ahora alrededor de 18 millones de vidas. Además, ha reforzado la infraestructura sanitaria general en países como Botsuana, lo que sin duda está ayudando al país a combatir la COVID-19 en la actualidad.
Del mismo modo, la economía mundial prosperó tras la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos ayudó a recuperar la Europa occidental devastada por la guerra mediante el Plan Marshall. Hoy nos enfrentamos a una situación comparable. Toda intervención política debería tratar la lucha contra la COVID-19 como una guerra y a las economías más afectadas como zonas de conflicto. El mundo debe comprender la magnitud total de la devastación y el desafío de la reconstrucción.
