Cuatro exlíderes de países de América Central y del Sur han advertido sobre los efectos devastadores que el coronavirus podría tener en la región.
Instan a los gobiernos de América Latina y el Caribe a responder con eficiencia y eficacia. Si no lo hacen, podría producirse uno de los episodios más trágicos de la historia de la región, afirman.
La pandemia de COVID-19 es una conmoción de magnitud sin precedentes y duración incierta. Sus consecuencias han sido catastróficas. Si no se aborda adecuadamente, la crisis podría provocar uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina.
Hasta ahora, las respuestas políticas en nuestra región han sido desiguales. Varios gobiernos reaccionaron con prontitud y convirtieron la protección de la salud pública en su objetivo principal. Lamentablemente, otros minimizaron los riesgos de la pandemia, desinformaron a la ciudadanía e hicieron caso omiso tanto de las pruebas científicas como de las recomendaciones de sus propios expertos. Esos líderes optaron por impulsar políticas populistas y divisivas en medio de la tragedia.
Reducir al mínimo el número de muertes por la pandemia debe ser la máxima prioridad de América Latina. Los responsables de formular políticas deben centrarse en mejorar los sistemas de salud, canalizar recursos hacia los hospitales, adaptar temporalmente infraestructura inactiva, como hoteles y centros de convenciones, y aumentar considerablemente la capacidad de realizar pruebas.
Los líderes latinoamericanos también deberían condenar los controles a la exportación de suministros médicos y otros recursos esenciales, y exigir más recursos para la Organización Mundial de la Salud, en contra de la imprudente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar unos 500 millones de dólares de financiación para la OMS. Se necesita una coordinación mundial más estrecha entre las autoridades sanitarias para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar un tratamiento y una vacuna, la solución definitiva a la pandemia.
La conmoción económica es enorme. Además de la interrupción de la producción nacional, las economías latinoamericanas sufren la caída del volumen y los precios de las exportaciones, la pérdida de ingresos por turismo y remesas, y grandes salidas de capital. La conmoción de la oferta en gran parte de la economía, sumada al desplome de la demanda, podría desencadenar una espiral contractiva.
Para evitarlo, son esenciales políticas audaces que protejan los ingresos de los hogares. Esto implica transferencias de efectivo a quienes han quedado en situación vulnerable por la crisis, incluidos los trabajadores informales e independientes que no pueden acceder a subsidios de empleo ni al seguro de desempleo.
También es indispensable brindar apoyo a las empresas. Los subsidios para ayudar a las empresas a pagar sus nóminas, condicionados al mantenimiento del empleo, protegen tanto a las compañías como a los trabajadores durante la crisis y son cruciales para una recuperación económica rápida cuando las condiciones se normalicen.
Si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la pandemia podría ser el sistema bancario. En ese punto, el sistema de pagos —y, de hecho, economías enteras— corre el riesgo de colapsar.
Muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, sufrirán pérdidas considerables de ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez pronto se convertirá en un problema de solvencia. Los aplazamientos de impuestos, las refinanciaciones de préstamos y el crédito subvencionado no serán suficientes.
Esta emergencia exige garantías de crédito gubernamentales sin precedentes para asegurar que los bancos sigan concediendo préstamos, así como cambios regulatorios temporales que fomenten la expansión del crédito. Los bancos estatales bien capitalizados y bien gestionados también pueden desempeñar un papel destacado.
En términos más generales, aunque las políticas variarán de un país a otro, probablemente se necesitarán recursos fiscales extraordinarios para impulsar la recuperación en todas partes. Los gobiernos tendrán que estimular el empleo y la actividad económica sin agravar los riesgos relacionados con la salud.
El problema es que el margen de maniobra para aplicar políticas en América Latina es hoy aún más reducido que después de la crisis financiera mundial de 2008. Los costos fiscales deberían compensarse con ajustes presupuestarios en áreas de baja prioridad. El compromiso de los gobiernos de corregir el mayor déficit fiscal resultante en un plazo razonable reduciría el riesgo de una rebaja de la calificación crediticia.
El apoyo externo tanto para las cuentas fiscales como para la balanza de pagos es crucial, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto las empresas privadas como los gobiernos incurren en déficits mayores, es probable que también aumenten los déficits por cuenta corriente de los países. Las recientes salidas de capital de las economías emergentes —una de las mayores reversiones de flujos de capital en la historia moderna de los mercados financieros— agravan el problema.
La depreciación asociada de las monedas de los mercados emergentes puede ser una fuerza desestabilizadora. Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a estas conmociones acumuladas.
El Fondo Monetario Internacional tiene un papel esencial que desempeñar. El FMI debe atender las necesidades cambiarias y fiscales a corto plazo de los países y seguir apoyando a las economías durante una crisis cuya duración sigue siendo muy incierta. El Fondo necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían unirse para pedir una nueva emisión de la moneda de reserva mundial del FMI, los Derechos Especiales de Giro, por un total de 1 billón de DEG.
Aunque los DEG se asignan a los países miembros según sus cuotas en el FMI, podría lograrse una asignación no proporcional mediante la creación de un fondo común supervisado por el Fondo. Además, duplicar de inmediato los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos daría al FMI la capacidad necesaria para atender la inminente y urgente demanda de préstamos. Por último, dado que los programas tradicionales de préstamos del FMI no se aprobarán a tiempo, el Fondo debería ampliar considerablemente el acceso a instrumentos de desembolso rápido y baja condicionalidad, como su Instrumento de Financiamiento Rápido, o crear nuevos mecanismos de crédito para pandemias.
Los principales bancos centrales emisores de monedas de reserva pueden ayudar ampliando el acceso a líneas de swap, ya sea directamente o de manera indirecta, a través del FMI o del Banco de Pagos Internacionales como intermediarios de la liquidez de los bancos centrales. A nivel nacional, los bancos centrales deberían utilizar todos los instrumentos a su alcance, innovando cuando sea necesario, para proporcionar amplia liquidez a los mercados financieros y a la economía.
Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF —Banco de Desarrollo de América Latina—, deberían duplicar el volumen de préstamos netos a la región y recurrir a los mercados mundiales de capital altamente líquidos para proporcionar más apoyo presupuestario. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados, una suspensión temporal del pago de la deuda podría complementar los préstamos oficiales.
Los BMD también deberían proporcionar a los países directrices sobre las diversas áreas de política que intervienen en la respuesta a la crisis, incluidas sus propias estimaciones de las tasas de morbilidad y mortalidad por COVID-19, especialmente en países cuyos gobiernos están restando importancia a la amenaza para la salud. El tiempo apremia.
El desafío que plantea esta pandemia no tiene precedentes en la historia reciente. El mundo y la región de América Latina y el Caribe no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la transparencia y la razón —no el populismo ni la demagogia— siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis no puede ser una excusa para debilitar los derechos que tanto nos ha costado conquistar. Al contrario, debería convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia en América Latina y demostrar que puede dar resultados para la ciudadanía.
