Varios países han aprobado leyes de emergencia que otorgan al Estado la facultad de detener y aislar a las personas sospechosas de tener coronavirus.
Pero ¿cómo afecta eso al derecho a la libertad y a la privacidad?
El aislamiento se considera uno de los pilares fundamentales de la estrategia para contener el nuevo coronavirus. Sin embargo, existe una importante cuestión jurídica sobre si el aislamiento —en casa o en un hospital— es obligatorio y cuáles podrían ser las consecuencias para quienes se nieguen a cumplir las medidas de aislamiento.
En Inglaterra, el 10 de febrero el Gobierno dio una respuesta contundente al aprobar una nueva ley específica para abordar el brote de coronavirus. Esta legislación de emergencia permite ahora la detención legal de cualquier persona de la que se sospeche razonablemente que representa un riesgo de contagiar a otras personas con la enfermedad.
Se puede detener a las personas para someterlas a pruebas de detección del virus, incluida la recopilación de información personal sobre su salud y de muestras biológicas, así como para aislarlas de otras personas. El secretario de Estado de Salud o un funcionario gubernamental de salud puede autorizar la detención por un periodo de entre 24 horas y 14 días, con la posibilidad de prorrogarla para realizar un seguimiento.
En una medida sin precedentes, la ley también crea nuevos delitos para quienes no acaten las órdenes de detención, escapen de un lugar de aislamiento, proporcionen información falsa o engañosa u obstaculicen el trabajo de los funcionarios de salud pública. La policía está ahora facultada para emplear la fuerza razonable a fin de hacer cumplir estas normas en aras de la seguridad pública.
Draconianas e invasivas
Conviene señalar varios puntos importantes sobre las facultades para detener y aislar. En primer lugar, Inglaterra no es el único país que ha adoptado estas medidas. Se han aplicado facultades similares en Estados Unidos, Canadá y Australia.
En segundo lugar, estas facultades se consideran una medida preventiva. En primera instancia, se anima a las personas a cumplir voluntariamente cualquier recomendación de salud pública.
En tercer lugar, estas facultades solo se utilizarán cuando sean «necesarias y proporcionales» a los riesgos de transmisión generalizada del virus en todo el país. Esto significa que, si el riesgo de brote disminuye oficialmente o, por el contrario, el virus se propaga a un número mucho mayor de personas, las facultades dejarían de ser necesarias.
Sin embargo, toda facultad que permita detener obligatoriamente a las personas y exigirles que compartan información sobre su salud interfiere con los derechos humanos más básicos: el derecho a la libertad y el derecho a la privacidad.
Ninguno de estos derechos es absoluto, en el sentido de que se reconocen excepciones legales, entre ellas la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas y la protección de la salud pública. Sin embargo, las medidas estatales que interfieran con estos derechos deben aplicarse con estricto apego a la ley, de forma transparente y de manera necesaria y proporcionada para alcanzar los objetivos de esas leyes. Además, quienes estén sujetos a restricciones deben tener derecho a apelar para impugnar su detención.
En principio, las nuevas leyes de Inglaterra respetan estas condiciones. En la práctica, la aplicación de las restricciones debe obedecer a dos imperativos. En primer lugar, el ejercicio de estas facultades debe basarse en las mejores pruebas científicas disponibles. Esto exige una estrecha colaboración con expertos nacionales e internacionales en salud pública para comprender plenamente factores como el periodo de incubación del virus, los riesgos conocidos de transmisión y la forma de gestionar eficazmente el tratamiento del propio virus.
En segundo lugar, deben respetarse los derechos y el bienestar de las personas detenidas. Esto incluye mantener canales de comunicación claros, escuchar sus preocupaciones y dar siempre preferencia a las medidas menos restrictivas necesarias para controlar el riesgo de transmisión. También significa reconocer que las personas detenidas son inherentemente vulnerables, tanto desde el punto de vista médico como ante las repercusiones sociales y emocionales de ser identificadas como un posible riesgo para la salud pública.
El Gobierno ha puesto a disposición facultades que, por su naturaleza, se encuentran entre las medidas más draconianas e invasivas que un Estado puede adoptar contra sus ciudadanos. Es fundamental que quienes ejerzan facultades coercitivas sopesen con sensibilidad los intereses de la mayoría frente a los derechos de la minoría.
Lo que ocurra a continuación en la gestión estatal del coronavirus es crucial, tanto para contener una epidemia perjudicial como para establecer normas de derechos humanos en materia de salud pública que podrían perdurar mucho tiempo.
