Ante una profunda recesión, los gobiernos de todo el mundo están considerando el uso de pasaportes de inmunidad para permitir que regrese cierto grado de normalidad.
Chile podría ser uno de los primeros países en poner en marcha un sistema de este tipo.
Pero la idea está resultando controvertida.
Las pruebas imprecisas e insuficientes podrían obstaculizar la capacidad de monitorear la inmunidad.
Semanas después del confinamiento y con indicadores económicos que anuncian una profunda recesión mundial, los gobiernos de todo el mundo buscan formas de reactivar sus países. Sin embargo, salir de un estado de aislamiento podría correr el riesgo de provocar un segundo repunte de infecciones por coronavirus, a medida que las personas vuelvan a relacionarse.
Entre las medidas que están considerando gobiernos como los de Chile, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos figuran los pasaportes de inmunidad – una forma de documentación que se entrega a quienes se han recuperado de la COVID-19.
En Chile, que parece ser el primer país que pondrá en marcha un sistema de este tipo, el llamado “certificado de liberación” liberaría a sus titulares de todo tipo de cuarentena o restricción, declaró el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, en abril.
¿Liberación prematura?
Pero la idea ha resultado polémica, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra entre quienes han expresado críticas. La raíz de la preocupación para muchos es el grado desconocido en que una infección pasada confiere inmunidad futura. Hasta que no se comprenda si las personas pueden volver a infectarse con la enfermedad y cuánto dura cualquier inmunidad, la medida podría ser prematura.
En el caso de Chile, el certificado caducará tres meses después de que una persona infectada confirmada se haya recuperado. Después de este momento, se considerará que tiene el mismo riesgo de infección que cualquier otra persona. El gobierno espera que los certificados animen a las personas diagnosticadas a informar de los resultados al ministerio de salud.
La OMS también plantea dudas sobre la validez de los resultados de algunas de las pruebas disponibles en el mercado, que, según afirma, no son lo suficientemente sensibles ni precisas.
Los falsos positivos podrían llevar a las personas a creer que están a salvo de una infección futura, a pesar de nunca haber tenido la enfermedad. Los falsos negativos también podrían significar que las personas infectadas no se aíslen. La OMS advierte que los certificados de inmunidad podrían, de hecho, suponer un riesgo de transmisión continuada del virus y llevar a las personas a ignorar las recomendaciones de salud pública.
Esto podría ser motivo de especial preocupación, dado que varios estudios recientes han demostrado que una población comparativamente pequeña se ha infectado hasta ahora, por lo que la gran mayoría sigue siendo vulnerable. Muchos países también están sucumbiendo al peso de la cantidad de pruebas necesarias.
Asignar un valor a la recuperación
Algunos expertos consideran que imponer restricciones de dos niveles sobre quién puede y quién no puede socializar o acudir al trabajo también plantea problemas legales y prácticos, y que podría tener el efecto adverso de incentivar a las personas a buscar la infección para evitar ser excluidas.
Y, como tal, las desigualdades existentes podrían empeorar. Sobre todo la brecha económica, que podría agravarse por el hecho de que algunas personas sean excluidas del trabajo mientras que otras no lo son.
“Al replicar las desigualdades existentes, el uso de pasaportes de inmunidad agravaría el daño causado por la COVID-19 a las poblaciones ya vulnerables,” escribe Alexandra Phelan, miembro del Centro de Ciencias de la Salud Mundial y Seguridad de la Universidad de Georgetown, en The Lancet. Por ello, afirma, serían un caldo de cultivo para la corrupción.
Phelan también afirma que los pasaportes de inmunidad podrían correr el riesgo de ofrecer a algunos gobiernos una “aparente solución rápida” que podría llevarles a no adoptar políticas económicas para proteger la salud y el bienestar.
Junto con los avances en vacunas y la creación de la infraestructura para distribuirlas, muchos consideran que la inversión en pruebas y rastreo es clave para limitar la propagación del virus. La Organización Internacional del Trabajo se encuentra entre los organismos que afirman que esto podría desempeñar un papel eficaz para que las personas vuelvan al trabajo.
