Como ha demostrado la pandemia de COVID-19, el desarrollo de nuevas vacunas desempeña un papel fundamental en la gestión de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, existen profundas desigualdades en el acceso y la disponibilidad de las vacunas en todo el mundo.
Por eso, algunas personas critican las patentes y la titularidad de las vacunas. Aunque son necesarias para crear incentivos a la innovación, también pueden limitar el acceso inclusivo en todo el mundo.
Por consiguiente, las políticas nacionales y la colaboración internacional deben fomentar la innovación y, al mismo tiempo, no vulnerar el acceso a la tecnología para las innovaciones posteriores ni la accesibilidad de las vacunas.
En la búsqueda de una vida larga y plena, el desarrollo de nuevas vacunas desempeña un papel fundamental en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en la respuesta a los desafíos de la salud pública y la bioética global. La cuestión de las patentes y los derechos de titularidad ha cobrado relevancia en el debate internacional debido a las profundas desigualdades en la disponibilidad y el acceso a las vacunas entre distintos países.
Datos de Oxfam Internacional revelan que, en mayo de 2021, las personas de los países del G7 tenían 77 veces más probabilidades de vacunarse que las personas de las naciones más pobres del mundo. Cerca del 28 % de las 1.77 mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas en todo el mundo hasta mayo de 2021 se suministraron en los países del G7. La proporción de los países de ingresos bajos se mantuvo en un exiguo 0.3 % del total de vacunaciones.
¿Qué impacto tienen las patentes y los derechos de titularidad en la economía?
Los bienes públicos suelen dar lugar al llamado problema del polizón, en el que quienes se benefician de ellos no pagan o pagan menos de lo que corresponde por usarlos. Esto deja pocos incentivos para que los productores innoven y los produzcan. Quienes apoyan los derechos de patente creen que las patentes contribuyen al crecimiento económico al hacer rentables las invenciones y prevenir las infracciones. Además, las farmacéuticas son empresas que operan con ánimo de lucro, por lo que no cabe esperar que actúen de forma completamente altruista.
A pesar de ello, quienes poseen patentes ya tienen un fuerte incentivo para innovar y aumentar la producción, como demuestra la importancia de sus innovaciones ante marcos regulatorios y de licencias complejos, la falta del capital y los conocimientos tecnológicos necesarios, y una demanda que supera la oferta.
¿Hasta qué punto son éticos los derechos de titularidad y las patentes?
Se vulneran los principios éticos de no maleficencia y justicia si los países desarrollados impiden que otros países accedan a las vacunas. Los derechos fundamentales a la vida y la libertad son derechos humanos básicos y deben prevalecer sobre los derechos de titularidad y propiedad, especialmente en situaciones de emergencia y crisis. Una gran parte de la financiación procede del sector público, pero no se tiene en cuenta al conceder patentes por un período determinado. Estos gastos no se contabilizan al otorgar a las empresas derechos de titularidad.
A raíz de la COVID-19, varias empresas se unieron a The Open COVID Pledge que concede una «licencia no exclusiva y libre de regalías» y establece un marco abierto en el que quienes poseen patentes pueden comprometerse voluntariamente a no hacer valer sus derechos de fabricación, uso, venta, reproducción e importación del producto. Sin embargo, dada su naturaleza voluntaria, no puede considerarse una solución a largo plazo.
El IBC (Comité Internacional de Bioética de la UNESCO) y la COMEST (Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO) promueven el acceso a la atención sanitaria universal mediante la coordinación internacional basada en la igualdad, la justicia y la solidaridad. Apoyan COVAX, una iniciativa liderada por la OMS, GAVI y CEPI.
¿Qué papel desempeñan los países en los mercados de vacunas?
Existen varios mecanismos que regulan las patentes y los derechos de titularidad a escala nacional e internacional.
Para prevenir los abusos de los derechos de patente, el acuerdo sobre las licencias obligatorias fue introducido por el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) Sin embargo, como la normativa sobre licencias obligatorias se limita a las jurisdicciones territoriales, puede restringir el acceso mundial a vacunas y medicamentos. Muchos países han incorporado las licencias obligatorias a su legislación nacional, pero grandes economías como Estados Unidos y China carecen de una ley de este tipo.
Los gobiernos nacionales desempeñan un papel fundamental en la promoción del desarrollo de vacunas dentro de sus países. Por ejemplo, el Consejo Indio de Investigación Médica proporciona una financiación considerable para el desarrollo de vacunas en India. Es muy importante que el Estado financie la investigación y la innovación, por ejemplo, mediante subvenciones a académicos, la construcción de infraestructuras de investigación de última generación y el aumento de la inversión pública en el desarrollo y la innovación de vacunas.
Sin embargo, el aumento de la inversión extranjera y la financiación de capital riesgo lleva a las farmacéuticas a buscar mercados rentables en el exterior. En los últimos 15 años, los pequeños fabricantes han registrado un crecimiento extraordinario en el desarrollo de vacunas, mientras que el crecimiento se ha estancado en programas similares de las multinacionales. Por ejemplo, el Serum Institute of India desarrolló una vacuna contra la meningitis para África (con ayuda de la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) y PATH). En este contexto, los gobiernos pueden comprometerse a comprar las vacunas a los fabricantes por adelantado, orientando así la investigación hacia objetivos más específicos y proyectos de investigación adecuados.
Lograr la equidad en el acceso a las vacunas mediante la colaboración internacional y las políticas nacionales
En las emergencias de salud pública, la financiación directa de los gobiernos, como la iniciativa Operation Warp Speed en Estados Unidos, propició el rápido desarrollo y la distribución de las vacunas contra la COVID-19 al garantizar beneficios razonables a las farmacéuticas.
Para contrarrestar los efectos de los precios monopolísticos de las vacunas, estas podrían comprarse a escala internacional (por ejemplo, por la ONU o el Banco Mundial) para los países en desarrollo a un precio único, y luego cobrar a esos países según sus niveles de ingresos.
Consorcios de patentes pueden mejorar el acceso a las vacunas al coordinar las actuaciones de quienes poseen patentes complementarias y reducir el número de licencias de patente, mientras que los precios de referencia pueden ser utilizados por los gobiernos para reducir los precios de los medicamentos y las vacunas, tanto de marca como genéricos.
La mayoría de los países tienen leyes nacionales de patentes que regulan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. También existen otras leyes, como la Ley de Competencia de 2002 (India), que pueden utilizarse para determinar si el precio elevado o la disponibilidad insuficiente de un medicamento se debe a prácticas contrarias a la competencia o al «abuso de posición dominante».
Otra forma de incentivo puede ser una recompensa económica del gobierno por desarrollar una nueva vacuna que se ponga a disposición del público de forma gratuita o a un coste mínimo.
Por qué deben mantenerse las patentes
Es cierto que las patentes pueden restringir la disponibilidad de vacunas en los países en desarrollo, pero otros factores, como la transferencia de tecnología o la financiación de las farmacéuticas por parte de los países desarrollados, pueden abordar en gran medida el problema de la fabricación y distribución de vacunas y, a la vez, superar los efectos negativos de las exenciones de patentes.
Las leyes nacionales de patentes y los convenios internacionales deben fomentar la innovación y, al mismo tiempo, no vulnerar el acceso a la tecnología para las innovaciones posteriores ni la accesibilidad de las vacunas. No deben considerarse políticas gubernamentales independientes, sino complementarias entre sí, y su aplicación debe variar según la situación de la salud pública de cada país.
